La proposición de ley que pretende otorgar la nacionalidad española a quienes nacieron en el Sáhara Occidental cuando era territorio bajo administración española vuelve a quedar aplazada en el Congreso. La votación en el Pleno, que se barajaba para la sesión extraordinaria del 23 de julio, no se producirá finalmente hasta que pase el parón veraniego.
La norma estuvo más de un año paralizada en la 'nevera' del Congreso y Sumar, impulsor de la iniciativa, llevaba desde abril intentando reactivarla. Para ello, ofreció a las formaciones progresistas, incluido el PSOE, una batería de enmiendas transaccionales que integrasen las propuestas de los distintos grupos.
El mes pasado, los dos socios del Gobierno de coalición lograron acercar posiciones y cerraron un acuerdo sobre varios retoques al texto inicial. Estos cambios fueron refrendados el 30 de junio por la ponencia con el respaldo de los aliados de izquierda, mientras que Junts optó por abstenerse. El PP y Vox se posicionaron en contra, aunque quedaron en minoría.
Al ser julio y agosto meses inhábiles en términos parlamentarios, el Ministerio de Justicia pidió a la Mesa del Congreso habilitar julio para seguir con la tramitación. El siguiente trámite es la reunión de la Comisión de Justicia para aprobar su dictamen y, a continuación, elevar la ley al Pleno para su visto bueno definitivo antes de remitirla al Senado.
La idea de Sumar era que la Comisión de Justicia se reuniera el 14 de julio para debatir y votar el dictamen, y que el Pleno lo ratificara la semana siguiente en la sesión extraordinaria prevista para el día 23.
No obstante, según han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Comisión de Justicia no celebrará su reunión hasta el día 23. De este modo, salvo que se convoque un nuevo Pleno extraordinario a finales de agosto, la aprobación en el hemiciclo se retrasará hasta la primera sesión ordinaria de septiembre. Después, aún quedará el examen del Senado.
La ley pretende reconocer la nacionalidad española a los saharauis y a sus descendientes que residían en la antigua provincia española antes del 11 de agosto de 1976, cuando seguía bajo dominio español. Sumar calcula que esta medida podría alcanzar a unas 50.000 personas que viven en los campamentos de Tinduf.
PODRÍA BENEFICIAR A CASI 100.000 PERSONAS
La condición de saharaui nacido en esas circunstancias se podrá probar mediante DNI español (aunque esté caducado), recibos de inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental emitidos por la ONU, certificados de nacimiento, libro de familia, certificados de escolarización, pensiones de jubilación o documentos de hospitalización y asistencia médica, entre otros. El PSOE se ha negado a dar validez a la documentación expedida por el Frente Polisario, al no estar reconocido oficialmente como autoridad.
Además, la norma alcanzaría a los inmigrantes saharauis que residen actualmente en España, que Sumar cifra en unos 30.000. Para ellos, el proyecto contempla que sólo tengan que acreditar dos años de residencia legal y continuada, y no tres, para solicitar la nacionalidad, equiparando así sus derechos a los de ciudadanos procedentes de Hispanoamérica, sefardíes u otros antiguos territorios bajo soberanía española.
La petición para adquirir la nacionalidad no llevará aparejado ningún tipo de tasa y deberá presentarse en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley, que se producirá seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.