El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el rechazo de PSOE y Sumar, una iniciativa del PP que reclama de nuevo a Renfe la vuelta a sus anteriores criterios de compensación por retrasos. La propuesta ha salido adelante con los votos en contra únicamente de los partidos que sostienen al Ejecutivo, PSOE y Sumar, además de EH Bildu.
El partido de Alberto Núñez Feijóo viene defendiendo esta reclamación de forma reiterada en las Cortes desde que en julio de 2024 la operadora dejara de abonar indemnizaciones por demoras de quince y treinta minutos, del 50% y del 100% del billete, respectivamente.
La formación 'popular' logró en su momento "colar" una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible para que esta exigencia tuviera rango legal, una modificación que "lleva en vigor desde diciembre de 2025" en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Pese a ello, lo previsto en la ley no se ha aplicado y, por este motivo, el PP llevó al Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que reclamaba al Gobierno que diera cumplimiento a este mandato y al resto de puntos de la norma que continúan sin ejecutarse.
La iniciativa del PP sobre las compensaciones por retrasos ha salido adelante gracias al respaldo de Vox, Junts, Esquerra Republicana, BNG y UPN. Por su parte, PNV, Podemos y Coalición Canaria han optado por la abstención, arrojando un balance final de 185 votos favorables, 152 en contra y 10 abstenciones.
Plan Renove pendiente y fractura entre los socios
Otra de las medidas que el Ejecutivo mantiene aún sin aplicar y que el Congreso le ha reclamado, también con el voto contrario de PSOE y Sumar, es la puesta en marcha de un plan nacional de renovación del parque automovilístico. Este programa debe abarcar vehículos de todo tipo con mayor antigüedad, sustituyéndolos por modelos más modernos y seguros que cumplan la normativa Euro6d, incluso si se trata de coches de ocasión o usados.
En el resto de votaciones, todas las propuestas han sido aprobadas, aunque se ha evidenciado la división entre los socios del Gobierno: mientras el PSOE ha optado por la abstención, Sumar ha votado en contra.
De esta forma, el Congreso urge al Ejecutivo a activar "de manera inmediata" la primera fase del plan de choque extraordinario en la infraestructura ferroviaria. Este programa debe detallar por provincias las actuaciones necesarias para corregir los problemas en la red que originan las numerosas limitaciones temporales de velocidad, muchas de ellas vigentes desde hace años. El plazo legal para esta actuación venció el 5 de febrero.
Asimismo, se reclama al Gobierno que ponga en marcha sin demora el plan de atención urgente a los pasajeros ante incidencias extraordinarias tanto en estaciones como durante los trayectos, incluyendo los tiempos de reacción desde que se produce la incidencia.
La Cámara también demanda el cumplimiento de otra obligación que fija un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria para todos aquellos fallos en infraestructuras que generen más de veinte minutos de retraso en un trayecto.
Paralelamente, se insta a identificar y planificar la corrección del desequilibrio territorial en el acceso a infraestructuras de transporte en el conjunto del país, así como a asegurar, como mínimo, las actuales paradas, horarios, frecuencias y rutas de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera de titularidad estatal en el nuevo mapa concesional.
Por último, el Congreso reclama que en las nuevas licitaciones del mapa concesional de transporte por carretera se incorporen los mecanismos necesarios para permitir el tráfico compartido con las comunidades autónomas, con el fin de cubrir las necesidades de conectividad que el Gobierno no atiende, además de garantizar una contribución financiera adecuada del Estado en el ámbito del transporte marítimo.