La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha sentado en el banquillo a un hombre de 30 años acusado de agredir sexualmente a una adolescente de 15 años con discapacidad, a la que supuestamente habría facilitado cocaína antes de mantener relaciones sexuales con ella. El procesado rechaza haber tenido contacto íntimo con la joven, mientras que la chica —que ahora tiene 18 años— ha manifestado que las relaciones fueron consentidas.
Ante las preguntas del Ministerio Fiscal, el acusado ha asegurado: “No sabía su edad. La conocía de vista. No mantuve relaciones sexuales. Yo no hice nada, no le di cocaína”. No ha podido justificar por qué la exploración médica realizada a la menor arrojó restos de su ADN, ni explicar la presencia de cocaína en el organismo de la joven.
La declaración de la chica, que cuenta con un 47 por ciento de discapacidad reconocida, se ha incorporado al juicio como prueba preconstituida. En la vista se ha reproducido la grabación de su testimonio cuando ocurrieron los hechos, momento en el que tenía 15 años.
Según relató la menor, ambos se conocieron a través de redes sociales y cada uno sabía la edad del otro, de modo que él era consciente de que ella tenía 15 años y, según su versión, no le dio importancia.
La joven indicó que el día de la fiesta no fue la primera ocasión en la que mantuvieron relaciones sexuales, ya que asegura que habían ocurrido previamente y sin ningún método anticonceptivo. “Me hubiese podido quedar embarazada”, explicó a las psicólogas para describir la intensidad del vínculo sin aportar más detalles.
En su testimonio también afirmó: “Yo quería, no ha sido porque me haya obligado ni nada”. Para el letrado de la acusación particular, desde que sucedieron los hechos la menor ha tratado de proteger al acusado y solo con el paso del tiempo ha empezado a aportar más información sobre lo sucedido.
Los hechos se sitúan en torno a las 15,00 horas del 5 de febrero de 2023. El acusado conocía a la menor desde el verano anterior y habían quedado en varias ocasiones. Ese día quedaron para acudir al domicilio del procesado, donde se iba a celebrar una fiesta en la que, según el fiscal, el encausado proporcionó gratuitamente alcohol y cocaína a los asistentes.
El escrito de acusación del Ministerio Fiscal sostiene que el procesado, “en el deseo de tener relaciones sexuales y a sabiendas de que tenía 15 años de edad y que además tenía una discapacidad intelectual”, ofreció cocaína a la menor.
La víctima habría consumido la droga en forma de “nevadito” —un cigarrillo mezclado con una pequeña cantidad de cocaína— y, en ese contexto, accedió a mantener relaciones sexuales con el acusado, lo que para Fiscalía supone un “consentimiento afectado”.
Fue la madre de la adolescente quien acudió a la Guardia Civil para denunciar los hechos, alarmada porque su hija no regresaba a casa. En el juicio, la progenitora ha declarado que desde el verano estaban intranquilos porque la menor frecuentaba “malas compañías”, aunque no sabían que estuviera con un chico.
Para el Ministerio Público, los hechos encajan en un delito de agresión sexual a menor de edad en el que concurre una situación de especial vulnerabilidad, así como en un delito contra la salud pública por el suministro de sustancias que provocan grave daño a la salud. Considera al acusado responsable de ambos delitos y no aprecia circunstancias que modifiquen su responsabilidad criminal.
Por el delito contra la libertad sexual, la Fiscalía reclama 12 años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta, diez años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima a menos de 500 metros durante el periodo fijado. Además, solicita otros diez años de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad que implique trato habitual con menores.
En cuanto al delito contra la salud pública, el fiscal pide cinco años y dos meses de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono de las costas procesales. En conjunto, las penas interesadas ascienden a 17 años y ocho meses de cárcel.
La legislación española fija la edad de consentimiento sexual en los 16 años. Cualquier acto de carácter sexual con una persona menor de 16 años se considera agresión sexual, incluso si el menor expresa su acuerdo, ya que la ley entiende que carece de la madurez necesaria para prestar un consentimiento válido.
En esta causa, Fiscalía y acusación particular mantienen la misma petición de penas, mientras que la defensa del procesado ha solicitado su libre absolución al considerar que el relato de la menor carece de credibilidad.