La Fiscalía de Baleares ha decidido interponer una querella contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller de Deportes, Medio Ambiente y Medio Rural, Pedro Bestard, por un presunto uso irregular de los vehículos oficiales de la institución insular.
Según han adelantado “Última Hora” y “Diario de Mallorca” y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del caso, el Ministerio Público adopta esta medida tras una investigación por un posible delito de malversación iniciada a raíz de la denuncia presentada por el Grupo Socialista en el Consell de Mallorca el pasado 2 de julio.
Para los socialistas, las conductas atribuidas a Bestard podrían encajar en delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental.
En su escrito, el PSIB reprochaba al dirigente de Vox haber recurrido de forma habitual y repetida a varios coches del parque móvil del Consell para fines estrictamente particulares y, en algunos casos, de uso exclusivo, ocasionando gastos en combustible y otros consumos sin la preceptiva autorización.
El grupo socialista solicitó a la Fiscalía que tomara declaración a la secretaría técnica del departamento de Medio Ambiente, que encabeza Bestard, a la secretaria técnica de Presidencia, al secretario general y a la interventora. Asimismo, reclamó copia de todos los expedientes vinculados al uso de los vehículos adscritos a Medio Ambiente, incluidos los registros de desplazamientos, consumo de carburante, operaciones de mantenimiento, datos de geolocalización y cualquier otra documentación relacionada.
Tras hacerse público el caso el pasado mes de mayo, el Consell de Mallorca encargó varios informes técnicos que concluyeron que el vicepresidente segundo había utilizado de manera exclusiva tres coches oficiales sin contar con autorización expresa para ello, al no constar que dichos vehículos estuvieran asignados en régimen de exclusividad.
No obstante, esos informes internos, ordenados por el presidente del Consell, Llorenç Galmés, admitían que esta forma de proceder “no es una conducta apropiada”, pero al mismo tiempo señalaban que no se puede “determinar de forma categórica el uso indebido”.
Tras conocer las conclusiones de los servicios técnicos, la institución insular optó por no adoptar medidas disciplinarias ni políticas contra Bestard y dio por zanjado el asunto con la aprobación de una instrucción interna destinada a regular el uso de los vehículos oficiales.