La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ciudad Real ha impuesto una pena de cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al que fuera alcalde de Puertollano entre 2003 y 2013, Joaquín Hermoso Murillo (PSOE), y al entonces secretario municipal accidental, Juan Luis Vázquez Calvo, al considerarles responsables de un delito de prevaricación administrativa en la contratación de las obras del campo de fútbol del Cerrú.
Según la sentencia, adelantada este miércoles por La Tribuna de Ciudad Real y a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza asume la tesis de la Fiscalía, que sostiene que el Ayuntamiento suscribió un contrato de permuta con una empresa privada para la construcción del estadio a cambio de parcelas municipales, sin tramitar el preceptivo expediente administrativo ni convocar un concurso público, obviando así los principios de publicidad y concurrencia que marca la normativa.
La resolución, que todavía no es firme y puede ser objeto de recurso ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real, confirma que el acuerdo se rubricó antes de pasar por el Pleno municipal y que las actuaciones posteriores no subsanaron esa irregularidad inicial. Por ello se concluye que se dictó una resolución arbitraria, a sabiendas de su ilegalidad, eliminando cualquier mecanismo de concurrencia y publicidad, sin licitación pública ni informes previos, mediante una decisión directa del alcalde a la que después se otorgó una apariencia de legalidad formal.
La magistrada determina que Hermoso Murillo intervino como autor del delito de prevaricación, mientras que Vázquez Calvo lo hizo en calidad de cooperador necesario.
El denominado Caso Cerrú se refiere a los expedientes administrativos y contratos ligados a la construcción del estadio de fútbol del Cerrú y a una operación vinculada a dicho proyecto: la permuta de terrenos en la barriada del Abulagar entre el Consistorio y la empresa inicialmente encargada de levantar el campo, que fue inaugurado en 2010.
En 2007, el entonces alcalde Joaquín Hermoso Murillo y el secretario municipal accidental, Juan Luis Vázquez Calvo, acordaron formalizar un contrato de permuta con la mercantil Promociones Inmobiliarias del Pisuerga (Proinsa), infringiendo los principios de publicidad y concurrencia básicos recogidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente en aquel momento.
El 16 de octubre de 2007, Hermoso Murillo firmó el contrato de permuta. En virtud de ese documento, como contraprestación por la construcción del campo de fútbol, el exregidor comprometía al Ayuntamiento a ceder a Proinsa las parcelas de titularidad municipal ubicadas en el Plan de Actuación Urbanística del sector IV, conocido como “Abulagar”, con una superficie total de 34.846 metros cuadrados. La licencia de obras se concedió a la empresa Teconsa, vinculada societariamente al grupo castellano-leonés Martínez Núñez y a Proinsa.
El caso tiene su origen en uno de los episodios más mediáticos vividos en Puertollano. En la mañana del 11 de julio de 2018, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional irrumpieron en la sede del Ayuntamiento en el marco de la “Operación Cerrú”, abierta por presuntas irregularidades en la contratación de las obras del estadio. A partir de ese momento se desarrollaron doce horas de registros y diligencias que marcaron un antes y un después en la crónica judicial y policial de la ciudad minera.
Aquel operativo, con registros y detenciones simultáneas —se llegó a investigar a 15 personas—, fue quedando reducido durante la fase de instrucción, hasta que seis años más tarde se descartó la existencia de una trama delictiva organizada, manteniéndose tan solo la presunta responsabilidad individual del exalcalde Joaquín Hermoso y del exsecretario municipal accidental Juan Luis Vázquez Calvo.
Además, en noviembre de 2019 la Audiencia Provincial de Ciudad Real ya había condenado al exalcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa relacionado con su intervención en el procedimiento de contratación y adjudicación de las obras de la plaza de toros de la localidad entre 2007 y 2008. En esa misma resolución, el exsecretario municipal Juan Luis Vázquez Calvo también fue sentenciado a siete años de inhabilitación por el mismo delito.