La Comisión de Justicia del Congreso ha dado este jueves luz verde, con los votos de PSOE, Sumar y sus aliados habituales, a la proposición de ley que permitirá obtener la nacionalidad española a las personas nacidas en el Sáhara Occidental bajo administración española y a los descendientes de quienes la consigan. PP y Junts se han abstenido y Vox ha votado en contra. Según cálculos de Sumar, la norma podría beneficiar a unas 80.000 personas.
Está previsto que la aprobación definitiva por el Pleno no llegue hasta el próximo periodo de sesiones, que comenzará en septiembre. Superado ese trámite, el texto se remitirá al Senado para continuar allí su recorrido parlamentario.
La condición de saharaui nacido en aquellas circunstancias se podrá demostrar mediante DNI español (aunque esté caducado), justificante de inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental emitido por la ONU, certificado de nacimiento debidamente “apostillado o legalizado” y libro de familia o documentos que acrediten la condición de empleado público expedidos por la administración española en la antigua colonia. El PSOE ha rechazado reconocer como válidos los documentos emitidos por el Frente Polisario, al no estar reconocido oficialmente como autoridad.
Además, de acuerdo con una de las enmiendas transaccionales aprobadas este jueves en comisión, a las que ha tenido acceso Europa Press, esa condición de saharaui también podrá probarse “valorados en su conjunto” mediante otros documentos: “certificado de escolarización, pensiones de jubilación, permiso de conducir español y certificados de hospitalización y asistencia médica, así como cualquier otro documento de una autoridad administrativa española en el que figure el nacimiento en la excolonia antes del 29 de septiembre de 1977”.
Esa fecha marca el fin del plazo de un año que se concedió a los saharauis para solicitar la nacionalidad tras la salida de las autoridades españolas. La ley admite que, para entonces, la administración española ya había abandonado el territorio, lo que hizo inviable el ejercicio real de ese derecho, tal y como reconoció el Tribunal Supremo.
Entrada en vigor y plazos para solicitar la nacionalidad
Otra enmienda transaccional incorporada al texto fija que la norma entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, dos meses antes de lo previsto inicialmente. La petición para adquirir la nacionalidad no tendrá ningún coste y deberá presentarse en un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la ley.
La iniciativa permaneció más de un año paralizada en el Congreso, y Sumar llevaba desde abril intentando desbloquearla, ofreciendo a los grupos progresistas, incluido el PSOE, un paquete de enmiendas transaccionales que integrase las distintas propuestas.
En junio, las dos formaciones del Gobierno de coalición acercaron posiciones y pactaron una serie de modificaciones sobre el redactado original, que fueron respaldadas el 30 de junio por la ponencia con el apoyo de los socios de izquierda, mientras Junts optó por abstenerse. El PP —que al principio se mostraba favorable a la propuesta— y Vox votaron en contra, aunque quedaron en minoría.
Reducción del tiempo de residencia y debate político
“No estamos regalando la nacionalidad, sino devolviendo un derecho histórico que fue arrebatado”, ha defendido en el debate el portavoz de Sumar y diputado de IU Enrique Santiago, celebrando que se ponga fin a “la discriminación que sufría el pueblo saharaui para adquirir la nacionalidad española por residencia”, ya que los diez años de estancia exigidos hasta ahora se reducirán a dos, el mismo requisito que se aplica a otros colectivos con lazos históricos con España como “los sefardíes, guineanos, filipinos, portugueses o iberoamericanos”.
Los grupos que sostienen al Ejecutivo, junto al PP y Vox, han aprovechado la discusión para reprochar al Gobierno el abandono de la tradicional postura española sobre el Sáhara al respaldar la propuesta de autonomía impulsada por Marruecos, y para reiterar la defensa del derecho del pueblo saharaui a celebrar un referéndum de autodeterminación.
Cruce de reproches entre PSOE y PP
El diputado socialista Artemi Rallo ha sostenido que su formación mantiene desde hace décadas un “compromiso histórico con la causa saharaui desde hace 50 años” y ha acusado al PP de “jugar a confundir” con este asunto, recordando que primero apoyó la tramitación de la ley y después, a su juicio, ha demostrado que lo hizo por “tacticismo y oportunismo” porque en realidad son “indiferentes a la causa saharaui”.
La portavoz del PP, María Jesús Moro, le ha replicado recordando que el PSOE votó en contra de la toma en consideración alegando su rechazo a la concesión de la nacionalidad por “carta de naturaleza”, un mecanismo que ahora sí respalda. “No vamos a obstaculizar pero no tragamos con sus enredos”, ha afirmado, subrayando que la iniciativa no habría llegado tan lejos sin el voto favorable del PP en el debate de toma en consideración en el Pleno.
Desde ERC, Francesc Marc Álvaro Vidal ha recalcado que la medida “llega tarde”. “Hacemos un acto de justicia, pero esto es el mínimo común del imperativo que tenenemos, lo que queda es intentar contribuir a que el pueblo saharaui pueda votar su futuro”, ha señalado, en términos similares a los del diputado de Bildu Jon Iñarritu.
En nombre de Junts, Josep Pagès ha defendido que la concesión de la nacionalidad a los saharauis responde a una cuestión de “justicia, reparación histórica y responsabilidad humanitaria ineludible”, aunque ha censurado la “instrumentalización política” que, a su entender, han hecho el PSOE y el Gobierno de la causa saharaui al reactivar la norma “deprisa y corriendo” en pleno mes de julio tras mantenerla “un año y medio en el congelador”.
La diputada de Podemos Martina Velarde ha advertido de que la nacionalidad no puede convertirse en “moneda de cambio para que el PSOE pretenda lavar su vergonzoso giro político sobre el Sáhara”. “El pueblo saharaui no necesita que le demos una mano mientras le atamos la otra a los intereses diplomáticos de Marruecos”, ha remachado.
Por su parte, el representante del PNV, Mikel Legarda, ha celebrado que la ley permita “salvar, al menos en parte, una responsabilidad histórica y una profunda deuda moral con el pueblo saharaui”.
Dudas de PP y Vox sobre las garantías
PP y Vox han expresado sus recelos sobre las garantías del procedimiento de nacionalización. Desde Vox, Carlos Flores Juberías ha cuestionado también las consecuencias de la medida, al temer que pueda animar a “muchos saharauis a cruzar el Estrecho y entrar en nuestro país”.
Asimismo, ha criticado que la aprobación de esta norma se produzca en un contexto en el que, a su juicio, el Gobierno “está regalando nacionalidades españolas, pasaportes y derecho al sufragio a paladas, entre personas que carecen de cualquier vinculación propia con nuestro territorio”.