El Consejo General de Dentistas ha reclamado la puesta en marcha de mecanismos eficaces que garanticen la protección de la ciudadanía cuando una clínica dental cierra o deja de prestar los tratamientos contratados, a raíz del cierre de las clínicas de Vivanta, que considera un “nuevo y grave episodio de desprotección de los pacientes”.
“No estamos hablando únicamente de la compraventa de una empresa, sino de la salud de miles de personas que confiaron en estos centros para recibir una atención sanitaria”, ha expresado el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, sobre el cierre de clínicas Vivanta.
La organización colegial ha calificado de “inadmisible” que, mientras se negociaba la adquisición del grupo Vivanta por parte de Donte Group, una oferta de compra que, según ha apuntado, terminó decayendo, los pacientes permanecieran sometidos a la “incertidumbre” respecto a la continuidad de sus tratamientos.
Asimismo, ha recordado que, en 2022, Vivanta recibió 40 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una operación que la entidad profesional “cuestionó desde el principio” por la ausencia de información sobre las razones que la avalaban y sobre la posterior ampliación del plazo de devolución del préstamo hasta 2028.
Los dentistas han lamentado que no se haya logrado asegurar la continuidad asistencial de los pacientes y han urgido a poner en marcha medidas que protejan a la población ante episodios similares. En esta línea, han pedido aprobar una ley de publicidad sanitaria que frene campañas comerciales agresivas o engañosas y refuerce la defensa de los ciudadanos frente a prácticas que antepongan intereses mercantiles a los criterios sanitarios.
“Llevamos años advirtiendo de que la Odontología es una profesión sanitaria y de que la salud de las personas no puede tratarse como un simple producto de consumo. No cuestionamos ningún modelo empresarial que cumpla la legislación y respete los derechos de pacientes y profesionales. Lo que no podemos aceptar es que el riesgo de una actividad empresarial termine trasladándose a quienes ya han pagado por recibir un tratamiento sanitario”, ha apuntado Castro.
Recomendaciones para los pacientes afectados
El Consejo General de Dentistas se ha puesto a disposición de los pacientes y de los profesionales perjudicados para ofrecer, en la medida de lo posible, información y orientación ante esta situación, y ha detallado una serie de pautas para quienes han visto interrumpidos sus tratamientos.
En primer lugar, aconseja guardar toda la documentación vinculada al tratamiento: presupuesto, contrato, facturas y justificantes de pago, documentación de la financiación, consentimientos informados, resguardos de citas, mensajes y cualquier comunicación recibida.
En paralelo, insta a solicitar por escrito, y por un medio que permita acreditar el envío, información concreta sobre la continuidad del tratamiento y a pedir una copia íntegra de la historia clínica, incluidas radiografías y pruebas diagnósticas. Si se obstaculiza el acceso, señala que puede reclamarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y la autoridad sanitaria competente.
Si el tratamiento se financió mediante un crédito vinculado, indica que se puede reclamar de forma acreditable frente al prestador y comunicar de inmediato la situación a la entidad financiera. Recuerda, en este punto, el artículo 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, que reconoce al consumidor, cuando concurren sus requisitos, la posibilidad de ejercitar frente al prestamista los derechos derivados del incumplimiento del proveedor.
En los casos en que se hayan pagado prestaciones todavía no realizadas, recomienda conservar los comprobantes y presentar la correspondiente reclamación. Cuando resulte de aplicación un procedimiento concursal, subraya que habrá que atender a la información oficial sobre la forma y el plazo para comunicar el crédito a la administración concursal.
Además, destaca que, si la interrupción del tratamiento puede poner en riesgo la salud o exige una actuación que no pueda demorarse, se debe acudir a otro dentista para que valore el caso. También considera aconsejable solicitar un informe sobre el estado actual y sobre los tratamientos efectuados y pendientes.
Los afectados pueden dirigirse a las autoridades sanitarias y de consumo, así como al Colegio Oficial de Dentistas de su provincia. En cualquier caso, anima a analizar con “especial cautela” las ofertas de terceras clínicas, entidades financieras, intermediarios o despachos y a comprobar, antes de firmar, sus condiciones clínicas, económicas y jurídicas.