Rubio arremete contra los jueces “chiflados” del TPI y descarta que puedan acusar al presidente de EE.UU.

Marco Rubio intensifica sus ataques al TPI, al que tilda de “locos y chiflados”, y asegura que Estados Unidos jamás aceptará su jurisdicción.

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Imagen de archivo del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha vuelto a lanzar duras críticas este jueves contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), al que ha descrito de nuevo como integrado por “locos y chiflados”, subrayando que Washington no aceptará en ningún caso su autoridad.

“Llevamos mucho tiempo en conflicto con ellos. Hay locos y chiflados en el TPI que hablan de acusar a miembros del Ejército estadounidense, quizá incluso al presidente o a un futuro presidente, de delitos. Eso no va a suceder”, ha incidido en declaraciones desde Manila, donde se ha reunido con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En la misma línea, ha reiterado que Estados Unidos no permitirá que el tribunal actúe contra sus ciudadanos y ha remarcado que el país no reconoce su competencia. “Simplemente no va a suceder. No somos miembros de ese tribunal. Nunca firmamos ese tratado y tienen que entenderlo”, ha indicado, aludiendo al Estatuto de Roma, el texto fundacional del TPI, que fue suscrito en su día por el entonces presidente Bill Clinton en las últimas horas de su mandato y posteriormente revocado por George Bush.

Rubio ha insistido en que Estados Unidos no se incorporará a la corte “ni va a aplicar su jurisdicción a los estadounidenses”. “No lo vamos a tolerar ni ahora ni en el futuro, y se lo hemos advertido en repetidas ocasiones. Ahora van a ver las consecuencias”, ha señalado, recalcando que cualquier país que desee formar parte de esta “estúpida” organización “que lo haga”, pero dejando claro que Washington se desmarca de sus decisiones y resoluciones.

Con estas declaraciones, el responsable estadounidense refuerza la campaña de presiones de Washington contra el tribunal con sede en La Haya, al que acusa de “amenazar” la soberanía nacional y frente al que estudia distintas medidas de respuesta, entre ellas la imposición de sanciones.

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