La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha acogido con buena disposición la iniciativa del presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, para sacar adelante una ‘ley de nietos vasca’ que permita a quienes abandonaron el País Vasco o Navarra por culpa del terrorismo de ETA volver a votar en los municipios donde estuvieron empadronados. La organización entiende que se trata de una “vieja reivindicación”, si bien admite que es una cuestión “jurídicamente compleja”.
Fuentes de la AVT consultadas por Europa Press han subrayado que “esta es una vieja reivindicación de las víctimas del terrorismo y de quienes, durante décadas, se vieron obligados a abandonar el País Vasco como consecuencia de las amenazas de ETA y del clima de miedo, intimidación y hostigamiento generado por la organización terrorista y su entorno”.
Feijóo planteó esta medida en plena campaña electoral del 29N, dirigida a las personas que se vieron forzadas a marcharse del País Vasco y de Navarra por la violencia de ETA, proponiendo una modificación legal para que los expulsados por el terrorismo puedan votar en el municipio en el que figuraban empadronados. Desde el PNV, su cabeza de lista al Congreso por Vizcaya, Maribel Vaquero, ha opinado que la ‘ley de nietos vasca’ podría ser “una especie de reconocimiento de la nación vasca”.
Impacto de ETA en el censo electoral
La AVT ha remarcado que ETA “no solo asesinó, secuestró y extorsionó”, sino que también forzó el exilio interior de miles de ciudadanos que se vieron impedidos de desarrollar su vida en libertad en su lugar de origen.
“Desde la AVT siempre hemos defendido que la actividad terrorista de ETA tuvo también consecuencias sobre la configuración del censo electoral vasco, al provocar que numerosas personas tuvieran que trasladar su residencia fuera del País Vasco y perdieran, con ello, la posibilidad de participar en sus elecciones”, ha señalado la asociación.
Por este motivo, la AVT considera “razonable” que quienes puedan demostrar que abandonaron el País Vasco por amenazas o por el hostigamiento terrorista recuperen el derecho a votar en el territorio del que se vieron obligados a irse.
“Ahora bien”, ha continuado la AVT, “somos conscientes de que se trata de una cuestión jurídicamente compleja, tanto desde el punto de vista de la legislación electoral como por las dificultades probatorias que plantea”.
Dificultades para probar las amenazas sufridas
El colectivo de víctimas advierte de que no es fácil acreditar las coacciones padecidas ni vincularlas de forma directa con el cambio de residencia, dado el tiempo transcurrido desde aquella etapa de extorsión terrorista.
“No todas las personas que se marcharon denunciaron las amenazas y, en ocasiones, fue precisamente el clima generalizado de intimidación lo que motivó su salida”, han explicado.
En todo caso, la AVT sostiene que estas trabas no deberían frenar el análisis de “posibles soluciones jurídicas que, con las debidas garantías, permitan dar respuesta a una reivindicación histórica”.