Organizaciones de Derechos Humanos en Kenia han llevado ante la Justicia a la cúpula policial del país, a la que señalan por permitir una ola de violencia política de cara a las elecciones de 2027. Estas entidades aprovechan la denuncia para subrayar un uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes, que habría provocado la muerte de al menos 46 personas a manos de las fuerzas de seguridad durante los siete primeros meses del año.
Entre los altos cargos señalados figuran el director general del Servicio Nacional de Inteligencia, Noordin Mohamed Haji; el inspector general de la Policía, Douglas Kanja; el secretario del Gabinete de Interior y Administración Nacional, Onesimus Murkomen, y la fiscal general, Dorcas Oduor.
La acción legal ha sido registrada, entre otros, por la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, cuyo último informe, difundido también este miércoles, recoge este recuento preliminar de fallecidos en operaciones de las fuerzas de seguridad entre enero y julio. Se suman a la demanda tres ciudadanos, Kwamchetsi Makokha, Mary Kambo y Elphas Osoro, que aseguran haber sufrido violencia política.
El informe de la comisión, citado por el diario Daily Nation, detalla que Nairobi concentra el mayor volumen de episodios de este tipo: 106 casos, lo que representa un 43,8 % de los 242 incidentes examinados.
Las organizaciones y particulares implicados responsabilizan a los altos cargos de “permitir que continúe la violencia contra reuniones políticas, cívicas y religiosas a pesar de las repetidas advertencias de altos líderes gubernamentales”, según recoge la Comisión en su página web. El texto denuncia “repetidos ataques perpetrados desde principios de 2025 por grupos armados, a menudo denominados 'matones', que han interrumpido conferencias de prensa, foros cívicos, servicios religiosos y reuniones políticas” mientras la Policía se mantiene inactiva.
Entre los sucesos destacados figura el asalto del 6 de julio de 2025 contra las oficinas de la comisión en Nairobi, cuando individuos armados irrumpieron en una comparecencia de madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Durante el ataque se agredió o intimidó a periodistas y asistentes, y se sustrajeron equipos electrónicos. Pese a disponer de grabaciones de las cámaras de seguridad y haber presentado una denuncia formal, los demandantes sostienen que no se ha detenido ni procesado a nadie.
La demanda también alude al ataque del 12 de junio de 2026 contra un foro público en la Catedral de Todos los Santos de Nairobi, así como a los hechos violentos del 16 de agosto de 2026 en Homa Bay, donde hubo víctimas mortales, vehículos incendiados y agresiones a periodistas.
Según el escrito, estos episodios “son evidencia de violencia deliberada, financiada y recurrente, representan una violencia sin freno que “amenaza los derechos constitucionales de los kenianos y socava las perspectivas de unas elecciones generales libres, justas y pacíficas en 2027”.
La petición reclama al Tribunal Supremo que declare que la violencia organizada, junto con la falta de actuación del Estado para prevenirla, investigarla y juzgarla, vulnera los derechos constitucionales. Los denunciantes piden que se ordene a la Policía y a los servicios de inteligencia investigar los ataques, identificar las redes de financiación y reclutamiento, conservar las pruebas y presentar sus conclusiones ante el tribunal.