La Junta de Andalucía tratará de que el Gobierno central “retire” el nuevo modelo de financiación autonómica que ha planteado y que se debatirá en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, el CPFF, previsto para la primera semana de septiembre.
Así lo ha señalado la vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en una entrevista con Europa Press, en la que ha reiterado que el Ejecutivo andaluz exigirá al Gobierno que retire una propuesta que, según ha defendido, nace del acuerdo con el independentismo catalán de ERC y “no la quiere nadie”, ni comunidades gobernadas por el PP ni territorios con ejecutivos socialistas.
“Privilegios para unos territorios y castigos para Andalucía”
España ha situado el debate en el terreno de la igualdad entre ciudadanos. A su juicio, el planteamiento del Ejecutivo central supone un ataque a la igualdad entre españoles porque implica “privilegios para unos territorios”, en referencia al independentismo catalán, y “agravios y castigos para Andalucía”.
La consejera ha criticado que, siempre que los socialistas dan un paso en materia de financiación autonómica, Andalucía sale perjudicada. Según ha advertido, igual que ocurre con el sistema actual, el nuevo modelo que el Gobierno ha puesto sobre la mesa tras el acuerdo con ERC volvería a dejar a la comunidad andaluza por debajo de la media de financiación por habitante.
143 euros menos por andaluz que la media
La vicepresidenta andaluza ha concretado el impacto que, según la Junta, tendría el modelo planteado por el Gobierno. Andalucía percibiría 143 euros menos por cada ciudadano que la media autonómica y 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña.
Para el Ejecutivo de Juanma Moreno, esas cifras demuestran que la propuesta no corrige el problema de infrafinanciación que Andalucía denuncia desde hace años, sino que lo consolida. La Junta sostiene que la comunidad no reclama un trato preferente, sino un reparto que garantice igualdad de acceso a los servicios públicos básicos con independencia del territorio de residencia.
Acusación de “comprar voluntades políticas”
Carolina España ha acusado además al Gobierno central de intentar, “con el dinero de todos los españoles”, comprar el apoyo del independentismo catalán en futuras votaciones en el Congreso de los Diputados, ya sea para los Presupuestos Generales del Estado o para cualquier otra iniciativa legislativa.
La consejera ha elevado el tono al afirmar que “comprar con el dinero de todos los españoles voluntades políticas también es una forma de corrupción”. Con esa frase, la Junta vincula la reforma de la financiación autonómica con la necesidad parlamentaria del Gobierno de mantener apoyos en una legislatura marcada por la dependencia de fuerzas nacionalistas e independentistas.
Andalucía dice que no pide “limosnas”
La vicepresidenta ha insistido en que el modelo planteado solo cuenta, según su lectura, con el respaldo del independentismo catalán y, ahora, de Coalición Canaria. También ha defendido que la financiación autonómica no puede convertirse en un “saqueo a las arcas españolas” ni en una competición entre territorios para ver “quién saca más”.
“Nosotros estamos reclamando lo que nos corresponde. Andalucía no está pidiendo limosnas, sino igualdad, justicia y lo que nos corresponde, que no es, desde luego, estar por debajo de la media, como llevamos desde el año 2009”, ha concluido España.
El CPFF, próximo escenario del choque
El próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se perfila como el escenario en el que las comunidades autónomas trasladarán sus posiciones sobre el nuevo modelo. Andalucía acudirá con una exigencia clara: que el Gobierno retire la propuesta y abra una negociación que no dependa de acuerdos bilaterales con formaciones independentistas.
El choque vuelve a colocar la financiación autonómica en el centro de la disputa territorial. Para la Junta, el problema no es solo cuánto dinero recibe cada comunidad, sino si el sistema garantiza igualdad entre españoles. Para el Gobierno andaluz, cualquier modelo que sitúe a Andalucía por debajo de la media y mejore la posición de Cataluña por exigencia de ERC nace ya con un desequilibrio político difícil de aceptar.