Sanidad exige a Andalucía y Baleares activar el registro de objetores al aborto

Sanidad reclama a Andalucía y Baleares que culminen el registro de objetores al aborto previsto en la ley de 2023 y afea los bloqueos del PP.

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. Alberto Ortega - Europa Press

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El Ministerio de Sanidad ha remitido un requerimiento formal a las comunidades de Andalucía y Baleares para que pongan en marcha el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, tal y como fija la ley del aborto aprobada en 2023.

“El PP sigue bloqueando su aplicación, también en Madrid. Las leyes no son opcionales y los derechos de las mujeres no están a su disposición”, ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en un mensaje publicado en la red social ‘X’.

En dos escritos enviados a las consejerías de Sanidad andaluza y balear, a los que ha tenido acceso Europa Press, García subraya que el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) dio luz verde por unanimidad en 2024 al protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia previsto en la reforma de 2023.

La titular de Sanidad explica en las cartas que la Dirección General de Ordenación Profesional, mediante la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha seguido la implantación de este registro y ha verificado que ni Andalucía ni Baleares lo han puesto aún en funcionamiento.

En el caso andaluz, el último informe de seguimiento, fechado en septiembre de 2026, indica que el proyecto de decreto se sometió a audiencia pública en marzo de 2025, pero hasta ahora no ha concluido su tramitación. En Baleares, el proyecto de decreto se expuso a audiencia e información pública en febrero de 2026 y continúa en tramitación desde entonces, sin que consten nuevos avances.

“Dado lo expuesto anteriormente, le envío el presente requerimiento para que se proceda a su creación, finalizando la tramitación actualmente en curso”, añade García en ambas misivas.

En paralelo, respecto a la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Sanidad pidió el pasado septiembre la intervención de la Abogacía del Estado para que la región pusiera en marcha el registro de objetores de conciencia al aborto, cuya tramitación seguía bloqueada pese a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).