La organización Hazte Oír ha presentado una querella por presunta prevaricación contra Sofía Puente. La acción judicial se centra en la aplicación de la conocida como Ley de Memoria Democrática, que regula la concesión de la nacionalidad a descendientes de españoles.
Sofía Puente Santiago, fiscal de carrera, ocupó entre 2020 y 2023 el cargo de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el Ministerio de Justicia.
Desde ese puesto, una de sus funciones era la supervisión de criterios e instrucciones relacionadas con el Registro Civil y la interpretación administrativa de normas vinculadas a la nacionalidad española.
La querella de Hazte Oír
La organización Hazte Oír ha interpuesto una querella en la que acusa a la ex alto cargo de un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con una instrucción dictada para el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática.
Según la denuncia, dicha instrucción habría tenido un impacto directo en la aplicación de la conocida como “ley de nietos”, facilitando la tramitación de expedientes de nacionalidad a descendientes de españoles en el extranjero.
Interpretación de la Ley de Memoria Democrática
El núcleo de la acusación se centra en la interpretación de la norma. Hazte Oír sostiene que la instrucción administrativa habría ampliado el alcance de la ley aprobada por el Parlamento, al flexibilizar los supuestos de acceso a la nacionalidad española.
En concreto, la organización afirma que se habría ampliado la consideración de exilio, lo que habría permitido incluir un mayor número de solicitantes dentro del marco de la Ley de Memoria Democrática.
El caso abre un debate jurídico sobre el papel de las instrucciones administrativas en la aplicación de la ley. Mientras la acusación considera que se habría producido una modificación encubierta del contenido legislativo, desde el ámbito jurídico se recuerda que este tipo de instrucciones forman parte habitual de la interpretación técnica de normas en el ámbito registral.
Una querella en fase inicial
Por el momento, la querella presentada por Hazte Oír se encuentra en fase inicial y no consta que haya imputación formal ni resolución judicial sobre el fondo del asunto.
El caso se enmarca en la creciente polémica política en torno a la Ley de Memoria Democrática y su impacto en la concesión de la nacionalidad española a descendientes de exiliados.