La confianza de los españoles en la Justicia atraviesa uno de sus momentos más delicados. Dos sondeos publicados este lunes apuntan en la misma dirección: una parte muy relevante de la ciudadanía cree que los jueces no siempre actúan con neutralidad cuando los procedimientos afectan a dirigentes políticos o a su entorno.
El estudio de 40dB para el País y la Cadena SER concluye que más del 65% de los ciudadanos cree que en España existe lawfare y que solo el 32,2% considera que las resoluciones judiciales sobre asuntos políticos suelen ser “justas e imparciales”.
En paralelo, el sondeo de Ipsos para La Vanguardia refleja que casi seis de cada diez españoles creen que “hay jueces que están haciendo política” y que solo el 41% considera que la mayoría de los jueces actúa de forma imparcial.
Jueces bajo sospecha
El barómetro de 40dB dibuja una ciudadanía escéptica con el funcionamiento del sistema judicial: el 82% cree que la Justicia es demasiado lenta, el 75,5% opina que los partidos intentan influir en las decisiones de los jueces y casi el 63% está muy o bastante de acuerdo con que algunos magistrados toman decisiones guiadas por sus propias ideas políticas.
La percepción de falta de neutralidad se agrava cuando la pregunta se centra en asuntos políticos. Según ese mismo estudio, la confianza media en la Justicia cae hasta el 3,7 sobre 10 cuando se trata de resolver escándalos políticos, frente a notas en torno al aprobado cuando se pregunta por litigios civiles, laborales, contenciosos o procesos penales ordinarios.
Por su parte, la encuesta de Ipsos para La Vanguardia incide en la misma fractura: un 43% considera que la mayoría de los jueces no actúa de manera imparcial, frente al 41% que sí confía en esa imparcialidad. La sospecha no se limita a la izquierda: aunque el recelo es mayor entre votantes de PSOE y Sumar, también un 41% de los electores del PP y casi un 55% de los de Vox admiten que hay jueces que hacen política.
Begoña gómez y García Ortiz, los casos que más dudas generan
El sondeo de La Vanguardia baja al detalle de varios procedimientos judiciales recientes. La causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, es la que genera más dudas: un 43% aprecia falta de imparcialidad, frente al 36% que no ve cuestionable la actuación judicial.
También suscita recelo el procedimiento vinculado al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz: un 37% percibe falta de neutralidad, frente al 32% que no la aprecia.
En el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un 41% no observa parcialidad, pero un 36% sí detecta poca o ninguna imparcialidad.
En el caso Koldo/Ábalos, la percepción cambia: el 50% considera bastante o totalmente imparcial la actuación judicial, aunque un 30% mantiene dudas.
En Kitchen, causa vinculada al exministro popular Jorge Fernández Díaz, el 41% cree que el proceso está siendo imparcial, pero cerca de tres de cada diez consultados también aprecian parcialidad.
El lawfare entra en el debate demoscópico
El trabajo de 40D introduce directamente el término lawfare en la pregunta. El resultado es mayoritario: el 65,4% cree que existe guerra judicial en España. Un 28% considera que se ejerce principalmente contra el Gobierno y los partidos de izquierdas; un 22,6% cree que se usa por igual desde todos los ámbitos políticos; y un 14,8% cree que afecta sobre todo a la oposición y a los partidos de derechas.
El estudio también recoge una lectura ideológica de la judicatura: una de cada tres personas cree que los jueces tienden a favorecer a la derecha, frente a un 16% que piensa que favorecen a la izquierda y un 27% que los considera imparciales.
Los problemas de los españoles
El clima judicial se cruza con otro dato relevante del sondeo de Ipsos para La Vanguardia: la corrupción escala cinco puntos en la lista de preocupaciones y ya inquieta a más del 42% de los españoles. Aun así, la política continúa en cabeza, citada por el 64% de los encuestados como uno de los tres principales problemas del país. La vivienda aparece en segundo lugar, con un 53%.
La preocupación cambia según el bloque ideológico. Para los votantes de PP y Vox, el principal problema es el Gobierno; para los votantes de izquierdas, lo es la vivienda. Entre los electores de Vox, además, la inmigración aparece como segunda gran preocupación.
PP y Vox rozan los 200 diputados
El desgaste institucional y la acumulación de causas judiciales llegan en un momento de ventaja clara para la derecha. Según el sondeo electoral de Ipsos para La Vanguardia, el bloque formado por PP y Vox alcanzaría 196 escaños: 132 para el PP y 64 para Vox.
El PSOE retrocedería hasta los 111 diputados, diez menos que en las generales de 2023, mientras que Sumar caería hasta los 12 escaños y Podemos quedaría fuera del Congreso con un 1,8% de los votos. En estimación de voto, el PP se situaría en el 31,2%, el PSOE en el 27,1%, Vox en el 18,5% y Sumar en el 7,6%.
La encuesta apunta, por tanto, a una doble lectura política: la derecha consolida una mayoría amplia mientras crece la percepción de que la Justicia se ha convertido en un campo más de la batalla partidista. El resultado es un diagnóstico compartido por los dos sondeos: la ciudadanía no solo desconfía de la política, sino que empieza a mirar también con recelo a los tribunales cuando la política llega a los juzgados.
El estudio de 40dB. para el País y la Cadena SER se realizó mediante 2.000 entrevistas online entre el 26 y el 29 de junio de 2026. El sondeo de Ipsos para La Vanguardia se elaboró con 1.306 entrevistas CAWI entre el 16 y el 29 de junio de 2026, con un error muestral de ±2,71 puntos.