"El Gobierno sigue negociando para sacar este real decreto-ley adelante". Así de tajante se ha expresado el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ante las voces que desde Sumar han insinuado que el PSOE les ha dejado solos en la defensa de la prórroga de los alquileres.
"Hay que aclarar que cuando negocia un ministro, lo hace el Gobierno, no una parte", ha insistido el diputado socialista que, además, ha mandado un mensaje claro al socio minoritario del Ejecutivo: "Sumar no debería equivocarse de adversario, el PSOE va a poner sus 120 diputados".
Aunque la ley está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, como todo decreto ley tiene que someterse a una votación definitiva en el Congreso para su convalidación o derogación.
López ha instado a poner el foco en aquellos que van a votar 'no' "sabiendo que van en contra de los intereses de tres millones de inquilinos". Ante la posibilidad de volver a aprobar otro real decreto-ley para prorrogar los efectos de la norma el portavoz ha respondido: "Paso a paso".
Fuentes socialistas también recuerdan que si los plazos de negociación han jugado en su contra es porque Sumar forzó la aprobación de esta iniciativa, a pesar de las advertencias sobre la falta de apoyos. La formación que lidera Yolanda Díaz retrasó el inicio de la reunión del Consejo de Ministros extraordinario sobre el plan anticrisis contra la guerra de Irán hasta que logró el compromiso del presidente del Congreso para aprobar un real decreto-ley con ayudas al alquiler.
Termómetro de apoyos
A estas alturas de la jornada, no hay visos de que el real decreto-ley de alquileres salga adelante. A primera hora de este martes el PNV anunciaba su abstención lo que ha trasladado toda la presión a Junts. Con los populares y Vox inmóviles en el 'no', la norma solo lograría seguir en vigor si los independentistas votan a favor.
Sin embargo, fuentes próximas a las conversaciones confirman que Junts sigue en el mismo punto que cuando se aprobó el real decreto-ley en el Consejo de Ministros: en contra.
PLAN VIVIENDA
Este revés en la política de vivienda del Ejecutivo, llega una semana después de que el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030.
El paquete de medidas, dotado con 7.000 millones de euros, está condicionada a una protección permanente de las nuevas viviendas que se incorporen al parque público o, en caso de tratarse de colaboración pública-privada, estén sometidas a un régimen de protección que asegure un precio asequible.
