El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha cerrado el sumario contra Carles Puigdemont para que el alto tribunal pueda aplicarle la amnistía. La decisión permite avanzar hacia la resolución definitiva de su situación penal en la causa del procés.
El cierre del sumario era uno de los trámites pendientes después de que el instructor retirase las órdenes nacionales de detención. Ahora debe distinguirse ese paso procesal de la decisión de extinguir la responsabilidad penal y acordar el sobreseimiento, que corresponde a la Sala de enjuiciamiento del Supremo.
Qué significa el cierre del sumario contra Puigdemont
La novedad afecta al procedimiento que seguía abierto contra el expresidente de la Generalitat. Concluir el sumario permite que la causa avance hacia el órgano que debe pronunciarse sobre la aplicación definitiva de la amnistía.
El propio Llarena había marcado esa diferencia en su resolución del 19 de octubre. Entonces confirmó el levantamiento de las órdenes de detención, pero precisó que esa medida no suponía concluir el sumario ni sustituía la resolución que debía adoptar la Sala sobre la responsabilidad penal de los procesados.
Por tanto, el anuncio de este martes no debe confundirse con una resolución que ya haya archivado definitivamente la causa. La información adelantada por la agencia sitúa el procedimiento en el paso previo a esa decisión.
Las órdenes de detención ya habían quedado sin efecto
El movimiento judicial llega después de las decisiones adoptadas por Llarena en octubre. El día 6 dejó provisionalmente sin efecto las órdenes nacionales de busca y captura y detención contra Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
El 19 de octubre ratificó esa medida al desestimar el recurso de reforma de la acusación popular. El magistrado consideró aplicable a los tres la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la amnistía del delito de malversación, fijada en la sentencia que concedió el amparo a la exconsellera Dolors Bassa.
La retirada de las órdenes y el cierre del procedimiento son decisiones distintas. La primera afectaba a las medidas de detención; la segunda requiere resolver sobre la responsabilidad penal y el archivo de la causa.
La defensa había pedido poner fin al procedimiento
Puigdemont había solicitado al Supremo el 14 de octubre que completase los trámites para aplicarle la ley. Su defensa pidió que se declarase que los hechos estaban incluidos en el ámbito de la amnistía, se concluyese el sumario y se remitiera la causa a la Sala de lo Penal.
La petición se produjo después de que el Tribunal de Cuentas aplicase la amnistía a Puigdemont y a otros 34 antiguos responsables por los gastos del procés. Esa resolución se refería a la responsabilidad contable, una vía diferente de la causa penal que tramita el Supremo.
Qué falta para la amnistía definitiva
La decisión pendiente corresponde a la Sala que debe resolver sobre la extinción de la responsabilidad penal y el sobreseimiento. El cierre del sumario permite avanzar hacia ese pronunciamiento.