El PSOE incluye en su programa electoral una rebaja de la edad para ejercer el derecho al voto hasta los 16 años y la creación en las Cortes de un escaño sin capacidad de sufragio, destinado a que la sociedad civil pueda dirigirse al Gobierno y presentar iniciativas y enmiendas. Junto a ello, propone una supresión parcial de los aforamientos y cambios en el papel del Senado.
Para permitir el voto a partir de los 16 años sería imprescindible reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que actualmente otorga el derecho de sufragio únicamente a los españoles mayores de edad, fijados en 18 años conforme al artículo 12 de la Constitución.
Esta iniciativa, recogida por Europa Press del programa electoral socialista, ya tuvo recorrido en el Congreso. En 2024, la Comisión de Juventud dio luz verde a una propuesta de Sumar consensuada con el PSOE para instar al Gobierno a estudiar en un año una reforma de la LOREG que abriera la participación electoral a los 16 años. No obstante, la modificación finalmente no se materializó.
Defensor de las Generaciones Futuras y escaño ciudadano
En el ámbito de la participación juvenil, el PSOE plantea la creación de la figura del Defensor de las Generaciones Futuras, ligada al Consejo de la Juventud de España (CJE), con el objetivo de que las decisiones públicas incorporen una perspectiva de largo plazo y de justicia entre generaciones.
Además, los socialistas quieren habilitar un escaño ciudadano en el Congreso y el Senado, sin derecho a voto, que “permitiría a la sociedad civil formular preguntas al Gobierno y presentar iniciativas y enmiendas”.
En la actualidad, la ciudadanía puede registrar proposiciones de ley mediante la iniciativa legislativa popular (ILP), aunque no en todos los ámbitos, siempre que se reúnan 500.000 firmas. El PSOE propone rebajar el número de apoyos exigidos, sin concretar la nueva cifra. Para llevarlo a cabo sería preciso modificar el artículo 87.3 de la Constitución.
En la misma línea, el partido se compromete a eliminar los aforamientos de los cargos públicos cuando se trate de delitos no vinculados al ejercicio de sus funciones, lo que obligaría a reformar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución. Una restricción similar ya fue impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 mediante una propuesta de reforma constitucional para limitar los aforamientos a los delitos cometidos en el desempeño del cargo, que quedó sin completar su tramitación.
Reforma del Senado y lenguas cooficiales
En cuanto al Senado, el PSOE apuesta por transformarlo en una “auténtica Cámara de representación territorial”, de forma que sus circunscripciones pasen a coincidir con el ámbito autonómico. Para ello sería necesaria una reforma del artículo 69 de la Constitución, que hoy fija una configuración basada en circunscripciones provinciales e insulares.
El programa socialista también defiende consolidar el empleo de las lenguas cooficiales en las Cortes Generales y ampliarlo a la atención de la Administración General del Estado en aquellas comunidades donde tengan carácter oficial.