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Una moción de censura contra el presidente del Gobierno en España es un procedimiento muy reglado que exige mayorías reforzadas y varios trámites formales en el Congreso. Debe ser constructiva, es decir, incluir siempre un candidato alternativo a la Presidencia, y estar firmada al menos por una décima parte de los diputados. Tras su admisión por la Mesa, se abre un plazo para mociones alternativas y se convoca un Pleno específico de debate y votación. Solo si obtiene mayoría absoluta de los diputados el candidato propuesto queda automáticamente investido y el presidente cesa; si se rechaza, se limita la presentación de nuevas mociones en un tiempo determinado.

1. Requisitos para presentar la moción de censura

La moción de censura está regulada en la Constitución española (art. 113 y 114) y en el Reglamento del Congreso. Los elementos esenciales son:

a) Número mínimo de firmantes
La iniciativa debe estar suscrita, como mínimo, por una décima parte de los diputados del Congreso. En una Cámara de 350 escaños, esto supone al menos 35 diputados. Pueden firmarla uno o varios grupos parlamentarios, o una combinación de estos con diputados del Grupo Mixto, siempre que se alcance ese umbral.

b) Carácter constructivo
La moción de censura en España es siempre constructiva. Esto implica que no basta con pedir la destitución del presidente del Gobierno: es obligatorio proponer simultáneamente un candidato alternativo a la Presidencia. El texto de la moción debe identificar expresamente a esa persona, que será la que se someta a la confianza de la Cámara si la moción prospera.

c) Presentación formal
La moción se presenta por escrito ante la Mesa del Congreso, incluyendo la exposición de motivos, la lista de firmantes y la designación del candidato alternativo. El Reglamento actúa como “manual de uso” de la Cámara: fija estos requisitos formales, sin los cuales la iniciativa no puede ni siquiera debatirse.

2. Admisión a trámite por la Mesa del Congreso

Una vez registrada, la Mesa del Congreso examina si la moción cumple con los requisitos constitucionales y reglamentarios:

a) Comprobación de requisitos
La Mesa verifica el número y la condición de los firmantes (que sean diputados en pleno ejercicio de su cargo), la existencia de candidato propuesto y el cumplimiento de las formalidades. Si falta algún elemento esencial, puede inadmitir la moción.

b) Calificación y admisión
Si se considera correcta, la Mesa la califica y la admite a trámite. Desde ese momento, queda formalmente registrada como moción de censura en curso y se comunica a los grupos parlamentarios y al Gobierno.

3. Plazo para mociones alternativas

Admitida una moción de censura, se abre un plazo (establecido en el Reglamento) durante el cual se pueden presentar mociones de censura alternativas, también constructivas y con candidato propio, y que deben cumplir los mismos requisitos de firma mínima. Todas las mociones alternativas que se presenten dentro de ese plazo se ordenan luego para su debate en el Pleno, siguiendo las reglas que fija el Reglamento del Congreso.

4. Debate en el Pleno del Congreso

El presidente del Congreso convoca un Pleno específico para el debate de la moción, con una estructura muy pautada:

a) Intervención inicial
En primer lugar, uno de los diputados firmantes defiende la moción de censura y expone los motivos por los que se solicita la retirada de la confianza al presidente del Gobierno y el programa del candidato alternativo. A continuación, el candidato propuesto puede tomar la palabra para presentar su programa de Gobierno.

b) Intervención del Gobierno
El presidente del Gobierno o los miembros del Ejecutivo que este designe disponen de turno para responder a la moción, defendiendo su gestión y cuestionando los argumentos de los proponentes.

c) Turnos de los grupos parlamentarios
Después intervienen los portavoces de todos los grupos parlamentarios, con tiempos tasados por el Reglamento. Defienden su posición a favor o en contra de la moción, o anuncian su abstención. Pueden producirse réplicas y contrarréplicas dentro de los límites temporales establecidos.

5. Votación y mayorías requeridas

Concluido el debate, se procede a la votación de la moción de censura:

a) Mayoría absoluta
Para que prospere, la moción debe obtener mayoría absoluta de los miembros del Congreso, no solo de los presentes. Es decir, en una Cámara completa de 350 diputados, se requieren al menos 176 votos afirmativos.

b) Votación pública
La votación es normalmente pública y por llamamiento, de modo que queda constancia nominal del sentido del voto de cada diputado, reforzando la responsabilidad política individual.

6. Efectos de la aprobación o del rechazo

a) Si la moción es aprobada
Si se alcanza la mayoría absoluta: el Congreso retira su confianza al presidente del Gobierno y, de forma automática, se entiende otorgada al candidato propuesto en la moción. El presidente censurado cesa y el candidato alternativo es nombrado presidente del Gobierno por el Rey, sin necesidad de una nueva sesión de investidura.

b) Si la moción es rechazada
Si no se alcanza la mayoría absoluta, la moción de censura se considera rechazada. En ese caso, el presidente del Gobierno se refuerza políticamente, porque ha superado un intento de destitución, y se activa una limitación temporal: los firmantes de la moción rechazada no pueden presentar una nueva moción de censura en el mismo período de sesiones, y el Reglamento impide que se usen las mociones de forma reiterada como instrumento de obstrucción.

En resumen, el procedimiento de moción de censura en España está diseñado para que solo prospere cuando exista una mayoría parlamentaria clara y una alternativa de gobierno preparada, lo que introduce estabilidad institucional y evita crisis abiertas sin solución de reemplazo.

La Constitución Española configura al presidente del Gobierno como el órgano que dirige la acción del Ejecutivo y coordina a sus miembros, además de ser pieza clave en las relaciones entre el Gobierno, el Rey y las Cortes Generales. Sus competencias se reparten entre funciones de dirección política, coordinación interna del Gobierno, responsabilidad parlamentaria y papel central en la formación y cese del Ejecutivo. Aunque muchas se enuncian genéricamente en la propia Constitución, otras se concretan por remisión a los actos del Rey que el presidente propone o refrenda. En conjunto, la figura del presidente es el verdadero centro de gravedad del poder ejecutivo en el sistema parlamentario español.

1. Dirección de la acción del Gobierno y de la política general

La competencia nuclear del presidente del Gobierno es dirigir la acción del Gobierno y la política interior y exterior del Estado. Esta dirección implica fijar las principales orientaciones políticas, decidir prioridades legislativas, coordinar la respuesta del Ejecutivo ante crisis y representar políticamente al Gobierno ante las Cortes y la opinión pública. La Constitución le atribuye, además, la coordinación de los demás miembros del Gobierno, lo que le permite ordenar la actividad de los ministerios, arbitrar conflictos entre departamentos y establecer la estructura y funcionamiento interno del Ejecutivo (por ejemplo, creando o suprimiendo ministerios mediante reales decretos). De este modo, el Gobierno no es un órgano colegiado de ministros iguales, sino un equipo jerarquizado bajo la dirección del presidente.

2. Competencias en la composición y organización del Gobierno

El presidente del Gobierno tiene un papel determinante en la designación y cese de los ministros. Aunque formalmente el Rey nombra y separa a los miembros del Gobierno, lo hace a propuesta exclusiva del presidente, por lo que en la práctica es el presidente quien elige su gabinete, remodela carteras y decide ceses. También propone al Rey el nombramiento y cese de los vicepresidentes del Gobierno, cuando los hay, e impulsa los cambios en la estructura ministerial. Junto a ello, le corresponde convocar, fijar el orden del día, presidir y dirigir las deliberaciones del Consejo de Ministros, así como firmar y refrendar los acuerdos adoptados. Esa posición de superioridad funcional le confiere la competencia para asegurar la unidad de acción del Ejecutivo y evitar que cada ministerio actúe de forma desconectada.

3. Relación con el Rey: propuesta y refrendo

Aunque el Rey conserva determinadas funciones constitucionales, la Constitución establece que muchos de esos actos requieran propuesta o refrendo del presidente del Gobierno. En la práctica, el presidente propone al Rey el nombramiento y separación de los ministros, la convocatoria y disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales. También refrenda, entre otros, los actos del Rey relacionados con la dirección política ordinaria (por ejemplo, la expedición de los decretos acordados en Consejo de Ministros). El refrendo implica que la responsabilidad política de esos actos recae en el presidente y no en el Rey, reforzando el carácter parlamentario de la Monarquía. De este modo, el presidente es el intermediario imprescindible entre la Corona y el sistema político.

4. Relación con las Cortes Generales y responsabilidad política

El presidente del Gobierno responde políticamente ante el Congreso de los Diputados, que puede exigir su responsabilidad a través de la moción de censura o la cuestión de confianza. En la moción de censura, el Congreso puede sustituir al presidente por otro candidato si reúne la mayoría necesaria, lo que hace del presidente la figura directamente vinculada a la confianza parlamentaria. Además, el presidente interviene en los debates de investidura en los que solicita la confianza del Congreso para formar Gobierno y se convierte, una vez nombrado, en interlocutor principal del Ejecutivo con las Cámaras. Puede solicitar comparecencias, participar en los debates más relevantes y, en coordinación con su mayoría, impulsar la tramitación de proyectos de ley y de reales decretos-leyes cuya convalidación corresponde al Parlamento.

5. Nombramiento y cese del presidente y del Gobierno

La Constitución atribuye al presidente un papel clave tanto en su propio nombramiento como en el inicio y final del mandato del Gobierno. Tras las elecciones, el Rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno, que debe obtener la confianza del Congreso mediante el debate de investidura; una vez lograda, el Rey lo nombra formalmente. El cese del presidente se produce, entre otros supuestos, por pérdida de la confianza parlamentaria, dimisión, fallecimiento o celebración de nuevas elecciones generales. Cuando cesa el presidente, cesa en bloque todo el Gobierno, que continúa en funciones bajo su autoridad hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo; durante ese periodo, sus competencias se ven limitadas a la gestión ordinaria y a evitar decisiones que condicionen en exceso al Gobierno entrante.

6. Síntesis: centro del Ejecutivo en un sistema parlamentario

La combinación de competencias de dirección política, control de la composición del gabinete, control de la agenda del Consejo de Ministros, capacidad de propuesta y refrendo ante el Rey y responsabilidad directa ante el Congreso convierte al presidente del Gobierno en el vértice del poder ejecutivo. No es solo un “primus inter pares” entre ministros, sino el titular de una posición institucional propia, que articula la relación entre Gobierno, Parlamento y Corona. Esta configuración encaja con el modelo de monarquía parlamentaria en el que el Rey reina pero no gobierna y en el que la legitimidad del Ejecutivo se deriva de la confianza de la Cámara baja, personificada en la figura del presidente del Gobierno.

En las últimas elecciones generales celebradas en España, el 23 de julio de 2023, el PSOE obtuvo 121 escaños en el Congreso de los Diputados y el 31,68% de los votos (7.821.718 sufragios) a nivel nacional. Estos resultados situaron al Partido Popular como primera fuerza en escaños, pero permitieron al PSOE de Pedro Sánchez articular después una mayoría parlamentaria suficiente para seguir en el Gobierno mediante acuerdos con otras formaciones. A fecha de hoy, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene formalmente esos mismos 121 diputados en el Congreso, ya que las bajas y sustituciones se han cubierto con otros miembros del propio partido. No se han registrado pérdidas netas de escaños por transfuguismo que alteren la cifra total, aunque sí ha habido movimientos internos relevantes en la composición del grupo.

Resultados del PSOE en las elecciones generales de 23 de julio de 2023

En los comicios generales del 23 de julio de 2023, el Partido Socialista Obrero Español se consolidó como la segunda fuerza en el Congreso, con un resultado que, aunque por detrás del PP, fue suficiente para seguir siendo el eje del bloque de investidura. Según los datos oficiales de resultados electorales, el PSOE obtuvo:

– 7.821.718 votos en el Congreso de los Diputados, lo que representa un 31,68% de los votos emitidos a nivel estatal.
– 121 escaños de un total de 350 en la Cámara Baja.
– Además, logró 72 senadores electos de 208, con otros 21 senadores de designación autonómica pendientes en aquel momento, lo que configuró un importante peso también en el Senado.

Esta distribución puede consultarse en los resultados oficiales y recopilaciones estadísticas de las elecciones generales de 2023, como las que ofrecen RTVE, el análisis histórico de Newtral o los resúmenes en Wikipedia sobre las elecciones generales de 2023 y el anexo de resultados históricos. También el propio partido recoge estos comicios entre sus materiales de campaña y balance político en los contenidos etiquetados como “elecciones” en su web oficial (PSOE).

Aunque el Partido Popular obtuvo más diputados (137), el PSOE logró articular una mayoría parlamentaria de investidura a partir de noviembre de 2023, con acuerdos con Sumar, ERC, Junts y otras fuerzas. Ese contexto explica por qué, pese a ser el segundo grupo en tamaño, el PSOE siguió liderando el Gobierno.

Número de diputados actuales del PSOE en el Congreso

A día de hoy, 24 de junio de 2026, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso sigue contando formalmente con 121 diputados, la misma cifra que logró en las elecciones de julio de 2023. Las variaciones producidas a lo largo de la legislatura se han debido fundamentalmente a renuncias y sustituciones, pero siempre dentro de las listas del propio PSOE, de manera que el reparto de escaños entre grupos parlamentarios no se ha modificado.

De acuerdo con la información parlamentaria y el seguimiento de la renovación de escaños, el Congreso ha experimentado un número relevante de cambios de acta desde el inicio de la legislatura, y el PSOE es uno de los grupos con mayor rotación interna. En una información analizada por el diario El Demócrata, se indica que 21 diputados socialistas han dejado su escaño desde el comienzo de la legislatura, lo que representa un 18,33% de su grupo inicial, dato que encaja con un grupo de 121 miembros aproximadamente.

Esas bajas se han producido por distintos motivos: nombramientos como ministros o altos cargos del Gobierno, asunción de responsabilidades en administraciones autonómicas o locales, designaciones en embajadas u organismos públicos, o decisiones personales de abandonar la actividad parlamentaria. Entre los ejemplos citados se encuentran casos de ministros que renunciaron al acta tras ser nombrados miembros del Ejecutivo (como titulares de carteras de Defensa, Exteriores, Educación, Ciencia, Interior, Vivienda o Agricultura), o exministros que pasaron a embajadas y empresas públicas. También se menciona la salida de la ex vicepresidenta Carmen Calvo para presidir el Consejo de Estado, o el relevo de distintos diputados que asumieron responsabilidades de gobierno en otros niveles.

Sin embargo, todas estas renuncias han sido seguidas de la correspondiente sustitución por los siguientes candidatos de la lista socialista en la circunscripción correspondiente, de modo que el número de escaños asignados al PSOE no ha variado. No se dispone de datos que indiquen un trasvase estable de diputados socialistas a otros grupos parlamentarios que haya reducido el tamaño oficial del Grupo Socialista; las informaciones disponibles no señalan casos de transfuguismo que hayan alterado la cifra de 121 diputados a fecha de hoy.

En paralelo, las encuestas electorales recientes sí apuntan a escenarios en los que el PSOE podría reducir su representación en unas futuras elecciones (algunas proyecciones lo sitúan en horquillas de 100–103 diputados), pero estas estimaciones demoscópicas no afectan a la composición actual del Congreso. Hasta que no se convoquen y celebren nuevos comicios generales, el reparto de escaños vigente sigue siendo el derivado de las elecciones de 2023.

Conclusión

Resumiendo, el PSOE obtuvo 121 escaños y un 31,68% de los votos en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, resultado que le permitió mantenerse en la Presidencia del Gobierno mediante acuerdos parlamentarios. Durante la legislatura ha experimentado una elevada rotación interna (en torno a una quinta parte de sus diputados iniciales han sido sustituidos), pero siempre dentro de las propias listas socialistas. Por ello, a fecha 24 de junio de 2026 el Grupo Parlamentario Socialista mantiene oficialmente 121 diputados en el Congreso de los Diputados, sin cambios en el reparto de escaños entre fuerzas políticas desde las elecciones.