Las alianzas electorales selladas por los distintos bloques políticos para asegurarse el control del Senado han devuelto al foco mediático el peso histórico de la Cámara Alta. Este órgano ha recorrido toda la etapa democrática entre reproches constantes por su papel “secundario” y una participación determinante en momentos clave, desde el desarrollo del modelo autonómico hasta la activación del artículo 155 en Cataluña.
En los últimos días, el bloque de derechas (PP y Vox) y el de izquierdas (PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas) han cerrado acuerdos para concurrir juntos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Estos movimientos obedecen a la capacidad del Senado para frenar o acelerar leyes, intervenir en nombramientos de órganos constitucionales y ejercer un control territorial. Un peso político que contrasta con la imagen de Cámara de segunda lectura que arrastra desde la Transición.
A lo largo de estas décadas, diversos dirigentes han cuestionado abiertamente las funciones del Senado y han reclamado en repetidas ocasiones una reforma de calado que lo convierta en una verdadera cámara territorial.
Incluso, algunos responsables políticos han ido más allá. El expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla llegó a defender la desaparición del Senado, mientras que el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera reclamó su supresión calificándolo de “cementerio de elefantes”.
Las críticas no han procedido únicamente de la clase política. También parte de la ciudadanía ha manifestado sus reservas sobre la utilidad de la institución a través de tribunas, columnas y otros espacios de opinión.
Una pieza clave en la renovación institucional
La labor de los senadores va mucho más allá de la tramitación de leyes. Diversos órganos e instituciones del Estado se renuevan con sus votos. En el Tribunal Constitucional (TC), la Cámara Alta elige a 4 de sus 12 magistrados; en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), designa a 10 de sus 20 vocales; y en el Tribunal de Cuentas nombra a la mitad de sus miembros (6 de 12).
Además, el Senado participa de forma directa en la designación de los consejeros que integran la corporación de Radio Televisión Española (RTVE). Para todas estas votaciones se exigen mayorías reforzadas, lo que convierte a la Cámara en un espacio decisivo para tejer acuerdos y garantizar el consenso institucional.
Sin embargo, con frecuencia el Senado ha quedado eclipsado por el Congreso de los Diputados, ya que muchas iniciativas no han logrado salir adelante en la Cámara Alta o han sido corregidas después por la Cámara Baja.
Esta tensión institucional se plasmó de forma inédita el 10 de abril de 2024. En plena tramitación de la Ley de Amnistía, el Senado promovió un conflicto formal de atribuciones. Tras este primer pulso, el PP ha aprovechado su mayoría absoluta en la Cámara Alta para elevar el número de choques con el Congreso y el Gobierno hasta superar la decena.
El 155, un hito en la historia reciente
En 2017 se aplicó por primera vez el artículo 155 de la Constitución Española. Mediante este mecanismo previsto en la Carta Magna, el Ejecutivo central “intervino” las competencias de la Generalitat de Cataluña, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy remitiera un requerimiento al Govern presidido entonces por Carles Puigdemont.
En octubre de 2017, las relaciones entre el Gobierno de España y la Generalitat atravesaban su peor momento. En pleno “auge independentista”, el Parlament de Cataluña aprobó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), un hecho sin precedentes en la etapa democrática española. Este desafío llevó al Ejecutivo de Rajoy a solicitar al Senado la activación del artículo 155.
El 155 de la Constitución Española recoge la facultad del Gobierno central para intervenir en una comunidad autónoma cuando su Ejecutivo incumple gravemente la legalidad. Antes de su aprobación, el presidente del Gobierno debe cursar un requerimiento al presidente autonómico para intentar reconducir la situación mediante el diálogo. Solo si no hay respuesta o no se corrige la situación entra en juego el Senado.
En aquel momento, el Partido Popular disponía de una amplia mayoría en la Cámara Alta. No obstante, la trascendencia de la decisión y la búsqueda de un “amplio respaldo democrático” llevaron al Gobierno a negociar el apoyo del principal partido de la oposición (PSOE) y de otras formaciones.
El Senado también fue “pionero” en la regulación del uso de las lenguas cooficiales. Desde 2005, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas se permite intervenir en dichas lenguas, consolidando su dimensión territorial.
Trece presidencias y un punto de inflexión
Tras la muerte del dictador Francisco Franco, el primer presidente del Senado fue el sevillano Antonio Fontán. Desde entonces, una decena larga de responsables han pasado por la Presidencia de la Cámara.
El gran punto de inflexión llegó en 1999, cuando la dirigente del PP Esperanza Aguirre se convirtió en la primera mujer al frente de una de las dos Cámaras legislativas de las Cortes Generales. El 9 de febrero de 1999 asumió la Presidencia tras ser elegida con el apoyo de 150 senadores.
Con el paso del tiempo, Esperanza Aguirre ha explicado en una entrevista con Europa Press que ella “resta importancia al género” y sostiene que fue elegida presidenta porque en las elecciones de 1996 fue la senadora más votada.
En ese mismo testimonio, la también expresidenta de la Comunidad de Madrid subraya el “consenso” que existía entre los distintos grupos durante su etapa al frente de la Cámara Alta.
Manuel Cruz y la legislatura fallida de 2019
El socialista Manuel Cruz, dirigente del PSC, fue elegido presidente del Senado en la legislatura fallida de 2019. Tras la victoria del PSOE tanto en el Congreso como en la Cámara Alta, Cruz obtuvo 140 votos y se hizo con la Presidencia.
En conversación con Europa Press, Manuel Cruz ha reconocido que conserva una “espinita” por lo breve de su mandato, y admite que le hubiera gustado prolongarlo durante una legislatura completa.
Pese a tratarse de una legislatura sin formación de Gobierno, la etapa de Cruz marcó un hito: puso fin a más de veinte años de control casi ininterrumpido de la Cámara por parte del PP.
Mirando a futuras legislaturas, Manuel Cruz defiende separar en el tiempo la convocatoria electoral de Congreso y Senado, de forma que la elección de sus representantes se celebre en fechas distintas para reforzar el peso propio de la Cámara Alta.
En cuanto al debate sobre una posible deslocalización de la sede del Senado, una propuesta que el PSC ha defendido históricamente, Cruz también la respalda: “Yo creo que tendría todo el sentido del mundo plantearse esto, no como una iniciativa aislada, es decir, no plantear solamente que el Senado estuviera en Cataluña o en otro lugar, sino que diferentes organismos del Estado estuvieran en las zonas correspondientes”.
Además, en 1994 se creó en el Senado la Comisión General de las Comunidades Autónomas, un órgano clave para el Estado autonómico que dota a la Cámara de un foro específico de representación territorial, en el que pueden intervenir los presidentes autonómicos y el propio Gobierno central.