El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz comparece este jueves ante la Audiencia Nacional como acusado en el juicio por la 'Operación Kitchen', el supuesto dispositivo parapolicial impulsado durante el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas y, con ello, frenar presuntamente las pesquisas sobre una presunta contabilidad paralela en el partido.
Antes de su turno declarará quien fuera su mano derecha en Interior, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, primer acusado en prestar testimonio tras casi dos meses de vista oral, en la que han intervenido más de 150 testigos y se han escuchado decenas de grabaciones en la fase documental.
Por estos hechos, que la Fiscalía Anticorrupción sitúa en el núcleo del Ministerio del Interior, el Ministerio Público reclama para Fernández Díaz 15 años de prisión y 33 de inhabilitación por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. Para Martínez solicita la misma pena de cárcel.
Anticorrupción sostiene que la operación estaba "dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes" en el 'caso Gürtel' que instruía la Audiencia Nacional.
El objetivo: la documentación de Bárcenas
Según la Fiscalía, la finalidad concreta era apoderarse de los archivos que "pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa".
"Y todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al procedimiento judicial", añade el Ministerio Fiscal en su escrito.
El mecanismo descrito por Anticorrupción situaba como pieza clave al entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Ríos facilitaba información y documentación sobre el extesorero tanto a Villarejo como al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, y al comisario Andrés Gómez Gordo.
Estos mandos, a su vez, trasladaban los datos al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y a Martínez, quienes informaban de todo ello a "Fernández Díaz como responsable máximo del Ministerio del Interior".
Los mensajes bajo sospecha
Durante la prueba pericial policial se examinaron mensajes de texto que el exministro habría remitido a su ex 'número dos', Francisco Martínez, informándole del volcado de dispositivos electrónicos del extesorero del PP por parte de especialistas de la Policía Nacional, así como mostrando interés por la situación del chófer, también procesado.
Uno de esos mensajes, reproducido en la vista, está fechado el 18 de octubre de 2013 y decía: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica".
En el juicio se constató que la fecha de ese SMS coincidía con el clonado del contenido de varios dispositivos de Bárcenas, una labor que, según reconocieron los agentes encargados, se llevó a cabo en octubre de 2013 en una cafetería 'Vips' del centro de Madrid.
Martínez llevó esos mensajes ante notario para dejar constancia de que procedían de Fernández Díaz. Sin embargo, el perito informático que los examinó, propuesto por la defensa del exministro, indicó que halló "indicios de manipulación" y que no podía asegurar que hubieran sido enviados por él.
Resto de acusados y peticiones de pena
Tras las declaraciones de Martínez y Fernández Díaz será el turno del resto de procesados, entre ellos Pino y Gómez Gordo, para quienes Anticorrupción solicita también 15 años de prisión.
La mayor petición de condena recae sobre Villarejo, para quien el Ministerio Fiscal pide 19 años de cárcel. Para el chófer de Bárcenas reclama 12 años y cinco meses de prisión y la anulación de su nombramiento como funcionario de la Policía.
Respecto al que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía en la época del presunto espionaje, Martín Blas, la Fiscalía interesa una pena de dos años y medio de prisión.
También figuran como acusados los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, aunque el Ministerio Público ha solicitado el archivo para los tres al no apreciar indicios suficientes. García Castaño no será juzgado por "incapacidad mental sobrevenida" tras el ictus que sufrió en 2022.
Responsabilidades civiles e indemnizaciones
El escrito de acusación de Anticorrupción contempla que los procesados indemnicen de forma conjunta y solidaria a Bárcenas con 6.000 euros y a su esposa con 3.000 euros por el presunto ataque a su intimidad, advirtiendo de que la Administración General del Estado responderá de manera subsidiaria.
Además, el Ministerio Fiscal considera que Fernández Díaz, Martínez y Pino deberán resarcir a la Administración del Estado, también de forma conjunta y solidaria, con 57.943 euros por el supuesto delito de malversación, cantidad que correspondería a los fondos reservados entregados al chófer de Bárcenas y a Villarejo en el marco de la operación.
El escrito añade que, respecto de esa suma global, responderán igualmente, de manera conjunta y solidaria, Ríos en 54.700 euros, Villarejo en 47.243 euros y Gómez Gordo en 10.000 euros.