El Consejo General de Enfermería ha reclamado a las fuerzas políticas “una reclasificación profesional justa, afrontar la escasez de enfermeras y potenciar la prescripción y las especialidades”, propuestas que figuran entre las que ha trasladado ante las elecciones generales del 29 de noviembre (29N).
En detalle, la organización colegial ha enviado a los partidos que concurren a las urnas “las ocho medidas sanitarias más urgentes que debe abordar el Gobierno que salga de las urnas”. Con ello, persigue “garantizar la atención y los cuidados de una población envejecida y cada vez más afectada por patologías crónicas”.
Para la entidad, ha llegado el momento de abordar “una serie de reformas estructurales postergadas desde hace demasiados años y que pasan, por ejemplo, por acabar con el déficit crónico de más de 100.000 enfermeras y enfermeros solo para alcanzar la media europea de estos profesionales”. “Eso incluye tomar medidas para frenar la fuga de enfermeras al extranjero, huyendo en muchos casos de la inestabilidad laboral y la falta de perspectivas de desarrollo profesional”, ha remarcado.
“Este déficit de profesionales compromete la calidad de los cuidados y obliga a las enfermeras a asumir una mayor carga asistencial, frecuentemente con recursos y condiciones limitadas, lo que genera un importante desgaste físico y emocional, agotamiento y dificultades para garantizar una atención de calidad”, ha señalado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.
Planificación y financiación para reforzar las plantillas
En el documento de propuestas se subraya la urgencia de una planificación de recursos humanos a varios años vista, acompañada de financiación suficiente y de actuaciones coordinadas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, con el fin de fortalecer las plantillas, asegurar el relevo generacional y disminuir las brechas territoriales.
El texto también recoge otra “demanda histórica”, la reclasificación profesional y el reconocimiento académico. A día de hoy, las enfermeras siguen adscritas al subgrupo A2 de la función pública, pese a disponer de un título universitario de Grado equiparable al de otros colectivos encuadrados en el A1, una realidad que “discrimina y limita su desarrollo profesional y el acceso a puestos de responsabilidad y dirección”, algo que ocho de cada 10 ciudadanos consideran injusto, según una encuesta de la corporación.
Ante esta situación, el Consejo pide una nueva clasificación que se ajuste a su nivel de formación, competencias y responsabilidades, y que se traduzca en el reconocimiento profesional y salarial correspondiente. “Ello debe contemplarse en un Estatuto Marco único para todas las profesiones sanitarias que recoja las particularidades de cada una de ellas”, ha apuntado la institución.
Asimismo, Pérez Raya ha incidido en que “es preciso que se produzcan ciertos cambios normativos, por ejemplo, modificar la Ley del Medicamento, para reconocer expresamente la capacidad prescriptora de las enfermeras dentro de su ámbito competencial y garantizar la aplicación homogénea de las guías y protocolos”, al tiempo que ha defendido que esta medida agiliza el funcionamiento del sistema sanitario, refuerza la continuidad de los cuidados y aporta seguridad jurídica a los profesionales.
Reforma de la LOPS y desarrollo real de las especialidades
Junto a estas peticiones, el Consejo General de Enfermería insta a “actualizar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) para adecuarla a la autonomía y las competencias actuales de la profesión”, como se recoge en el informe, donde también se destaca “el poco o nulo desarrollo de las especialidades enfermeras, así como el estancamiento y las trabas a algo que ya recoge el ordenamiento legal”.
El organismo recuerda que las especialidades de Enfermería son clave para asegurar la calidad de los cuidados en distintos niveles asistenciales. Sin embargo, más de veinte años después de su regulación, las siete especialidades reconocidas —seis de ellas con formación de enfermera interna residente (EIR)— muestran un despliegue irregular y, en muchos casos, inexistente entre comunidades autónomas. De acuerdo con los datos preliminares de una encuesta que el Consejo presentará próximamente, el 96 por ciento de la ciudadanía considera que el Sistema Nacional de Salud (SNS) se vería muy favorecido por su implantación efectiva.
En este contexto, la corporación reclama la creación de categorías profesionales, plazas y puestos específicos que permitan a las enfermeras especialistas desarrollar plenamente sus funciones. Además, ve imprescindible impulsar diplomas de acreditación y perfiles de competencias avanzadas, con respaldo formativo, científico y normativo, como vías complementarias a las especialidades oficiales.
Por último, el Consejo recuerda que, al tratarse de una profesión mayoritariamente femenina, las enfermeras soportan mayores riesgos y obstáculos en su progreso personal, familiar y laboral, por lo que considera imprescindible incorporar de forma real una perspectiva de género. En este sentido, ha recalcado que “la profesión enfermera no puede limitarse a ser una referencia en momentos de crisis y relegarla de las decisiones que marcan el devenir del sistema sanitario”.