El Gobierno de Estados Unidos ha instado de forma oficial al Tribunal Supremo del país a desestimar la solicitud del Reino de España para revisar las resoluciones judiciales que permiten hacer efectivos en territorio estadounidense los laudos arbitrales favorables a los inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables, según indicaron fuentes de los acreedores.
La postura de la Administración de Donald Trump figura en un documento de 28 páginas presentado por el 'Solicitor General', la máxima autoridad jurídica que actúa en representación del Gobierno federal ante el Supremo.
La causa afectada por esta recomendación enfrenta al Estado español con la sociedad Blasket Renewable Investments, que ha concentrado una parte sustancial de las reclamaciones de las empresas acreedoras, a las que España adeuda más de 2.300 millones de euros por los recortes aprobados durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
En su informe, la Administración estadounidense concluye que "la petición de 'certiorari' debe ser denegada" y sostiene que el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado "no reúne las condiciones necesarias para que el Supremo asuma la revisión de las sentencias que condenan a España al pago de los laudos", según las mismas fuentes.
Último tramo del proceso en EEUU
Este litigio se halla ya en la fase final posible dentro del sistema judicial estadounidense. Tras encadenar siete fallos adversos en distintas instancias federales, España elevó al Tribunal Supremo una petición de exención basada en la "inmunidad soberana" con el objetivo de eludir el pago de los laudos y/o evitar el embargo de bienes y activos.
Con el criterio del Gobierno federal ya registrado, la decisión definitiva recaerá ahora en el Alto Tribunal. El Solicitor General subraya, además, que los razonamientos esgrimidos por la Abogacía del Estado son, en esencia, de carácter procesal y no cuestionan el núcleo del asunto ni los fundamentos jurídicos que respaldan plenamente la posición de las compañías acreedoras.
En este sentido, uno de los ejes del escrito recuerda que "España otorgó un consentimiento incondicional a los resultados de eventuales procedimientos de arbitraje internacional, al estar sujeta al artículo 26 del Tratado de la Carta de la Energía, que da pie a este tipo de mecanismos de resolución de controversias".
Asimismo, el Solicitor General recalca que los compromisos asumidos por España al firmar ese tratado internacional no pueden quedar sin efecto mediante la invocación de normas internas posteriores, argumento con el que el Estado español ha tratado de apoyarse en la postura de la Comisión Europea respecto a estos laudos.
Referencia a la Convención de Viena
En relación con este punto, el Ejecutivo estadounidense apela de forma expresa a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y enfatiza que "un Estado no puede utilizar su legislación interna como justificación para incumplir los compromisos internacionales que ha aceptado libremente".
También advierte de que la tesis defendida por España sobre los arbitrajes intraeuropeos "constituye, precisamente, el tipo de razonamiento que la Convención de Viena impide utilizar para eludir obligaciones convencionales previamente adquiridas".
De igual modo, la Administración estadounidense rechaza como poco sólido el segundo gran pilar del recurso español, basado en la doctrina del 'forum non conveniens', con la que se pretendía derivar los procedimientos a otros órganos jurisdiccionales.
Más de 2.300 millones en juego
La cuantía acumulada por España en los conflictos derivados de los recortes a las renovables se sitúa ya en torno a 2.315 millones de euros, de los que más de 550 millones corresponden a intereses de demora, costas procesales y otros gastos ligados al incumplimiento continuado de los laudos arbitrales.
En la actualidad siguen sin abonarse 27 decisiones arbitrales favorables a los inversores, entre los que se encuentran grupos como E.On, EDF o NextEra.
En Estados Unidos, las siete resoluciones firmes dictadas hasta la fecha han supuesto el reconocimiento judicial de unos 688 millones de euros en créditos frente al Reino de España, mientras que otros tribunales de referencia en Reino Unido, Australia y Singapur han emitido igualmente pronunciamientos contrarios a los intereses del Estado español.