El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tiene previsto solicitar su comparecencia voluntaria ante la Diputación Permanente del Congreso con el fin de ofrecer detalles sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han perdido la vida más de 70 personas.
Fuentes del Ministerio han confirmado que ya se ha registrado esta petición de comparecencia, que se produce después de que Sumar, Esquerra Republicana y Podemos reclamasen que el ministro acudiera a la Diputación, el único órgano parlamentario operativo en la Cámara Baja tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral.
Junto a esta comparecencia en la Diputación Permanente, aún sin fecha fijada, el ministro ha anunciado que ofrecerá este viernes, 30 de octubre, una nueva rueda de prensa para seguir dando información con la máxima transparencia sobre este siniestro, el segundo que afecta a la alta velocidad española en lo que va de año, tras el registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero.
Un siniestro "inexplicable" y bajo investigación
El responsable de Transportes ya compareció el miércoles, jornada en la que se produjo el accidente, en una rueda de prensa en la que expuso las circunstancias que habrían originado el siniestro, derivado del choque entre un tren AVE de Renfe y otro de Iryo, que permanecía detenido en la vía por la caída de un sistema de seguridad.
También se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien prometió "contundencia" si se confirman negligencias y advirtió de que en un país como España no es asumible que se encadenen accidentes como los de Adamuz y Urda.
Según relató el ministro, el choque se desencadenó tras una orden "inexplicable" del centro de control de Adif, que autorizó a un AVE de Renfe a retomar la marcha cuando en la misma vía seguía parado un tren de Iryo debido a un fallo informático.
En torno a las 8.30 horas se registró una incidencia informática que provocó la caída del sistema de seguridad LZB en un tramo de 63 kilómetros, lo que hizo que seis trenes quedaran detenidos de forma automática, en línea con el protocolo de funcionamiento del LZB.
Instantes después, el maquinista del AVE comunicó al centro de control de Adif que su tren estaba parado. A las 8.36 horas, el controlador de Adif autorizó al AVE a reanudar la circulación a velocidad normal pese a que el convoy de Iryo continuaba inmóvil en la vía. Diecisiete minutos más tarde se produjo la colisión.
"Lo que ha pasado en los 17 minutos entre que se da la orden de salid a ese tren y la colisión, no lo sabemos con precisión. Es verdaderamente... en fin, no quiero entrar en calificativos", afirmó Puente ante los medios.
Reacciones políticas y sindicales contra el ministro
Las explicaciones ofrecidas hasta ahora apenas han convencido a los partidos de la oposición y a varias formaciones nacionalistas y de izquierdas. PP, Vox, Frente Amplio, Esquerra Republicana, PNV y Podemos han reprochado al ministro que sitúe el foco de responsabilidad en un empleado del centro de control de Adif. Asimismo, han censurado la filtración a distintos medios de comunicación de los audios con las conversaciones entre el centro de control y los maquinistas implicados.
Vox ha presentado una querella contra Puente en el Tribunal Supremo, mientras que Frente Amplio, ERC y Podemos han insistido en que el ministro dé más detalles en la Diputación Permanente y amplíe sus explicaciones sobre lo sucedido.
Las críticas no proceden solo del ámbito político. El Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha arremetido con dureza contra el titular de Transportes y ha exigido medidas para garantizar que el tren "vuelva a ser seguro", recordando que, a su juicio, el sistema LZB debió ser reemplazado hace tiempo por una tecnología más avanzada.
En paralelo, UGT ha denunciado la difusión de los audios de las comunicaciones internas y CCOO ha reclamado directamente el cese de Puente, además de una investigación "rigurosa y transparente" que esclarezca todas las responsabilidades.