La Audiencia Nacional inicia este lunes el juicio contra un hombre al que se le atribuye haber llevado a cabo, presuntamente, labores de apoyo logístico, técnico y de propaganda a favor de Estado Islámico (DAESH) mediante redes sociales y distintas plataformas en Internet.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicitan para él ocho años de cárcel y una multa de 6.300 euros por un supuesto delito de colaboración con organización terrorista, o de forma alternativa, por adoctrinamiento orientado a la incorporación a dicha organización.
El Ministerio Público sostiene que el procesado habría integrado “Bank Alansar”, una estructura mediática y virtual afín al DAESH que se dedica a impulsar cuentas de sustitución en redes sociales para simpatizantes de la organización terrorista, con el objetivo de garantizar la continuidad de su presencia y visibilidad en el entorno digital.
Apoyo técnico y ocultación de identidad
De acuerdo con la acusación, el encausado proporcionaba supuestamente cuentas de usuario en redes sociales y números de teléfono para su utilización en aplicaciones de mensajería, en especial Telegram, a seguidores del DAESH que se lo requerían, evitando así que recurrieran a sus datos personales reales.
Además, habría facilitado “de forma reiterada números de teléfono internacionales” destinados a la apertura de perfiles en Telegram y otras plataformas, al tiempo que “prestaba asesoramiento sobre el uso de servicios de VPN y otros mecanismos de anonimato digital, destinados a eludir la acción policial”, subraya la Fiscalía.
El Ministerio Público remarca que el acusado prestó este apoyo “con pleno conocimiento de que tales medios serían utilizados para la difusión de propaganda terrorista, adoctrinamiento y coordinación de actividades yihadistas”.
Canales de Telegram y difusión de propaganda
En otro apartado, la Fiscalía indica que el procesado “creó y administró el canal de Telegram 'Fursan Al Aqida'”, a través del cual difundía contenido “directamente vinculado con DAESH”, además de impulsar otros grupos destinados “la difusión de propaganda, la celebración de reuniones por videoconferencia y el adoctrinamiento y la captación de terceros”.
“El contenido difundido incluía incitación a la yihad, exaltación del martirio y llamamientos explícitos a la violencia, así como instrucciones ideológicas y doctrinales basadas en el salafismo yihadista”, recoge el escrito del fiscal.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que el acusado habría desarrollado “actividades idóneas para la captación de terceros y la incitación a la comisión de acciones violentas con el fin de prestar apoyo operativo” a la yihad, “incitando a terceros a empuñar armas y cometer actos de yihad violenta, alentando la comisión de atentados en territorio europeo”.