La Audiencia Provincial de Lugo celebrará el próximo lunes una vista en la que está previsto cerrar un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular, la defensa y el procesado por la muerte de un hombre de 39 años en Rábade.
El pacto recoge una condena de 11 años de prisión para el acusado, que admite los hechos y asume su responsabilidad por un delito de homicidio.
De acuerdo con el escrito de calificación conjunta presentado por las partes, los hechos se remontan al 31 de diciembre de 2023. El procesado, nacido en Portugal en 1966, y la víctima coincidieron en el bar Morsa de Rábade, desde donde salieron juntos para comprar una botella de whisky en el establecimiento Mercacontrol.
Después, ambos se dirigieron a una nave abandonada de los antiguos Laboratorios Nupel, en la segunda fase del polígono industrial de la localidad, que el acusado utilizaba como lugar de residencia.
En un momento indeterminado de ese día, el procesado, que estaba bajo los efectos del alcohol y con sus capacidades intelectivas y volitivas mermadas, golpeó en repetidas ocasiones a la víctima con un hacha en la cabeza y en otras zonas del cuerpo.
Las heridas ocasionaron un traumatismo craneal de extrema gravedad que acabó provocando la muerte del hombre. El informe pericial detalla además varias fracturas y lesiones en las manos y en la muñeca derecha, compatibles con movimientos defensivos.
Tras comprobar que la víctima había fallecido, el acusado trasladó el cuerpo hasta una alcantarilla situada en el exterior de la nave. El cadáver fue hallado nueve días más tarde.
Por estos hechos, el procesado ingresó en prisión provisional el 11 de enero de 2024, una medida que fue prorrogada mediante un auto judicial de diciembre de 2025.
El escrito califica lo sucedido como un delito de homicidio y aprecia como circunstancia atenuante la embriaguez. Por ello, las partes reclaman una pena de 11 años de prisión, con la correspondiente inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y el abono de las costas procesales.
En el apartado de responsabilidad civil, el acuerdo fija una indemnización de 80.000 euros para la hija del fallecido, que tenía 14 años en el momento de la muerte de su padre.
Asimismo, el acusado deberá abonar 4.695,11 euros a la madre adoptiva de la víctima, que afrontó los gastos del sepelio, y otros 2.402,39 euros a su madre biológica, que pagó diversos costes funerarios y vinculados al nicho.