El Tribunal Supremo ha desestimado la impugnación presentada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que sostenían que eran “excesivos” los honorarios de 38.508 euros del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la causa en la que fue condenado el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados.
Según un decreto firmado por la letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal y recogido por Europa Press, el alto tribunal fija la minuta del letrado Gabriel Rodríguez-Ramos, que ejerció la defensa de González Amador, en 38.508 euros y ratifica de forma definitiva la tasación de costas en 39.009 euros, cantidad en la que se incluyen también los derechos de la procuradora.
La letrada señala que, a la vista del conjunto de las actuaciones, del trabajo profesional efectivamente realizado, de la particular complejidad del procedimiento y del contenido del informe colegial emitido por el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, “no resulta acreditada la existencia de una desproporción patente, manifiesta o notoria que permita calificar los honorarios incluidos en la tasación como excesivos”.
El informe colegial, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, concluyó que la suma reclamada por el letrado resulta “ajustada” en atención a la complejidad del procedimiento, el tiempo de dedicación y el trabajo profesional desarrollado.
El trámite de tasación de costas se abrió después de que el Tribunal Supremo condenara a García Ortiz, en diciembre de 2025 y por un delito de revelación de datos reservados de González Amador, a 7.200 euros de multa, dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general y al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Además, se estableció que abonara una indemnización de 10.000 euros al empresario por daños morales.
El origen de la minuta y las impugnaciones
El abogado de González Amador presentó en un primer momento una minuta de honorarios de 64.778,78 euros, sin IVA, que ascendía a 78.382,32 euros con el impuesto incluido.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado impugnaron la tasación al considerar “excesivos” e “indebidos” los honorarios y derechos incluidos. En un decreto de 26 de marzo de este año, la letrada de la Administración de Justicia estimó parcialmente la impugnación al apreciar partidas indebidas y fijó el importe total de las costas en 39.009,48 euros.
Posteriormente, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado recurrieron esa resolución, pero el Tribunal Supremo rechazó ambos recursos mediante un auto de 2 de julio, en el que confirmó el decreto inicial.
El Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares revisó la minuta del letrado y consideró que los 38.508,26 euros correspondientes a sus honorarios, IVA incluido, son “adecuados” para su inclusión en la tasación, una vez excluidas las partidas consideradas indebidas.