Un juez federal de Estados Unidos ha dejado sin efecto este lunes el límite de cuatro años de permanencia para estudiantes extranjeros que había fijado la Administración de Donald Trump, una de las últimas medidas con las que su Gobierno trató de restringir la presencia de personas de otras nacionalidades en el país, en línea con su política migratoria más dura.
En su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado F. Dennis Saylor, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, concluye que una norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que acotaba a cuatro años la estancia de los estudiantes internacionales en territorio estadounidense vulnera la autoridad legal de la agencia y no valoró alternativas menos severas que el Ejecutivo tenía a su alcance.
La regulación del DHS pretendía poner fin al sistema conocido como “duración del estatus”, que durante décadas ha permitido a los estudiantes internacionales permanecer en Estados Unidos mientras avanzaban en la consecución de su título académico. Con el nuevo marco, los titulares de visados de estudiante F-1 y los participantes en programas de intercambio J-1 habrían tenido que pedir prórrogas a la agencia para seguir en el país una vez superado el plazo de cuatro años.
En su fallo, el juez reprocha además que la agencia no haya justificado de qué manera la imposición de “un sistema de renovación no revisable y totalmente discrecional --una vez que un estudiante extranjero ya lleva cuatro años en el país-- mejora de manera significativa la capacidad del DHS para erradicar los casos de fraude, ni cómo los beneficios de dicho sistema compensan los inmensos costes que supone abandonar el sistema actual”.
La decisión judicial ha sido celebrada por la presidenta y directora ejecutiva de la Alianza de Rectores sobre Educación Superior e Inmigración, Miriam Feldblum, que la considera un logro clave para los estudiantes internacionales y para las universidades que los reciben. No obstante, Feldblum, que impulsó una demanda para frenar la norma, ha advertido en declaraciones a la agencia Bloomberg de que el impacto de los intentos de la Administración Trump de reducir la llegada de estudiantes con visado F-1 ya se percibe en el notable descenso de las matrículas.
“Sin duda, de haberse aplicado, esta norma habría debilitado aún más nuestra capacidad para atraer talento internacional, habría trastocado los planes educativos y habría supuesto una carga para los campus”, ha recalcado.