Una jueza de Madrid ha solicitado a la Fiscalía que emita un informe en relación con una querella presentada por la asociación Hazte Oír contra Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, y alto cargo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a raíz de la 'ley de nietos'.
Según consta en una providencia de la titular del Juzgado de la Plaza 35 del Tribunal de Instancia de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Inmaculada Lova pide al Ministerio Público que exprese su criterio sobre la “admisión y diligencias a practicar” en la querella de Hazte Oír por un presunto delito de prevaricación administrativa.
En el escrito de acusación, al que también ha tenido acceso esta agencia, la asociación atribuye a la 'ley de nietos' irregularidades ligadas a una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que abrió la posibilidad de obtener la nacionalidad a descendientes de exiliados españoles.
Hazte Oír sostiene que Puente dictó una “instrucción” que “desbordó” el alcance previsto en la 'ley de nietos', pese a que, según la querella, la propia responsable se había comprometido “a la aplicación estricta de la ley”.
Aplicación a bisnietos y tataranietos
La asociación asegura que dicha instrucción se adoptó “a espaldas” de la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, “de quien dependía jerárquicamente” y que, de acuerdo con informaciones periodísticas citadas en la querella, “no descartan que la instrucción respondiera a una indicación directa” de Félix Bolaños, entonces ministro de la Presidencia y actual titular de Justicia.
Ese contexto habría derivado, según el relato de Hazte Oír, en el ascenso de Puente a la Secretaría General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia cuando Bolaños pasó a dirigir ese departamento.
En la querella se subraya que “la exclusión de la ministra del ramo y la vinculación personal de la querellada con el ministro que había redactado la ley señalan el cauce por el que pudo transmitirse la indicación del cambio de criterio” y se añade que “el posterior ascenso de la querellada, acordado precisamente por Bolaños al asumir la cartera de Justicia, es un dato objetivo cuya eventual correspondencia con los hechos deberá esclarecer la instrucción”.
Hazte Oír afirma además que, en la práctica, se están aceptando solicitudes de bisnietos y tataranietos, pese a que el texto legal “circunscribe el derecho de opción a 'los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela'”.
La asociación insiste en que “la extensión de la vía a generaciones posteriores --bisnietos y tataranietos-- carece de todo sustento legal y sólo se explica por el encadenamiento de opciones sucesivas que la instrucción hace posible al haber suprimido el presupuesto del exilio”.
En la misma línea, recuerda que el senador del PSOE César Mogo “afirmó que la norma ampara a quienes emigraron a América por cualquier motivo desde el siglo XIX, con independencia de las causas que provocaron el éxodo” y concluye que ello “confirma que la extensión operada por la instrucción no fue un exceso interpretativo advertido tardíamente, sino un designio conocido y proclamado”.
Impacto electoral y querella de Vox
La asociación sostiene igualmente que se han tramitado “en torno a 2,6 millones de solicitudes” y que “estimaciones de prensa cifran en unos 600.000 los nuevos electores que podrían incorporarse al censo exterior antes del término natural de la legislatura”.
En su argumentación, Hazte Oír mantiene que “el efecto sobre los resultados electorales ha dejado de ser conjetura” y cita como ejemplo que, en las elecciones andaluzas celebradas el pasado mayo, “el partido gobernante, con claridad derrotado en el voto emitido en España, venció sin embargo en el voto del Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA)”.
Aunque el Gobierno ha señalado que “la mayoría de las solicitudes no podrá resolverse antes de las próximas elecciones generales”, la querella recoge que “el proceso masivo de nacionalización sigue su curso y desplegará sus efectos plenos en los ciclos electorales sucesivos”.
Paralelamente, Vox ha presentado otra querella contra Sofía Puente por presunta prevaricación administrativa vinculada también a la 'ley de nietos'. En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el partido se refiere a dos instrucciones que, a su juicio, modificaron la aplicación de la norma y que “incumplen frontalmente los límites que constriñen la competencia de las instrucciones”.
Vox considera que con esas directrices “altera el ámbito subjetivo y temporal de un derecho reconocido por ley, con trascendencia directa para terceros y para el cuerpo electoral”.
El partido detalla que “ninguna de las instrucciones se dirigió a resolver un expediente concreto”, sino que “fijaron, con vocación de aplicación general e indefinida, criterios, la presunción de exilio por mera acreditación del parentesco, primero, y la equiparación de la mera solicitud de cita previa a la formalización de la declaración de opción dentro de plazo, después”.
Según la querella, la aplicación de esas instrucciones ha supuesto “un incremento del número de personas que, sin acreditar individualmente el exilio político de su causante, han obtenido la nacionalidad española y, con ella, su inscripción en el CERA”.
Vox concluye que “ese efecto sobre el cuerpo electoral no es un efecto colateral imprevisto, sino consecuencia natural y previsible de ampliar, por vía de instrucción y sin cobertura legal, un derecho de opción a la nacionalidad cuya extensión estaba reservada al legislador”, una consecuencia que, a su entender, “resulta razonable presumir que no le era ajena” a Puente.