Recuperar las medidas de vivienda que el Congreso rechazó a comienzos de octubre, elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 7% en 2027 y negociar incrementos salariales de entre el 4% y el 7% son algunas de las principales exigencias que UGT y CCOO llevarán a la huelga general del próximo 11 de noviembre. Los sindicatos pretenden que la movilización sirva para desbloquear decisiones pendientes tanto del Gobierno como de la patronal, a la que reprochan la falta de avances en la negociación colectiva.
Los secretarios generales de ambas organizaciones, Pepe Álvarez y Unai Sordo, reúnen este lunes, 26 de octubre, a más de 2.000 representantes sindicales de grandes empresas para preparar una jornada de paro que tendrá como principales reivindicaciones el acceso a la vivienda y la lucha contra la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La convocatoria es una huelga general de 24 horas, registrada ante el Ministerio de Trabajo el pasado 19 de octubre por nueve organizaciones sindicales y sociales, entre ellas UGT, CCOO, CGT, CNT y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.
Aunque el encarecimiento de la vivienda es el principal motivo de la protesta, los sindicatos han incorporado reivindicaciones laborales que afectan directamente a las empresas, desde las subidas salariales hasta la reducción de la jornada y la prevención de riesgos. La movilización, acordada antes de la disolución de las Cortes, se celebrará a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Recuperar los decretos de vivienda rechazados por el Congreso
La primera exigencia de UGT y CCOO pasa por recuperar las medidas de protección habitacional incluidas en los reales decretos-leyes que el Congreso rechazó el pasado 2 de octubre, cuya convalidación consideran una prioridad inmediata para responder a las dificultades de acceso a la vivienda.
Los sindicatos reclaman, además, intervenir sobre los precios del alquiler, reforzar la protección frente a los desahucios y frenar la concentración de inmuebles en manos de fondos de inversión. A estas medidas de aplicación más inmediata añaden una política de vivienda pública que permita ampliar de forma permanente la oferta de alquiler asequible, en lugar de depender exclusivamente de las fluctuaciones del mercado privado.
CCOO ha planteado la construcción de 1,5 millones de viviendas protegidas en una década, una propuesta que exigiría movilizar inversión pública durante varios ejercicios y coordinar la actuación del Estado con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, responsables de buena parte de las competencias urbanísticas y residenciales.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la vivienda se encareció un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, mientras que UGT advierte de que el 43,6% de las personas que viven de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 31,3% de la media europea, según los datos que recoge el sindicato.
Un salario mínimo un 7% más alto en 2027
Asímismo, los sindicatos reivindican elevar el SMI al menos un 7% en 2027, después de que el incremento aprobado para 2026 fuera del 3,1%. UGT considera que la última actualización ha quedado superada por la evolución de los precios, especialmente después de que la inflación alcanzara el 4,9% interanual en septiembre.
La subida del salario mínimo para 2027 podría aprobarse incluso antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, puesto que el Gobierno conserva sus competencias pese a la disolución de las Cortes. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, pretende acelerar la actualización y ha pedido a la comisión de expertos que adelante sus conclusiones.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también se ha mostrado favorable a cerrar el incremento antes de los comicios, aunque ha condicionado su aprobación a los trabajos técnicos previos. La decisión puede adoptarse mediante real decreto, previa consulta con sindicatos y empresarios, sin necesidad de someterla a una votación parlamentaria.
En cuanto a los convenios colectivos, CCOO defiende incrementos salariales de entre el 4% y el 7%, mientras que UGT reclama que las subidas superen la inflación e incorporen cláusulas de garantía que permitan revisar las retribuciones cuando los precios aumenten más de lo previsto. Ambas organizaciones coinciden en la necesidad de desbloquear un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), cuya negociación permanece pendiente desde hace más de un año.
La propuesta de UGT incluye la reclamación de que los convenios incluyan complementos salariales relacionados con el coste de la vivienda, especialmente en aquellos territorios y sectores donde los precios dificultan el acceso a un hogar. Su aplicación dependería de acuerdos con la patronal, puesto que el Ejecutivo no puede fijar de manera general las subidas de todos los salarios negociados colectivamente.
La patronal, señalada por el bloqueo de los convenios
El desacuerdo con la CEOE ha añadido una dimensión laboral a una huelga inicialmente impulsada por la crisis de vivienda, después de que UGT y CCOO denunciaran que la patronal lleva más de un año sin negociar la renovación del acuerdo estatal que debe orientar los convenios colectivos.
Pepe Álvarez resumió el pasado jueves la relación entre ambas reivindicaciones al advertir de que el precio de la vivienda "lo tropieza todo", incluso cuando los trabajadores consiguen mejoras salariales. Unai Sordo, por su parte, reclamó un "cambio sustancial" en las políticas residenciales y un gran acuerdo estatal que permita recuperar los salarios.
La CEOE ha cuestionado la convocatoria por su proximidad a las elecciones y por dirigir contra las empresas una protesta que incluye demandas cuya resolución corresponde a las administraciones. Los sindicatos responden que el coste de la vivienda afecta directamente a las condiciones de vida de los trabajadores y que las empresas también deben asumir su responsabilidad mediante la negociación salarial.
Jornada laboral, pensiones y bajas médicas
La plataforma sindical incorpora otras reivindicaciones que van más allá del acceso a la vivienda, entre ellas la reducción de la jornada laboral, la reforma de la normativa de prevención de riesgos, la defensa del sistema público de pensiones y las garantías de protección durante las bajas laborales.
UGT reclama que avance la reforma de prevención de riesgos laborales, cuyo proyecto no llegó al Congreso antes de la disolución de las Cortes Generales, mientras que CCOO vincula la convocatoria a la necesidad de reforzar los servicios públicos y mejorar las condiciones de quienes enferman y encuentran dificultades para dejar de trabajar.
La huelga tendrá lugar el 11 de noviembre, dos días antes del comienzo oficial de la campaña electoral, y podrán secundarla trabajadores del sector público y privado. Además del paro laboral, las organizaciones convocantes preparan manifestaciones en distintas ciudades españolas.