La Audiencia de Madrid impone 37 años al líder de una banda que asaltó y torturó a una familia en Arroyomolinos

La Audiencia de Madrid condena a hasta 37 años a siete miembros de una banda por robos en viviendas y un brutal asalto a una familia en Arroyomolinos.

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España).  Ricardo Rubio - Europa Press

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). Ricardo Rubio - Europa Press

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La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto penas de hasta 37 años de prisión a siete integrantes de una organización dedicada a asaltar viviendas, a raíz del violento ataque perpetrado en febrero de 2023 contra una familia de Arroyomolinos.

De acuerdo con la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los procesados se hicieron pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para interceptar al dueño de la vivienda, retenerlo y agredirlo con el fin de averiguar el paradero de una elevada suma de dinero. Después se dirigieron a su domicilio, donde se encontraban su esposa y sus dos hijos menores, a quienes también privaron de libertad y amenazaron.

El tribunal da por probados los hechos y declara culpables a los siete acusados de los delitos imputados, fijando para cada uno una pena distinta en función de su grado de intervención.

El cabecilla del grupo recibe la sanción más alta, treinta y siete años de cárcel, mientras que su mano derecha, una mujer, es condenada a 21 años. Los otros cinco miembros de la banda han sido sentenciados a penas de entre trece y nueve años de prisión, al aplicárseles la atenuante muy cualificada de reparación del daño por haber consignado por adelantado una importante cantidad de dinero para indemnizar a las víctimas.

La resolución se dicta tras reconocer todos los acusados su participación en los hechos y mostrar su conformidad con las conclusiones del Ministerio Fiscal, a las que se adhirió la acusación particular. Las defensas aceptaron igualmente la calificación jurídica y las penas pactadas. Todas las partes renunciaron de forma expresa a recurrir, por lo que la sentencia ha adquirido firmeza.

Reparto de funciones y robos previos

Los hechos probados describen una actividad delictiva cuidadosamente planificada, con un claro reparto de tareas y el uso de medios tecnológicos para vigilar los movimientos de los moradores de las viviendas elegidas.

En una primera etapa, tres de los acusados actuaron juntos en varios robos cometidos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Para preparar los asaltos llevaron a cabo seguimientos, utilizaron aparatos de grabación y geolocalización y verificaron los horarios de salida de los residentes.

El 25 de diciembre de 2022 irrumpieron en una vivienda de Rivas-Vaciamadrid tras forzar una ventana y se apoderaron de joyas, relojes, un abrigo de visón y 3.500 euros en metálico. El valor de los objetos sustraídos fue fijado en 5.400 euros.

El 21 de enero de 2023 repitieron el método en otra vivienda de Arroyomolinos. Tras forzar una ventana y abrir una caja fuerte, se llevaron 42.000 euros y distintas joyas.

El 2 de febrero de ese mismo año accedieron a una vivienda de Villaviciosa de Odón, de la que robaron 3.200 euros, relojes, anillos y otras joyas. Ese mismo día intentaron entrar en otro inmueble de la localidad, pero desistieron al percatarse de que había una persona en su interior.

Secuestro, torturas y asalto a la vivienda familiar

El episodio más grave ocurrió la madrugada del 22 de febrero de 2023. Los acusados habían colocado con anterioridad un dispositivo GPS en el coche de uno de sus objetivos y vigilaban su casa mediante cámaras instaladas en un vehículo estacionado frente a la vivienda.

De este modo conocían los movimientos del propietario y pudieron seguirlo cuando circulaba por la R‑5 en dirección a Arroyomolinos. Los asaltantes emplearon un dispositivo luminoso policial para obligarle a detenerse.

Tres de ellos bajaron del coche con chalecos identificativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, exhibieron una placa y portaban objetos que simulaban ser armas reglamentarias. Tras forzarlo a salir de su vehículo, lo esposaron y le cubrieron los ojos con cinta americana.

Durante el trayecto lo golpearon en la cabeza con una pistola y le exigieron que indicara dónde guardaba el dinero que supuestamente había cobrado por organizar una fiesta. Después lo trasladaron a una finca de Navalcarnero, donde continuaron las agresiones.

En ese lugar, los acusados le propinaron golpes con palos por distintas zonas del cuerpo, especialmente en glúteos y muslos. También le colocaron unas pinzas de batería en los brazos y le aplicaron varias descargas eléctricas para doblegar su voluntad y lograr que revelara dónde se encontraba el dinero. Las amenazas incluyeron la posibilidad de causar daño a su familia.

Mientras el hombre seguía retenido y era golpeado, varios miembros del grupo se dirigieron a su domicilio. Entraron al grito de “¡Policía!”, aún vestidos con prendas policiales y mostrando sus placas. En la casa se encontraban la esposa del propietario y sus dos hijos, de 14 y cuatro años.

Los asaltantes comunicaron a la mujer que estaba detenida y que debía acompañarlos. Mientras registraban el despacho y se llevaban 2.700 euros y diversas joyas, la obligaron a abandonar la vivienda junto a los menores.

Durante el traslado, la mujer fue amenazada con una pistola introducida en su boca y escuchó advertencias de que la matarían si no decía dónde estaba el dinero. Más tarde fue introducida en el maletero de un coche y llevada hasta la finca donde se encontraba su marido.

Una vez allí, los asaltantes condujeron a la mujer y a los niños hasta el lugar en el que se hallaba el hombre, ensangrentado y tendido en el suelo.

Los familiares pudieron oír cómo seguían golpeándolo mientras permanecían encerrados en un cuarto de baño a oscuras. Finalmente, cuando comprobaron que no obtendrían más dinero, trasladaron a los cuatro miembros de la familia y los abandonaron en una calle de Moraleja de Enmedio.

Las secuelas físicas y psicológicas fueron de consideración. El hombre sufrió policontusiones y múltiples hematomas, con un periodo de curación de 21 días. Su esposa desarrolló un trastorno adaptativo y estrés postraumático moderado, mientras que la hija mayor padeció un cuadro de estrés agudo postraumático que requirió seguimiento psicológico y dejó secuelas.

Al fijar las penas, el tribunal valora de forma especial dos circunstancias. Por un lado, aprecia la agravante de reincidencia respecto del principal acusado, que ya tenía una condena firme anterior por robo con violencia en casa habitada. Por otro, aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño a cinco de los condenados.

Estos cinco habían consignado antes del juicio 130.000 euros, aportando 26.000 euros cada uno, para compensar los perjuicios económicos, físicos, psicológicos y morales sufridos por la familia asaltada. La Sala aplica las reglas de individualización de la pena del artículo 66 del Código Penal y considera ajustadas las penas pactadas por las partes.

Pertenencia a grupo criminal y delitos imputados

La sentencia condena asimismo a los acusados por pertenencia a grupo criminal, al entender acreditada la existencia de una estructura estable, concertada y con reparto de cometidos, aunque sin jerarquía rígida, orientada a la comisión de delitos contra el patrimonio en viviendas habitadas.

El principal acusado ha sido condenado a treinta y siete años por tres delitos de robo con fuerza en casa habitada, uno de ellos continuado, un robo con violencia e intimidación en casa habitada con uso de armas, cuatro delitos de detención ilegal con simulación de autoridad, lesiones leves, un delito contra la integridad moral, tenencia de armas prohibidas y pertenencia a grupo criminal.

La segunda acusada ha sido condenada a 21 años por los robos cometidos en la primera fase, por su participación en el asalto violento y las detenciones ilegales, así como por falsedad documental, tenencia de armas prohibidas y pertenencia a grupo criminal.