El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGP) Andrés Ruiz ha dado a conocer este lunes el paquete de enmiendas que su grupo ha registrado a la ley del Servicio Público de Empleo del Principado que se tramita en la Cámara autonómica, un texto que, en su opinión, se queda “excesivamente corta”.
En una rueda de prensa en Oviedo, señaló que esta norma es la principal herramienta con la que cuenta Asturias para “poder solucionar y curar las heridas de nuestro mercado laboral”, recordando que en la comunidad hay 51.000 personas inscritas como paradas, “pero el paro real sube hasta los 64.200, llevamos encadenados cuatro meses consecutivos de subida del paro y los últimos datos que hemos conocido son los peores desde octubre de 2024”.
El parlamentario ‘popular’ apuntó a un incremento de la temporalidad que se mantiene de forma continuada, a la peor tasa de actividad del país y a las dificultades específicas de dos grupos clave: los jóvenes y las personas mayores de 55 años, es decir, quienes tratan de incorporarse al mercado de trabajo y quienes afrontan sus últimos años de vida laboral.
Por este motivo, Ruiz sostuvo que la ley del Sepepa “debe ser mucho más ambiciosa que la que nos ha presentado el Gobierno del Principado, porque está excesivamente centrada en el propio ente, en la propia burocracia y los procesos internos del mismo, y es una ley que se mira demasiado el ombligo para pensar en su función como ente público y no la función social y la función transformadora que debe tener un servicio público de empleo en el mercado laboral asturiano”.
El representante del PP detalló la presentación de 16 enmiendas con las que pretenden dar respuesta a estos retos, y afirmó que, “Aun sin ser la ley que el Partido Popular hubiese presentado, podamos estar en disposición de dar un voto favorable si se aceptan”, mostrando su confianza en que el Gobierno asturiano y el resto de grupos valoren sus propuestas.
Una de las modificaciones se orienta a redefinir los fines y objetivos del servicio público de empleo, poniendo el acento “en la mejora de la actividad, en el retorno del talento y en la lucha contra la despoblación”.
Asimismo, el PP plantea dos enmiendas dirigidas a reforzar la protección de los usuarios de los servicios públicos de empleo, elevando a la categoría de derecho la atención presencial en el Sepepa, garantizando la salvaguarda de los datos personales y exigiendo que los procesos de inteligencia artificial eviten sesgos en la asignación de empresas o en la mejora de la empleabilidad de los desempleados asturianos.
“También nos centramos en las empresas y entidades del tercer sector, dando menos burocracia para aquellas empresas que, por su situación, no están contratando con el Sepepa para que no se vean obligadas a estar comunicando constantemente sus ofertas de empleo, e impulsando convenios para programas de inserción de colectivos con empresas especialmente dedicadas a la colocación de trabajadores cuando haya grandes bolsas de parados provenientes de reconversiones o de procesos colectivos de despido”, explicó.
Ruiz subrayó que el PP incorpora también propuestas sobre la dimensión local de las políticas activas de empleo, partiendo de que en la ley no se recoge “el respeto a los ayuntamientos, a su función y a su trabajo dentro de las políticas activas de empleo”.
En este sentido, los ‘populares’ plantean que los ayuntamientos tengan presencia en el Consejo Rector a través de la Federación Asturiana de Concejos y Comarcas, además de reforzar el papel del Foro Territorial de Empleo. “Queremos blindar en esta ley el diálogo con los ayuntamientos y la posibilidad de sacar subvenciones de concurrencia competitiva que se ponen en duda en el proyecto”, ha explicado.
“En cuanto a los planes territoriales, el PP propone integrar dentro de la estructura de los servicios públicos de empleo una herramienta que es la concertación territorial entre Principado, ayuntamientos, sindicatos y asociaciones empresariales, tanto de las comarcas como del conjunto de Asturias, para crear estrategias territoriales que atiendan a la diversidad en el empleo de las comarcas asturianas”, subrayó.
Según Ruiz, este enfoque sería un avance importante para que “entre todos podamos ir poniendo el foco en las necesidades territorializadas del mercado laboral asturiano”.
Además, el PP incorpora una enmienda destinada a evaluar el impacto y el retorno social y económico de las inversiones, subvenciones y programas desarrollados por los servicios públicos de empleo, de forma que cada año el Sepepa deba analizar qué resultados están generando las distintas medidas, con el fin de decidir sobre su continuidad, refuerzo o modificación.
Andrés Ruiz expresó también su sorpresa porque el proyecto de ley “hablase muy poco de la orientación laboral y de cómo el Servicio Público de Empleo dialoga con el sistema educativo asturiano, especialmente con los institutos de secundaria y bachillerato, con los centros de formación profesional y con el sistema universitario asturiano”.
Por ello, añadió, mediante otra enmienda se pretende blindar esa colaboración entre los servicios públicos de empleo y el sistema educativo asturiano, estableciendo mecanismos de coordinación que permitan mejorar la orientación profesional de los estudiantes de la región, tal y como “pide la inmensa mayoría del tejido productivo asturiano”.