Vox ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que reclama cerrar “de forma inmediata” las mezquitas que, a su juicio, fomenten el yihadismo, así como suprimir las subvenciones públicas a organizaciones y asociaciones vinculadas con la radicalización islamista o que “promuevan o faciliten la inmigración ilegal”.
La formación que encabeza Santiago Abascal pretende que esta iniciativa se debata en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, donde el PP dispone del voto clave para que salga adelante, ya que entre ambos partidos suman mayoría absoluta.
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se pide al Gobierno que declare como “situación de interés” para la seguridad nacional tanto la crisis migratoria como la amenaza terrorista que, según Vox, “se infiltra a través de esos mismos flujos de inmigración ilegal hacia España”. Igualmente, solicita contemplar el uso de todos los recursos humanos y materiales “necesarios y suficientes” para la “prevención, protección y disuasión” de la entrada en territorio español de potenciales terroristas.
La proposición incluye además la elaboración de un plan específico para reforzar las unidades de información, análisis, investigación, inteligencia y prospectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) orientadas a prevenir y desarticular los vínculos entre inmigración irregular y terrorismo yihadista, siguiendo las advertencias y recomendaciones de Europol.
Vox propone también intensificar la presencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el Sahel con el fin de mejorar las redes de alerta en la lucha antiterrorista, y aumentar “sensiblemente” los efectivos de las FCSE y de las Fuerzas Armadas en Ceuta, Melilla, Islas Baleares e Islas Canarias, ajustando los medios a las necesidades concretas para salvaguardar la integridad de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas.
MÁS POLICÍAS Y MENOS GUETOS
La iniciativa parlamentaria contempla un plan específico contra las redes de tráfico de personas y contra las ONG que, según Vox, cooperan con ellas. Asimismo, demanda asegurar una presencia policial que “imposibilite la creación de guetos”, que, a juicio del partido, ya se han consolidado en numerosos puntos de Europa, donde sostiene que “el Estado de Derecho desaparece” y se impone “la ley islámica, la rivalidad entre bandas y el crimen organizado”.
En el ámbito de la radicalización islamista, el texto plantea establecer un marco común a escala estatal que incorpore planes integrales de prevención, vigilancia y actuación frente a la radicalización fundamentalista, con especial atención a la infancia y la adolescencia.
También aboga por reforzar la cooperación entre la Administración, la sociedad civil y la ciudadanía en general para combatir el yihadismo, así como por impulsar medidas y protocolos en centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, centros de protección de menores y centros de internamiento de menores infractores que resulten eficaces en el control y lucha contra este fenómeno.
UN CENTENAR DE DETENIDOS POR YIHADISMO EN 2025
En la exposición de motivos, Vox afirma que España cerró 2025 con 100 personas detenidas por delitos de yihadismo, la cifra más alta desde los atentados del 11 de marzo de 2004. En este contexto, cita al secretario general del Cni, Luis García Terán, para subrayar que la amenaza terrorista “está evolucionando, está siendo cada vez más complicada y está siendo cada vez más difícil de neutralizar”.
El partido de derechas sostiene que Cataluña concentra el mayor número de arrestos por este tipo de delitos y ocupa además el tercer lugar en porcentaje de residentes con nacionalidad extranjera y el segundo puesto en porcentaje de residentes nacidos fuera de España.
Vox pone el foco, de forma particular, en el aumento de menores implicados en casos de radicalización, lo que, según recoge la iniciativa, evidencia la consolidación del rejuvenecimiento del extremismo por factores como “la centralidad de los espacios virtuales”.
El texto añade que la inmigración ilegal en España atraviesa “uno de sus momentos de mayor magnitud” en términos cuantitativos y alude a un informe de Funcas que estima que el número de inmigrantes en situación irregular residentes en el país podría haber alcanzado, a 1 de enero de 2025, las 840.000 personas.
LA INMIGRACIÓN IRREGULAR, UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD NACIONAL
La formación se remite igualmente al Informe Anual de Seguridad Nacional 2024, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, para destacar que los flujos migratorios irregulares figuran como la tercera principal amenaza para la seguridad nacional de España.
Ese informe apunta además a un cambio en el perfil del inmigrante en situación irregular respecto a 2023, ya que en 2024 el origen predominante se situaría en la región del Sahel, lo que, a juicio de Vox, incrementa el riesgo potencial por la inestabilidad política de la zona y la proliferación de grupos yihadistas.
Vox concluye que, a la vista de estos elementos, “urge aplicar” la Ley de Seguridad Nacional, al considerar que el bienestar de los ciudadanos constituye un ámbito de especial interés para la Seguridad Nacional y puede ser declarado situación de interés a estos efectos.