La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha acudido de forma extraordinaria al pleno de la Asamblea Regional, a petición de los grupos de la oposición, para aclarar la investigación en marcha sobre el presunto fraude millonario ligado al uso y facturación de material quirúrgico irregular en el Servicio Murciano de Salud (SMS).
Ayala ha defendido que su departamento ha actuado con “total transparencia, rigor técnico y diligencia” y ha recalcado que la causa judicial se origina en una auditoría interna impulsada por la propia Inspección de Servicios Sanitarios de la Comunidad, y no por una denuncia externa.
“La Consejería es quien denuncia y el SMS está personado como perjudicado; somos víctimas de este presunto fraude económico”, ha subrayado la consejera, que ha detallado las medidas disciplinarias adoptadas contra los trabajadores supuestamente implicados en la red.
Según ha explicado, una vez finalizada la auditoría interna en noviembre de 2024, los hechos se remitieron a la Fiscalía y se apartó de sus funciones, con suspensión de empleo y sueldo, a tres profesionales del Área 1 de Salud: dos responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y el jefe de Sección de Radiología Vascular Intervencionista.
La titular de Salud ha precisado que actualmente hay 13 personas investigadas por el juzgado y que entre ellas “no hay ningún cargo político”. Ha descrito el caso como una estafa económica basada en la “manipulación de partes quirúrgicos para inflar las facturas”.
“No está verificado que se hayan implantado prótesis caducadas”, ha afirmado Ayala, que ha insistido en que el SMS ha revisado uno por uno a todos los pacientes atendidos por el facultativo señalado en un centro concertado, sin que se haya detectado ningún efecto clínico adverso.
“Es una irresponsabilidad sembrar alarmas falsas utilizando la salud de las personas como herramienta política para tapar la corrupción del PSOE”, ha reprochado la consejera, dirigiendo sus críticas a la bancada socialista.
Refuerzo de la inspección y control económico
Ayala ha detallado un paquete de medidas de control activado desde 2025. Entre ellas, ha resaltado el refuerzo del Servicio de Inspección Sanitaria con la incorporación de 15 nuevos profesionales —inspectores médicos, farmacéuticos y de Enfermería—, junto con la creación de una unidad específica de control económico dentro de la propia Inspección, dotada con cuatro inspectores encargados de auditar las compras del sistema sanitario regional.
A estas actuaciones se suma la próxima puesta en marcha del nuevo Registro Regional de Prótesis Implantables, una herramienta tecnológica diseñada para asegurar la trazabilidad completa de cualquier dispositivo, desde su entrada en el almacén hasta su utilización en quirófano.
La consejera ha asegurado que la Comunidad “irá hasta el final” para recuperar el dinero defraudado por lo que ha definido como “unos delincuentes conchabados”, y ha lanzado un mensaje de confianza en el sistema sanitario murciano y en la labor de sus más de 29.000 profesionales en activo.
La oposición exige la dimisión de Ayala
En el turno de réplica, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, María Soledad Sánchez, ha acusado a Ayala de “mentir desde el primer minuto” y ha sostenido que su designación por parte del presidente regional, Fernando López Miras, obedece al propósito de “controlarlo todo y tapar la trama”.
Sánchez ha recordado que Ayala fue directora general de Asistencia Sanitaria entre 2021 y 2023, puesto ligado a la presidencia del órgano que selecciona y homologa las prótesis, y posteriormente gerente del SMS. También ha aludido a los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), señalando que la Policía Nacional describe un entramado estructural mantenido durante más de 15 años. “Es una estupidez pretender que los ciudadanos se crean que ninguno de ustedes se enteró de nada”, ha reprochado.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, la diputada María del Carmen Ruiz Jódar ha equiparado la estrategia del PSOE y de Vox, asegurando que ambos actúan coordinados como una “pinza” y representan “exactamente lo mismo”. Ha acusado al portavoz de Vox, Ignacio Arcas, de ejercer como “la muleta del peor socialismo” y ha enmarcado la comparecencia en una “maniobra típica de las cloacas de Ferraz y de Moncloa” para desviar la atención de los casos de ámbito estatal.
“Esta semana tocaba Murcia para poner el ventilador ante una semana grande del sanchismo, que acumula más de 80 imputados entre familiares, ministros y directores generales”, ha lanzado Ruiz Jódar, que ha recordado otras denuncias de la izquierda en materia sanitaria que, según ha dicho, resultaron “una farsa o están archivadas por el Tribunal de Cuentas”, como el supuesto desmantelamiento del hospital Rafael Méndez, las comisiones por derivaciones a la privada o los cribados de cáncer de mama.
Frente a lo que ha descrito como “un linchamiento marrullero”, la diputada del PP ha defendido el modelo del Ejecutivo autonómico y ha remarcado que “si este fraude se está investigando, es única y exclusivamente porque la Consejería de Salud dio la voz de alarma”. Ha comparado esta actuación —cesar de inmediato a los técnicos y denunciar los hechos— con casos como el ‘caso Koldo’. “Nosotros ante el delito denunciamos; si fuéramos socialistas habríamos usado fontaneros para taparlo y coaccionar a la prensa”, ha concluido.
El portavoz de Vox, Ignacio Arcas, ha sostenido que el escándalo de las prótesis refleja “el agotamiento y la podredumbre” que rodean al Gobierno de López Miras tras años de “sensación de impunidad”. Ha acusado al PP de tratar de ocultar la corrupción en el SMS y ha rechazado la teoría de la “pinza”, afirmando que la única pinza “es la que los españoles se tuvieron que poner en la nariz para votar al PP de Rajoy” y calificando a los ‘populares’ como la verdadera “coalición” del PSOE en Bruselas.
Arcas ha reprochado a Ayala que hoy dirija la Consejería de Salud después de haber sido la máxima responsable de las áreas donde presuntamente se produjeron las irregularidades desde 2021, como directora de Asistencia Sanitaria. “Si no se enteró en cuatro años de lo que tenía en la cara, debe irse; y si lo conocía y lo consintió, debe dimitir”, ha afirmado, advirtiendo de que el último informe encargado por el juez “hará saltar al Gobierno por los aires” y augurándole un futuro político corto.
Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos-IU-AV, María Marín, ha reclamado la dimisión inmediata de la consejera, a la que ha acusado de estar “manchada de corrupción hasta las cejas” y de ser “parte del problema”. Ha recalcado que Ayala dirigió el SMS entre 2023 y 2026, etapa en la que, según ha dicho, la trama operó “con su conocimiento y complacencia”. “La verdad saldrá a la luz. Más vale que la diga aquí y no en la cárcel de Sangonera”, ha manifestado en la tribuna.
El diputado José Luis Álvarez-Castellanos, en nombre de IU-Verdes, ha cuestionado la versión de que se trate solo de un fraude económico sin derivadas políticas. “¿Cómo es posible que un asunto donde no hay relevancia política haya comenzado con el cese del anterior consejero de Salud?”, ha planteado, poniendo en duda la tesis defendida por el Gobierno regional.