Quién es Saif Abukeshek, el activista español detenido por Israel en la Flotilla a Gaza

Estado parlamentario de la regulación española sobre la protección de activistas en el extranjero

Actualmente, la protección de activistas en el extranjero está siendo abordada en el Congreso de los Diputados a través de dos proposiciones de Ley Orgánica con vocación regulatoria. La primera, impulsada por el Grupo Parlamentario Sumar, busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para reforzar la jurisdicción universal y la protección de los derechos humanos, permitiendo que personas perseguidas por su activismo fuera de España puedan contar con garantías judiciales en territorio español. La segunda, presentada por el Grupo Socialista, pretende proteger a activistas y organizaciones frente al acoso judicial abusivo, incluyendo reformas en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ambas iniciativas están en fase de tramitación parlamentaria y, de aprobarse, modificarían el marco jurídico español en materia de protección de activistas.

1. Proposición de Ley Orgánica sobre jurisdicción universal y protección de derechos humanos

La Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, presentada por el Grupo Parlamentario Sumar, fue publicada el 3 de septiembre de 2024. Esta iniciativa ya ha superado el periodo de enmiendas y fue votada favorablemente en el Pleno del Congreso el 20 de febrero de 2024 (178 votos a favor, 168 en contra). Actualmente, está pendiente de los siguientes trámites parlamentarios, como el dictamen definitivo y su posible remisión al Pleno para aprobación final. Su objetivo es reforzar la jurisdicción universal y ofrecer protección judicial en España a personas perseguidas por su activismo en el extranjero. Puedes consultar el texto completo aquí: Ver documento PDF.

2. Proposición de Ley Orgánica contra el acoso judicial abusivo

La Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y liderada por Patxi López, fue publicada el 21 de enero de 2025 y admitida a trámite el 8 de marzo de 2025. Actualmente, está pendiente de ser incluida en el orden del día del Pleno para su debate y votación. Esta iniciativa propone la derogación del artículo 525 del Código Penal y reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar el uso abusivo de procesos judiciales contra activistas, creadores y organizaciones de la sociedad civil. Puedes consultar el texto completo aquí: Ver documento PDF.

Observaciones adicionales

Ambas iniciativas son de carácter legislativo y, de aprobarse, tendrían fuerza de ley. No se han identificado, en las fuentes consultadas, iniciativas no vinculantes (como proposiciones no de ley, mociones o preguntas) que aborden específicamente la protección de activistas en el extranjero. Estas propuestas reflejan la preocupación creciente del Parlamento español por garantizar la seguridad y los derechos de quienes ejercen activismo y defensa de derechos humanos, tanto dentro como fuera de España.

Competencias del Gobierno español en asistencia consular y protección de nacionales detenidos en el extranjero

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC), tiene la competencia exclusiva para prestar asistencia consular y proteger a los nacionales españoles detenidos en el extranjero. Esta labor se fundamenta en la Constitución Española, la Ley del Servicio Exterior y el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, y se articula principalmente a través de embajadas y consulados. España puede asistir, informar y mediar en favor de sus ciudadanos, pero no puede interferir en la soberanía judicial del país de detención ni eximir a los detenidos de la legislación local.

Marco jurídico

La base legal de estas competencias se encuentra en varios instrumentos:

• Constitución Española: El artículo 13.2 reconoce el derecho de los españoles a la protección de sus autoridades en el extranjero, y el artículo 149.1.3 atribuye al Estado la competencia exclusiva en relaciones internacionales.
• Ley 23/2014, de 20 de noviembre, del Servicio Exterior del Estado: Regula la organización y funciones del Servicio Exterior, estableciendo la protección y asistencia a españoles en el extranjero como función esencial.
• Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares (1963): Reconoce el derecho de los consulados a asistir a sus nacionales detenidos (art. 36 y 37) y la obligación del Estado receptor de informar a la autoridad consular sobre la detención de un nacional extranjero.
• Normativa interna del MAEC: Protocolos y manuales de actuación para la asistencia consular y la cooperación con autoridades extranjeras.

Autoridades intervinientes

La asistencia consular es coordinada por el MAEC, especialmente a través de la Dirección General de Protección de Españoles en el Exterior y de Asistencia Consular. Las embajadas y consulados son los encargados directos de prestar asistencia, realizar visitas a los detenidos, informarles de sus derechos y facilitar la comunicación con sus familiares. Otros ministerios, como Justicia o Interior, pueden intervenir en casos de cooperación judicial o policial.

Facultades y limitaciones

España puede:

• Visitar al detenido y asegurarse de que se respeten sus derechos humanos y procesales básicos.
• Informar al detenido sobre sus derechos y el sistema judicial local, y facilitarle acceso a abogado.
• Facilitar la comunicación con familiares y mediar para mejorar condiciones o acelerar trámites.
• Gestionar la repatriación del detenido para cumplir condena en España, si existe convenio bilateral.

• Interferir en la soberanía judicial del país extranjero ni anular sentencias.
• Eximir al detenido de la legislación local ni imponer medidas procesales o penitenciarias.
• Actuar sin el consentimiento del detenido.

Cooperación con autoridades del país de detención

La cooperación se articula mediante la notificación y comunicación obligatoria de la detención al consulado, visitas consulares conforme a la normativa local y el Convenio de Viena, intercambio de información sobre el proceso y condiciones del detenido, y mediación diplomática. En casos complejos, se puede recurrir a convenios bilaterales o a la colaboración con organismos internacionales.

No se dispone de enlaces directos a normativa o fuentes oficiales en las fuentes consultadas, pero la información se basa en la legislación y convenios internacionales vigentes.

Requisitos legales para que España solicite la extradición o repatriación de un ciudadano desde Israel

Para que España solicite formalmente a Israel la entrega de una persona (ya sea extradición o repatriación), debe cumplir con los requisitos establecidos en la legislación española y respetar los límites constitucionales, teniendo en cuenta la nacionalidad de la persona y el tipo de procedimiento (extradición activa o pasiva). La ausencia de un tratado bilateral específico entre ambos países implica que la cooperación se basa en la reciprocidad y en convenios multilaterales, siempre garantizando los derechos fundamentales y el debido proceso.

Condicionantes según nacionalidad y tipo de procedimiento

Si la persona es española, la Constitución (art. 13.2 CE) solo permite la extradición en los casos previstos por la ley y tratados internacionales, por lo que el procedimiento es más restrictivo. Si es extranjera, la entrega puede realizarse con menos limitaciones, siempre que se cumplan los requisitos legales. En la extradición activa (España solicita a Israel), la autoridad judicial o el Ministerio de Justicia debe remitir una solicitud formal con toda la documentación exigida. En la extradición pasiva (Israel solicita a España), el juez español examina la petición y garantiza el derecho de defensa del reclamado, y la decisión final corresponde al Gobierno.

Convenios internacionales aplicables

No existe un tratado bilateral de extradición entre España e Israel. Sin embargo, ambos países son parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), que prevé cooperación judicial y extradición. En ausencia de tratado bilateral, la extradición se basa en la reciprocidad y en la legislación interna de ambos países.

Legislación española relevante

• Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (LOPJ): Regula la competencia y procedimiento para la extradición pasiva.
• Ley 4/1985, de Extradición Pasiva: Establece el procedimiento para la entrega de personas reclamadas por otros Estados.
• Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim): Regula aspectos procesales como la detención provisional y la entrega.
• Constitución Española (art. 13.2): Limita la extradición de españoles.

Procedimiento para la solicitud de extradición activa a Israel

1. El Ministerio de Justicia o la autoridad judicial española remite a Israel una solicitud formal de extradición, incluyendo orden de detención, descripción del delito y pruebas.
2. Las autoridades israelíes examinan la solicitud conforme a su legislación y tratados aplicables.
3. Israel puede aceptar, denegar o solicitar información adicional.
4. Si acepta, se procede a la entrega de la persona a España.

Garantías y límites constitucionales

La extradición debe respetar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, como el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y la prohibición de extradición por motivos políticos o riesgo de persecución. La entrega de españoles solo es posible en los casos previstos por la ley y tratados internacionales.

Repatriación de personas condenadas

La repatriación se regula por convenios internacionales, pero Israel no es parte del Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas. Por tanto, la repatriación se realiza mediante acuerdos bilaterales o por vía diplomática, respetando siempre la legislación interna y los derechos de la persona.

Resumen

España debe cumplir con la legislación nacional y los convenios multilaterales vigentes, garantizando los derechos fundamentales y el debido proceso. La ausencia de un tratado bilateral con Israel implica que la cooperación se basa en la reciprocidad y la normativa interna de ambos países.