Arranca en la Audiencia Nacional el juicio por la pieza Infraestructuras del caso 3% en Cataluña

La Audiencia Nacional juzga la pieza Infraestructuras del caso 3%, con 17 acusados por el presunto amaño de contratos públicos de la Generalitat.

Fachada de la Audiencia Nacional, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España).  Diego Radamés - Europa Press

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El juicio de la pieza separada del caso '3%' conocida como 'Infraestructuras' comienza mañana en la Audiencia Nacional. En este procedimiento se enjuicia el funcionamiento de una presunta red criminal que habría maniobrado para asegurarse contratos públicos de la sociedad Gestió D'Infraestructures de la Generalitat de Cataluña.

En esta causa se sientan en el banquillo 17 acusados, entre ellos antiguos altos cargos del Govern catalán. La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación recogido por Europa Press, reclama para ellos penas que oscilan entre 8 años y nueve meses y 6 años y tres meses de prisión por su supuesto papel en el amaño de adjudicaciones entre 2008 y 2015.

El Ministerio Público les imputa presuntos delitos de organización criminal, fraude a la Administración pública y un delito continuado de prevaricación. Las mayores penas se solicitan para quienes considera máximos responsables: el expresidente y el exdirector general de la empresa pública de la Generalitat Gestió d'Infraestructures, S.A.U. (GISA), Josep Lluis Quer y Josep Antoni Rosell.

Según la investigación, el denominado cartel colusorio 'Nuria Bofill' —un acuerdo entre compañías del mismo sector para repartirse el mercado y cerrar el paso a nuevos rivales— habría buscado y logrado repartirse y fijar de forma indirecta los precios en licitaciones de determinados organismos públicos catalanes. Lo habría hecho mediante la fijación concertada de ofertas idénticas o muy similares, con la finalidad de eliminar la competencia de las empresas ajenas al pacto.

Ese acuerdo para coordinar el precio de las licitaciones habría alterado las cantidades que la Administración desembolsaba por los proyectos de obra pública en los que concurrían las mercantiles implicadas, generando un perjuicio directo para los fondos públicos.

Los miembros de este pacto colusorio, según el juez instructor, llegaron incluso a consensuar las reglas y directrices que debían seguir cuando se presentaban a concursos de determinadas administraciones. El propósito era neutralizar la libre competencia y asegurarse contratos en condiciones más ventajosas que las que habrían obtenido en un escenario de igualdad, es decir, si cada empresa hubiera preparado su propuesta de manera totalmente independiente.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, el amaño de los concursos se habría producido "en connivencia con Quer y Rosell, que desempeñaban los cargos de presidente y director general, respectivamente, de la empresa pública Gestió d'Infraestructures, S.A.U. (GISA), luego denominada Infraestructures de la Generalitat de Cataluña".

Una estructura diseñada para dirigir las adjudicaciones

Anticorrupción sostiene que esta organización acordó "durante años las normas o directrices a seguir cuando optasen a licitaciones de ciertas Administraciones, con el objetivo de evitar la libre competencia y, así, obtener un contrato más beneficioso que aquél que habrían obtenido en condiciones de igualdad, es decir, si cada mercantil hubiese preparado su oferta de forma totalmente independiente".

"Dicho pacto anulaba, por tanto, la competencia de los no integrantes del mismo, y se fue extendiendo a diversos organismos públicos", expone el fiscal, que subraya que los integrantes de la trama "se pusieron de acuerdo para defraudar, fundamentalmente a GISA, diseñando e implementando una operación entre Quer y Rosell y las restantes personas acusadas, que tenía por objeto el direccionamiento de los procesos de contratación pública licitados". Según la acusación, ambos "manipulaban todo el proceso de adjudicación de contratos".

"En primer lugar, modificaron la estructura organizacional de GISA creando la Oficina Técnica d'Avaluació, unidad integrada por una única persona, Cortasa Ferrer, y generaron un paso nuevo en el proceso de valoración de ofertas en los concursos públicos, que solo dependía de ellos", se indica en el escrito.

Esa Oficina Técnica "era un órgano administrativo de GISA creado por Quer y Rosell" cuya "misión era revisar las propuestas de valoración de ofertas que elaboraban en cada caso los técnicos correspondientes de cada una de las gerencias": "Es decir, tenía la capacidad de modificar las puntuaciones técnicas otorgadas por las comisiones técnicas de valoración, en connivencia con el resto de personas acusadas".

Anticorrupción describe también que "las empresas que participaban del pacto realizaban intencionada y deliberadamente sus ofertas agrupadas en un rango de precios muy restringido, lo que provocaba dos efectos inmediatos: el primero, expulsar de los concursos a las empresas que no estuvieran en el pacto, en tanto provocaba bajas temerarias de las mismas".

"Y, el segundo, pasar a hacer depender la adjudicación de manera prácticamente absoluta de criterios subjetivos y juicios de valor de modo que, visto el entramado establecido, implicaba que la adjudicación se verificaba a pura voluntad de los acusados Quer y Rosell", añade la Fiscalía.

Como resultado de este esquema, concluye el Ministerio Público, quedó "perjudicado el patrimonio público porque las empresas decidían, bajo el control de Quer y Rosell, en qué nivel quedaría situado el precio de adjudicación y, por tanto, las exclusiones por baja temeraria, con los consiguientes perjuicios para los intereses patrimoniales públicos".