La Comisión Europea (CE) mantiene abierta la opción de iniciar un procedimiento de infracción en relación con la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, registrado el pasado 18 de enero y en el que murieron 46 personas, siempre que se demuestre que se han producido vulneraciones de la normativa europea aplicable, según ha trasladado el PP.
Esta ha sido la contestación del Ejecutivo comunitario a la pregunta formulada por el eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez Larraz, que pidió explicaciones sobre la conservación de las pruebas durante la investigación del siniestro y sobre la eventual retirada de elementos de la infraestructura antes de que concluyeran las labores de inspección, tal y como habían señalado distintos testimonios ante la justicia.
En su respuesta escrita, la Comisión recuerda que “la legislación nacional debe garantizar que las investigaciones de accidentes ferroviarios se lleven a cabo de manera independiente, eficiente y en el plazo más breve”.
Del mismo modo, incide en que los organismos nacionales responsables de investigar estos siniestros han de ser independientes “de cualquier parte cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con el cometido confiado a dichos organismos”.
Bruselas subraya también que la Directiva (UE) 2016/798 fija salvaguardas precisas para los investigadores, entre ellas “su derecho a acceder a cualquier información pertinente”, además de los principios que deben regir la cooperación entre las distintas autoridades implicadas en la investigación de accidentes ferroviarios.
Aunque el Ejecutivo comunitario indica que “no ha recibido pruebas del organismo de investigación español” que apunten a que la investigación no pueda desarrollarse con independencia, ni a que la legislación nacional no proteja adecuadamente los derechos de los investigadores, los 'populares' señalan que el texto evita entrar en el núcleo de la cuestión planteada por Giménez Larraz: si la retirada de pruebas antes de que los investigadores elaborasen el inventario se ajustó o no a las exigencias de la normativa europea.
La respuesta de la CE incide en que son, en primer término, las autoridades y los tribunales nacionales quienes deben velar por la corrección de los procedimientos de investigación. No obstante, la Comisión remarca que conserva plenamente sus competencias como guardiana de los Tratados y advierte de que “puede incoar un procedimiento de infracción, según proceda, en caso de que existan pruebas sólidas de una infracción del Derecho de la Unión”.
Tras conocer el contenido de la contestación, Giménez Larraz ha afirmado que “Bruselas deja claro que la puerta sigue abierta y que, si aparecen evidencias de una vulneración de la normativa comunitaria durante la investigación, podrá actuar contra España”.
El eurodiputado del PP añade que “lo importante ahora es que se esclarezca exactamente qué ocurrió en las horas posteriores al accidente, quién autorizó cada actuación sobre el terreno y si se preservaron todas las garantías exigidas por la legislación europea para una investigación independiente”.