El 18 de noviembre de 1976, hace ahora medio siglo, las Cortes surgidas del franquismo aprobaron la Ley para la Reforma Política, abriendo la puerta a su propia desaparición. A este episodio se le bautizó como el 'harakiri' del Régimen, culminación de un intenso trabajo de persuasión para que al menos tres cuartas partes de los procuradores respaldaran el texto.
Aquel paso fue decisivo para la Transición. El Gobierno de Adolfo Suárez vivió el proceso con enorme tensión ante la posibilidad de que el proyecto naufragase. El catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido, entonces letrado de las Cortes y asesor jurídico de la Ley, rememora que las conversaciones parlamentarias “no fueron nada fáciles” porque el franquismo, un año después de la muerte del dictador, “todavía era muy fuerte”.
Pese a ello, Suárez asumió que era imprescindible hacer “todo lo posible” para ganarse a los procuradores y sacar adelante la norma. Así lo relata José Manuel Otero Novas, uno de sus colaboradores más cercanos como director general de Política Interior, en declaraciones a Europa Press.
La estrategia diseñada consistió en repartir entre los ministros y altos cargos grupos de procuradores para mantener encuentros individuales y convencerles uno a uno. “Yo trabajé el voto de unos sesenta. Elegí los que me parecieron más fáciles, como abogados del Estado o altos cargos”, indica Otero Novas, que reconoce haber evitado a representantes del tercio sindical o de la administración local por ser “más difíciles”.
Discrepancias por el sistema electoral y maniobra de Alianza Popular
Las reuniones que pilotó Otero Novas se desarrollaron en comidas y encuentros informales con procuradores que deseaban cierta apertura del sistema, pero que utilizaron el modelo electoral proporcional previsto en el proyecto como palanca para presionar al Ejecutivo y “hacer oposición elegante a la Ley”.
“No era una oposición del todo o la nada, sino que era elegante. Decían: 'No estamos en contra de la Ley, pero no les admitimos un sistema electoral proporcional'”, resume Otero Novas. Entre los más activos en esta batalla se situaron los procuradores de Alianza Popular (AP), antecedente del actual Partido Popular, encabezados por Manuel Fraga, que defendían un sistema mayoritario, más perjudicial para las fuerzas pequeñas y favorable a las candidaturas más votadas.
“Los dirigentes de AP entendieron que la Reforma iba a aprobarse y pensaron que debían negociar una regulación electoral para que fuera lo más mayoritaria posible”, explica el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid e investigador de la Transición, Ignacio Sánchez-Cuenca, autor de “Atado y mal atado: el suicidio de las Cortes franquistas y la Transición”.
Por ello, Otero Novas concentró sus esfuerzos en desmontar las objeciones al sistema electoral. “En los debates fue el punto más serio”, rememora. Su táctica se basó en señalar a una figura destacada del Movimiento y demostrar que con un modelo mayoritario quedaría fuera del nuevo Parlamento.
“Yo les preguntaba: ¿quieren que Joaquín Ruiz-Giménez (ministro de Educación franquista) sea parlamentario en el nuevo sistema?”, relata, y añade: “Ellos no podían decirme que no, porque era un ministro de Franco”. A partir de ahí, cerraba el argumento: “Pues queridos amigos, con el sistema mayoritario Ruiz-Giménez, que es el número uno, no sale elegido”.
Control diario de apoyos y efecto ‘bola de nieve’
El entonces director general de Política Interior detalla que informaba “diariamente” a Suárez mediante tarjetas sobre qué procuradores quedaban “comprometidos” con el voto favorable. En esos papeles incluía también posibles alternativas, siempre contemplando el escenario de que alguna parte de la negociación se viniera abajo.
“Yo le pasaba papeles a Suárez diciendo: si surge esto, esto nos falla. Pensaba en la posibilidad de que fallara algo y siempre tenía soluciones de repuesto dentro de la Ley, para seguir haciendo una transición sin rupturas”, explica. En paralelo, otros miembros del Gobierno se dedicaron a la misma labor: el exministro de Justicia Landelino Lavilla contó en sus memorias de 2017 que sondeó a 36 procuradores, de los que 29 terminaron apoyando el proyecto, mientras que el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, se entrevistó con representantes de la administración local para exponerles la iniciativa.
Según recuerda Sánchez-Cuenca, “hubo cenas y reuniones, y para el mes de octubre los procuradores ya sabían que la reforma de Suárez iba a salir adelante y eso generó un efecto 'bola de nieve' a favor”.
En su análisis, la gran inquietud de muchos procuradores era “salvar su posición”. “Querían evitar quedar como traidores en caso de que fracase la norma, pero también de nostálgicos si se aprobaba. Les importaba mucho estar coordinados”, señala el politólogo.
Sánchez-Cuenca sostiene que Suárez detectó esa necesidad de moverse en bloque y decidió transmitir a los procuradores que la reforma contaba ya con respaldo suficiente, apoyándose en el aval implícito del Rey y del Ejército.
El papel del Rey y los contactos con la oposición clandestina
En este contexto, Juan Carlos I se convirtió en un soporte esencial para el presidente del Gobierno. “El 80% de los votos fueron favorables porque los poderes de Franco los tenía Juan Carlos I, y porque cuando Franco murió pidió darle el mismo apoyo que le habían dado a él”, afirma Otero Novas. La figura del monarca no solo fue determinante para los procuradores y el Ejecutivo, sino también para facilitar los puentes con la oposición democrática.
Ana María Ruiz-Tagle, exdiputada del PSOE y una de las 27 mujeres que integraron las Cortes Constituyentes, relata a Europa Press que, pese a la clandestinidad, el gabinete de Suárez mantuvo conversaciones con el PSOE y el PCE durante la redacción de la Ley gracias al impulso de Juan Carlos I, cuya intervención fue “fundamental” para que esos contactos se produjeran.
Ruiz-Tagle subraya especialmente la firmeza del Rey en apostar por un Estado democrático, sobre todo tras un viaje oficial a Estados Unidos después del fallecimiento del dictador. “Regresó con la idea de la apertura y de que había que transformar totalmente”, recuerda.
Tramitación de urgencia, “torcuatazo” y voto nominal
Otro elemento clave para asegurar la aprobación fue la táctica parlamentaria diseñada por el presidente de las Cortes y artífice de la Ley, Torcuato Fernández-Miranda, que impulsó el uso del procedimiento de urgencia y la votación nominal.
De esta forma, la Reforma Política se discutió directamente en el Pleno, sin el filtro previo de las comisiones. “El régimen de Franco lo permitía, eran legalidades muy favorables que sin ellas hubiera sido mucho más difícil aprobar la Ley”, apunta Otero Novas. La prensa bautizó esta jugada de Fernández-Miranda como el “torcuatazo”, que permitió “acelerar ritmos y suprimir comisiones dominadas por miembros del 'búnker' que hubieran generado una oposición a la Ley muy considerable y una posible división entre los procuradores”, explica Sánchez-Cuenca.
La elección de la votación nominal, en la que cada procurador debía expresar su postura en voz alta, también fue decisiva. “Era importante hacerlo así porque existía el peligro de que si se votaba de forma anónima, hubiese muchos más 'noes'”, señala Diego López Garrido.
Tras dos días de debates, el 18 de noviembre se procedió a la votación definitiva. El resultado fue abrumador: 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Pocos días después, el 24 de noviembre, el Gobierno aprobó un Real Decreto para someter el texto a referéndum el 15 de diciembre, completando así el ‘harakiri’ de las Cortes franquistas y abriendo el camino a la democracia.