La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (LGTBI+) sostiene, a partir del estudio “Corporalidades intersexuales: derechos reales”, que el sistema sanitario se ha convertido en el principal origen de violencia hacia las personas intersex. La investigación cualitativa, presentada este lunes coincidiendo con el Día de la Visibilidad Intersex, recopila vivencias de patologización y vulneraciones tanto físicas como psicológicas.
En una comparecencia ante los medios, la presidenta de la Federación, Paula Iglesias, ha instado al próximo Ejecutivo a otorgar “prioridad y continuidad” al trabajo impulsado por el activismo LGTBI+ junto con el Ministerio de Sanidad para “elaborar y publicar” un protocolo específico de atención sanitaria para personas trans, no binarias e intersex. A su juicio, este documento, derivado del mandato de la Ley LGTBI+ de 2023, “acumula años de retraso” y, “mientras tanto, las personas intersex siguen sufriendo una violencia injustificada en las etapas más tempranas de su vida”.
La responsable de investigación, formación y calidad de la entidad, María Rodríguez, detalla que el informe se apoya en una decena de entrevistas en profundidad a personas intersex de distintas generaciones, así como a profesionales de la psicología, la educación y el ámbito jurídico. Las conclusiones apuntan a que estas realidades se han tratado en España desde una óptica “puramente médica”, lo que ha contribuido a su patologización.
Por su parte, la representante de la Comisión del Año Temático de la Federación dedicado a las realidades intersex, Ariana A. Celorio, ha subrayado que “la comunidad médica modifica la corporalidad de las personas intersex no para garantizar nuestro bienestar o funciones vitales”.
“Lo hace porque busca un aparato sexual funcional que proporcione el deseo normalizado de una relación coital. Pretende erradicar la disidencia corporal y forzarnos a alinearnos con un desarrollo cisheteronormativo, que anula preventivamente nuestra capacidad para decidir sobre nuestra propia anatomía en la adultez”, explica.
Según la investigación, “lejos de mejorar las vidas de las personas intersex”, estas intervenciones quirúrgicas o tratamientos tienen un efecto psicofísico “profundo y desestructurante” y “provocan importantes secuelas físicas como dolor crónico, pérdida de sensibilidad sexual, esterilidad no elegida, incontinencia, cicatrices o necesidad de nuevas cirugías”.
El estudio también señala que, cuando estas prácticas se llevan a cabo durante la infancia, pueden pasar muchos años hasta que las personas intersex llegan a conocer qué se hizo con sus cuerpos. “En España, las personas tenemos el derecho por ley de conocer nuestra historia clínica. Sin embargo, las personas intersex hemos sufrido el ocultamiento absoluto del diagnóstico con el argumento de protegernos o se nos ha recetado “silencio” sobre nuestra realidad. También se nos ha cosificado utilizándonos como 'curiosidades médicas'”, denuncia Celorio.
Desde la Federación reclaman la supresión de los tratamientos hormonales o quirúrgicos que no resulten imprescindibles para salvaguardar la salud o la integridad física, así como de aquellos que se realicen sin consentimiento o sin evidencia que avale su urgencia. Igualmente, exigen la “erradicación inmediata de las exploraciones innecesarias, la cosificación y la exposición clínica sin fines diagnósticos y que se asegure el respeto a la intimidad y la confidencialidad”.
Además, demandan que se garantice un acceso pleno, claro y sin trabas a la historia clínica, que se abandone la “receta del silencio” y que deje de presentarse la diversidad corporal como algo que deba ocultarse o motivo de vergüenza.