Frente Amplio apuesta por un referéndum para resolver la cuestión territorial y reconocer la plurinacionalidad

Frente Amplio propone un referéndum para la cuestión territorial, un modelo federal y plurinacional y una amplia reforma judicial y rural.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa, en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos de Madrid, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España).  Diego Radamés - Europa Press

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa, en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos de Madrid, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Diego Radamés - Europa Press

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Media del último estudio de cada instituto en 30 días y su evolución semanal desde el 23J. Partidos con al menos un 2 %.

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Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

Frente Amplio incorpora en su programa electoral del 29N el reconocimiento pleno de la realidad plurinacional y extralingüística de España e incluye el "derecho a decidir" mediante referéndum para "resolver definitivamente la cuestión territorial".

La candidatura sostiene que su objetivo es articular una mayoría social y política que permita transformar el modelo territorial fijado en la Constitución hacia un esquema "federal y plurinacional" con un horizonte republicano.

"Frente al centralismo y la crispación, proponemos avanzar hacia una República federal y plurinacional que reconozca la diversidad de nuestros pueblos, refuerce la autonomía municipal, democratice la justicia y proteja nuestros derechos digitales frente al poder de los algoritmos", recoge el programa electoral de Frente Amplio, que contempla el derecho a decidir mediante referéndum para resolver definitivamente la cuestión territorial.

Asimismo, la formación defiende aprobar una ley del plurilingüismo para "garantizar plenamente los derechos lingüísticos" y que la ciudadanía pueda relacionarse en las lenguas cooficiales y estatutarias con las instituciones del Estado.

Entre las reformas institucionales, la candidatura propone modificar el Senado para convertirlo en una auténtica cámara territorial y eliminar de forma definitiva la pena de muerte en España, comprometiéndose a una reforma constitucional que suprima la excepción que contemplan "las leyes penales militares para tiempos de guerra".

Reforma judicial y límites a las actividades privadas de los jueces

En el ámbito de la justicia, el programa plantea cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que ningún partido pueda volver a bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Así, prevé que los vocales del turno judicial sigan eligiéndose por mayoría de tres quintos en las Cortes Generales, pero si en dos meses no se alcanza un pacto, se permita su designación por mayoría absoluta en una segunda votación.

La coalición también propone restaurar la responsabilidad de jueces por 'dolo o culpa grave', es decir, la posibilidad de reclamar a los magistrados los daños ocasionados por sus resoluciones, figura que el PP suprimió en 2021.

Además, fija un régimen de incompatibilidad absoluta para los jueces con cualquier actividad remunerada ajena a la carrera judicial, con el fin de garantizar su "total independencia". De este modo, se impedirá que los magistrados cobren de universidades privadas, academias, empresas, despachos o fundaciones por impartir clases, conferencias o preparar opositores.

"La única formación que podrán impartir será en el sistema público que asumirá la preparación de futuros jueces", señala el programa electoral de la coalición.

La coalición encabezada por Ada Colau se compromete igualmente a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', y aplicar un criterio de proporcionalidad en las sanciones, de manera que las multas se ajusten a la capacidad económica de las personas sancionadas.

Auditoría de la deuda y medidas para la España rural

En materia económica, Frente Amplio propone llevar a cabo una auditoría de la deuda y de las políticas públicas, con el objetivo de identificar qué empresas se han beneficiado de fondos públicos y reforzar el control sobre el gasto del Estado.

El programa también incorpora medidas específicas para el medio rural, como fijar por ley que los servicios públicos esenciales se encuentren a menos de 30 minutos del municipio de residencia.

Igualmente, plantea un plan integral de vivienda rural para levantar viviendas sostenibles en municipios despoblados destinadas exclusivamente a residencia permanente, excluyendo el uso turístico, junto con ayudas al alquiler y a la rehabilitación para jóvenes y profesionales que decidan asentarse en estas localidades.

Por último, la candidatura se compromete a revertir cualquier recorte de paradas en las líneas de autobús que afecten a la denominada 'España vaciada'.