El PNV ha planteado al Gobierno que la extensión extraordinaria de los contratos de arrendamiento hasta 2028, prevista en el decreto ley de vivienda impulsado por Sumar, se restrinja a las personas inquilinas que estén al día en los pagos y lo hayan estado durante los doce meses previos a la solicitud de dicha prórroga.
Esta exigencia se enmarca en las conversaciones que el Ejecutivo mantiene con los grupos parlamentarios sobre el citado decreto ley, en las que la formación jeltzale ha presentado además un conjunto adicional de iniciativas. Entre ellas, figuran cambios en la Ley del Suelo y una normativa específica para los alquileres de temporada.
Respecto a la reforma de la Ley del Suelo, el PNV persigue que se adapte mejor a las demandas de los ayuntamientos en materia de desarrollo urbanístico. Asimismo, reclama una regulación detallada del alquiler de temporada que permita atajar el fraude, lo distinga con claridad del turístico y fije de forma nítida las competencias de las comunidades autónomas para evitar cualquier intento de recentralizar las políticas de vivienda.
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado en una nota de prensa que estas propuestas dan continuidad a las demandas que su grupo ha venido defendiendo durante toda la legislatura en la Cámara Baja.
El PNV ha rememorado que, junto al PSOE, registró una proposición de ley para modificar la Ley del Suelo con el fin de reforzar la seguridad jurídica y agilizar la tramitación de los planes urbanísticos, una reclamación que, subrayan, comparten consistorios de diferentes signos políticos. Sin embargo, la iniciativa fue tumbada con los votos, entre otros, de PP, Sumar y Junts.
Defensa de las competencias autonómicas
Los nacionalistas vascos insisten en que es imprescindible corregir los fallos detectados en los planeamientos sin tener que desechar por completo el trabajo realizado: “Si después de años de trabajo existe un error que puede subsanarse, hay que corregirlo, no tirar todo el planeamiento y volver a empezar”, ha defendido Vaquero, que también ha pedido que, al abordar esta modificación, el Estado no asuma competencias que son propias de las comunidades autónomas.
En relación con el alquiler de temporada, el PNV lo identifica como uno de “los agujeros negros de la Ley de Vivienda” y alerta de que, en determinados supuestos, se utiliza para esquivar la normativa que rige la vivienda habitual, lo que provoca fraude de ley, inseguridad y una mayor tensión en los precios.
Por ello, reclama una regulación precisa que diferencie claramente el alquiler habitual, el temporal y el turístico: “Cambiar la etiqueta de un contrato no puede servir para eludir las reglas del alquiler de vivienda habitual”.
Más seguridad jurídica y lucha contra el fraude
Del mismo modo, el PNV propone que el arrendamiento turístico se considere una actividad económica y se le aplique el tipo de IVA propio de los servicios de hospedaje, del 10%: “Si es una actividad económica, debe tributar como una actividad económica. Ni más, ni menos”, apostilla la formación.
En síntesis, los nacionalistas vascos sostienen que resulta esencial ofrecer estabilidad a quienes cumplen de forma regular con sus obligaciones contractuales y, paralelamente, proporcionar seguridad jurídica a los propietarios que ponen sus viviendas en el mercado del alquiler.
“Nuestra propuesta es actuar sobre esos problemas reales, cerrar los espacios de fraude y garantizar reglas claras. Menos burocracia improductiva, más coordinación; menos bloqueos, más seguridad jurídica; y pleno respeto a las competencias de Euskadi”, ha zanjado Vaquero.