Frente Amplio plantea, en caso de imponerse en las elecciones del 29 de noviembre, aprobar un embargo absoluto de armas a Israel y deshacer el cambio de postura del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental, después de que este respaldara el plan de autonomía marroquí.
Estas medidas figuran entre los ejes centrales del programa electoral de la candidatura de Ada Colau en el apartado de política exterior, donde también se recoge el restablecimiento de la jurisdicción universal y una reforma en profundidad de la Ley de Comercio de Armas.
En lo relativo a Israel, Frente Amplio propone sacar adelante una ley específica de embargo integral que “eliminará cualquier excepción autorizable por el Gobierno, fijará el embargo con carácter permanente mientras persista la ocupación ilegal o el riesgo de genocidio, cerrará vías de tránsito militar por aeropuertos, puertos, espacio aéreo y bases militares, y prohibirá la contratación pública o la cooperación militar/tecnológica con la industria de defensa israelí”, incluso cuando se canalice a través de terceros países.
Asimismo, la formación incorpora la aprobación de “una Ley de No Reconocimiento que obligue de manera vinculante y efectiva a todas las administraciones públicas y empresas españolas a no colaborar, lucrarse ni reconocer situaciones derivadas de violaciones graves del Derecho Internacional”, mencionando expresamente la ocupación ilegal, el genocidio o el crimen de 'apartheid'.
En coherencia con ello, aseguran que vetarán “todas las relaciones comerciales, políticas, culturales, económicas y diplomáticas con los actores implicados, vetándoles de forma absoluta el acceso a contratos públicos, subvenciones, convenios o financiación estatal”.
El programa también prevé reforzar el apoyo, tanto político como económico, a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y al Tribunal Penal Internacional (TPI) para perseguir “crímenes de genocidio y lesa humanidad, garantizando que los responsables”, entre los que se menciona al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “comparezcan ante un tribunal internacional”.
En paralelo, Frente Amplio aspira a encabezar a nivel europeo iniciativas que conduzcan a “una suspensión efectiva del Acuerdo de Asociación UE-Israel y para que la totalidad de Estados miembros reconozcan formalmente al Estado de Palestina”, siguiendo la estela de España, que lo hizo en mayo de 2024.
Marcha atrás en la posición sobre el Sáhara Occidental
En cuanto al Sáhara Occidental, el documento electoral de Frente Amplio recoge que, si gobiernan, retirarán “formalmente el apoyo gubernamental al plan de autonomía marroquí para retomar la posición fijada por el Derecho Internacional”, aludiendo al respaldo que Pedro Sánchez expresó en marzo de 2022 al rey Mohamed VI, cuando calificó dicha propuesta como “la base más seria, creíble y realista” para encauzar el conflicto.
En sintonía con esta rectificación, la candidatura se compromete a defender “el derecho incondicional a la autodeterminación del pueblo saharaui mediante un referéndum libre supervisado por Naciones Unidas, el cual deberá incluir expresamente la opción de la independencia”.
Además, anuncian que aplicarán “con rigor las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)” que, entre otros aspectos, impiden “aplicar acuerdos comerciales, pesqueros o de cualquier índole entre la UE y Marruecos al territorio del Sáhara Occidental sin el consentimiento expreso de su pueblo”.
En esta línea, detallan que, si Frente Amplio asume el Ejecutivo en la próxima legislatura, “España votará en contra en el Consejo de la UE de acuerdos comerciales que incluyan al territorio saharaui, aplicará en sus aduanas y contrataciones la diferenciación territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental, y defenderá un acuerdo de pesca limitado de manera exclusiva a aguas estrictamente marroquíes”.
Jurisdicción universal y recorte del gasto militar
En otro bloque del programa, la lista encabezada por Ada Colau plantea recuperar “plenamente la jurisdicción universal para que los tribunales nacionales puedan perseguir violaciones graves de los Derechos Humanos en cualquier lugar del mundo”, así como ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
También avanzan cambios en la Ley de Comercio de Armas de 2007 con el fin de “establecer un embargo automático de material de defensa y de doble uso a cualquier Estado cuyos dirigentes estén investigados por el TPI, o sobre el que la CIJ haya dictado medidas provisionales, por genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad, y a cualquier país o régimen que vulnere los Derechos Humanos”.
En este marco, el partido promete que “habrá control parlamentario previo de las autorizaciones, publicidad de las actas de la Junta Interministerial que las concede y plena aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas”, y añade su compromiso de rebajar el gasto militar y de no asumir el objetivo del 5% del PIB en defensa fijado por la OTAN.
En sentido contrario, el programa prevé “una reducción efectiva de las partidas militares, reorientando los recursos presupuestarios hacia la seguridad humana, la protección civil, emergencias climáticas, sanidad y educación”, siempre, subrayan, con “el oportuno control parlamentario”.
En coherencia con esta apuesta por la desmilitarización, Frente Amplio plantea una “transición del modelo de seguridad hacia la desmilitarización para convertir los recintos de uso militar extranjero”, en alusión a las bases estadounidenses de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), “en polos tecnológicos, industriales y de respuesta civil ante emergencias y protegiendo de forma prioritaria el empleo en las zonas en las que están ubicados”.