El programa electoral de Frente Amplio incorpora la propuesta de reconocer el derecho de sufragio a partir de los 16 años, una medida que el PSOE ha prometido analizar. Además, la coalición apuesta por devolver a quienes residen fuera de España la posibilidad de votar en las elecciones municipales y por abrir el voto local a las personas inmigrantes, incluso cuando no exista un tratado de reciprocidad con su país de origen.
Desde 2011, con la implantación del llamado 'voto rogado' —derogado en 2022—, los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) quedaron excluidos de los comicios municipales, al prevalecer el criterio de residencia efectiva en el municipio.
Frente Amplio plantea ahora revertir ese marco legal y restaurar el derecho al voto en las municipales para los residentes en el extranjero, incluyendo a los descendientes de exiliados que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
Circunscripción específica para la diáspora
Asimismo, y en línea con el PSOE, la candidatura liderada por Ada Colau propone crear una circunscripción especial para “la diáspora”, de forma que los votos de quienes viven en el extranjero sirvan para elegir directamente a sus propios diputados y senadores.
La otra gran medida es ampliar la participación de la población inmigrante en las elecciones municipales, y no limitarla, como sucede ahora, a ciudadanos de la Unión Europea o de países con acuerdos de reciprocidad con España. Esta modificación permitiría, por ejemplo, que personas procedentes de Marruecos —una de las comunidades extranjeras más numerosas en el país— pudieran votar en los comicios locales, algo que hoy no es posible porque Rabat no autoriza el sufragio municipal a los extranjeros. “Ampliaremos el derecho de sufragio activo y pasivo de las personas migrantes en las elecciones municipales”, es el compromiso que figura en el programa.
Del mismo modo, Frente Amplio reitera su demanda de “devolver la nacionalidad española” a las y los saharauis nacidos bajo administración española antes de septiembre de 1977, así como a sus descendientes de primer grado. La coalición ya registró una proposición de ley en el Congreso con este objetivo, pero decayó con la disolución de las Cortes cuando estaba prácticamente lista para su aprobación.
Reforma de la LOREG y más participación ciudadana
Otra de las promesas es modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para “lograr la proporcionalidad directa a nivel nacional”. Esta idea, ya defendida por Izquierda Unida, pasa por implantar una ‘bolsa de restos’ que compense a los partidos de ámbito estatal frente al peso de las formaciones de carácter territorial en sus respectivas circunscripciones.
La coalición también se compromete a reducir a la mitad las firmas exigidas para registrar una iniciativa legislativa popular (ILP), de las 500.000 actuales a 250.000, e introducir mecanismos que permitan a los promotores retirarla si el Congreso altera su contenido de forma sustancial, o bien solicitar una consulta popular sobre la misma.
Apuesta republicana y cambios constitucionales
En coherencia con su tradición republicana, Frente Amplio promete trabajar por “una mayoría social con el objetivo de avanzar hacia un modelo de Estado republicano federal y plurinacional” y que “regule el referéndum y el pleno reconocimiento de la realidad plurinacional y plurilingüística de España, para resolver de forma estructural la cuestión territorial”.
“Nuestro horizonte es avanzar hacia una República Federal que nos permita alcanzar una democracia real en la que también elijamos la Jefatura del Estado”, subrayan.
El programa incluye además la abolición definitiva y sin excepciones de la pena de muerte, dado que el artículo 15 de la Constitución mantiene aún la salvedad de “lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.
Derogación de la ley mordaza y delitos de opinión
Por último, Frente Amplio vuelve a plantear la derogación total de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, conocida como “ley mordaza”. También reclama la despenalización de los delitos de opinión (ofensas a los sentimientos religiosos, ultrajes a los símbolos nacionales, injurias al Rey y el enaltecimiento del terrorismo”) y la aplicación de criterios de proporcionalidad en las sanciones administrativas, ajustando las multas al nivel de ingresos de la persona sancionada.
Estas reformas ya fueron registradas por Sumar en el Congreso y llegaron a iniciarse los trámites parlamentarios, pero decayeron cuando Pedro Sánchez disolvió las Cortes para adelantar las elecciones generales, lo que impidió su aprobación definitiva.