El Tribunal Constitucional (TC) comenzará este martes a analizar los recursos de amparo promovidos por varios dirigentes independentistas frente a la negativa del Tribunal Supremo a extenderles la ley de amnistía al delito de malversación. Los magistrados que investigaron y juzgaron a la cúpula del 'procés' sostienen que en estos casos no concurren los requisitos para que dicha conducta quede perdonada. Entre los afectados figura el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden de detención desde que abandonó España rumbo a Bélgica en 2017.
Tras haber respaldado el año pasado la constitucionalidad de la ley de amnistía al desestimar, en su mayoría, los recursos de inconstitucionalidad impulsados por el PP, el TC se enfrenta ahora a la tarea de responder a Puigdemont y a varios exconsejeros de su Govern frente a la interpretación del Supremo para denegarles la medida. El alto tribunal penal aprecia en su actuación durante el proceso independentista un ánimo de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial, lo que, a su juicio, impediría aplicar la amnistía por malversación.
La deliberación de los recursos de amparo llega después del espaldarazo a la ley por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que descartó uno de los argumentos clave del Supremo para no conceder definitivamente la amnistía: que el referéndum ilegal hubiera supuesto un perjuicio para los intereses financieros de la Unión Europea.
En una primera fase, el TC tiene previsto abordar este martes el recurso de amparo del exconseller y actual secretario general de Junts, Jordi Turull, en un pleno cuya ponencia recae en el magistrado José María Macías, integrante del sector conservador y contrario a amnistiar la malversación en la línea defendida por el Supremo.
El resto de recursos de amparo, entre los que se encuentran el de Puigdemont y los de exdirigentes como el exvicepresidente Oriol Junqueras o los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, se irán estudiando en plenos posteriores, según informó el propio Constitucional.
El Supremo mantiene su negativa
El Constitucional vuelve así al primer plano en el debate sobre la amnistía apenas unos días después de que el Supremo rechazara la solicitud de Puigdemont, todavía procesado al no haber sido juzgado por su fuga, para que se le aplicara la ley tras la sentencia del TJUE.
El magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, tampoco accedió a dejar sin efecto la orden nacional de detención dictada contra el expresidente catalán y recalcó que la resolución del TJUE no se pronunciaba sobre el propósito de obtener un beneficio personal que él aprecia en los hechos del 'procés'.
Además, Llarena subrayó que las sentencias dictadas hasta ahora por el TC sobre la constitucionalidad de la amnistía tampoco despejaban la cuestión relativa a la aplicación del beneficio personal en este procedimiento concreto.
En sus resoluciones, el instructor recordó que estas decisiones del TC "no han dejado sin efecto la interpretación del beneficio personal realizada en esta causa, aunque tampoco constituyan una validación especifica de esa interpretación".
Respecto a la reclamación para suprimir la orden de detención en territorio nacional, el magistrado explicó que se basaba en el archivo de la causa, la existencia de doble persecución o la aplicación de la amnistía, de modo que, al no prosperar ninguno de estos supuestos, no procedía levantar la medida cautelar por tales razones.
La incógnita sobre el posible regreso de Puigdemont
En cualquier caso, el instructor del 'procés' en el Supremo advirtió de que su decisión "no declara irrevisables las medidas ni convierte la falta de amnistía en una justificación suficiente de cualquier restricción cautelar", sino que "se limita a rechazar el levantamiento por las razones ahora formuladas, sin excluir el examen que proceda ante otras circunstancias concretas", según razonó en un auto.
Fuentes del Supremo citadas por Europa Press señalan que Llarena acelerará su pronunciamiento sobre la aplicación de la amnistía a Puigdemont una vez que conozca el contenido detallado de la sentencia que el Constitucional dicte sobre el recurso de Turull y la doctrina que fije en torno al supuesto beneficio patrimonial ligado al delito de malversación.
Si el instructor interpreta que la respuesta del TC al recurso de Turull es favorable a extender la medida de gracia a este tipo de malversación y que esa conclusión resulta trasladable al resto de encausados, no esperará a que el Constitucional resuelva específicamente sobre el recurso de Puigdemont para determinar si debe aplicarle la ley, según las mismas fuentes.
En el caso de que el magistrado acordara levantar la orden de detención, Puigdemont podría regresar a España sin riesgo de ser arrestado, un escenario sobre el que en Junts rehúsan pronunciarse por ahora. "No participamos de estos rumores. Somos prudentes en este sentido. Queremos ver las sentencias y esperamos que sean lo más rápido posible", señaló esta semana en rueda de prensa el portavoz de Junts, Josep Rius.
Con todo, Rius volvió a reclamar a los tribunales que apliquen "de una vez por todas" la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2024 y refrendada por la justicia europea.