QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El reloj de los Presupuestos Generales del Estado 2026 ya está en marcha. Aunque las cuentas no cumplirán con el plazo legal ni está aprobada la senda de déficit, la mayoría de ministerios ya han remitido a Hacienda sus propuestas y el Gobierno negocia ya con los grupos parlamentarios. Las conversaciones están todavía en una fase muy inicial, de sondeo y de intercambio de intenciones. Tanto es así, que aún no se ha hablado con todos los grupos, y con otros, tan solo sobre la senda de déficit (como es el caso del BNG). Ya hubo una reunión con el PNV y se está hablando con EH Bildu y ERC. El resto, espera su turno. El precio que ponen todos a su voto para apoyar las cuentas es muy similar: cumplir lo pactado en el marco de investidura y desbloquear leyes también acordadas que permanecen bloqueadas, la mayoría relacionadas con Vivienda.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ya ha tenido los primeros contactos con el Ministerio de Hacienda para sentar las bases sobre las que negociar. La formación liderada por Aitor Esteban, que aún no habría participado personalmente de las negociaciones y se prevé que entre en un estadio más avanzado, tiene dos demandas paraguas fundamentales: el cumplimiento de los acuerdos rubricados en el pacto de investidura, es decir, traspaso de competencias, convenios autonómicos y gestión tributaria; y retomar las negociaciones de los PGE 2025, esto es, una tasa de reposición propia para los funcionarios vascos y la capacidad de regular su sueldo, así como hablar de los límites de deuda y déficit en el marco del Concierto Económico Vasco.
También se está negociando ya con EH Bildu. La formación abertzale asegura a Demócrata que el foco, como siempre, estará en los avances sociales y económicos, además de partidas territoriales.
Sin entrar en mayor detalle, vinculan los Presupuestos con el desbloqueo de leyes pendientes que ya habían sido consensuadas y permanecen bloqueadas. En concreto, recalcan dos: la Proposición de Ley para prohibir a las plataformas anunciar alojamientos turísticos ilegales y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Mordaza.
En lo que respecta a la primera, la norma pretende descargar sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos que no cuenten con un número de registro o licencia. Cuenta con un severo régimen sancionador, con multas que pueden ascender hasta el millón de euros.
La segunda, la reforma de Mordaza, está estancada. La propuesta se encuentra en fase de ponencia, pero no avanza. Antes del verano, el diputado de Sumar Enrique Santiago citó al resto de ponentes del bloque de investidura a una reunión en su despacho y acudieron PSOE, EH Bildu, PNV y ERC. Junts y Podemos rehusaron. Además, la pugna en el País Vasco entre la izquierda abertzale y los jeltzales está complicando el asunto a cuenta del reconocimiento a la autoridad y las faltas de respeto y desobediencia.
Las conversaciones de EH Bildu con el Gobierno las comanda la propia portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua.
Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) advierte al Gobierno de que no tiene sentido negociar cuestiones nuevas si no se cumple lo previamente acordado. Esta es la primera exigencia, que se terminen de concretar temas como quita de deuda (que ya está en marcha) y las cuestiones relacionadas con Rodalies Catalunya, que se acordó su traspaso integral.
Además, concentrarán sus esfuerzos y arrancar compromisos sociales y, más específicamente, en materia de Vivienda. Consideran que es el mayor de los problemas y que, por mucho que el Ejecutivo anuncie medidas, no cristalizan en soluciones y mucho menos impactan de forma favorable a la ciudadanía.
Por lo demás, ERC está dispuesta a hablar. Unas conversaciones que las está pilotando la dirección del partido en coordinación con la dirección del grupo parlamentario en el Congreso. Oriol Junqueras no está despachando personalmente, pero sí al tanto. En el otro lado de la mesa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y para asuntos puntuales, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Propuesta para Vivienda de ERC El Grupo Republicano tiene registrada una iniciativa para combatir la especulación inmobiliaria que, además, comparte algunas medidas con la impulsada por el Grupo Socialista, como la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos o la eliminación de los beneficios fiscales de las SOCIMI. También plantean crear un nuevo impuesto a la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y concebido como un complemento al IVA. Este tributo busca penalizar la concentración especulativa de vivienda y fomentar la movilización hacia la tenencia en propiedad de la misma residencia y hacia el alquiler por vivienda habitual y social.
Uno de los “huesos más duros” en palabras de fuentes de Hacienda, Podemos, aún no ha iniciado las conversaciones con el Ejecutivo. Sin embargo, los morados tienen clara su casilla de salida. En Vivienda, plantean la bajada por ley de un 40% de los alquileres y la prohibición de operaciones de compraventa si no es con fin residencial. Además, aspiran al embargo total a Israel y la ruptura de relaciones; así como a frenar el aumento del gasto militar. Ione Belarra espera la llamada del Ejecutivo. Aunque aún desconocen quién será el interlocutor, creen que Bolaños será el encargado.
El otro “hueso duro”, Junts, mantiene en secreto sus demandas, aunque desde hace meses ponen el foco en la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía de manera que Carles Puigdemont pueda regresar a España. A este deseo, habría que sumarle el último, truncado por el Congreso: el traspaso de competencias migratorias a Cataluña.
