Manuela Carmena critica la forma de trabajar de la Justicia: "¿Para quién escribimos las sentencias?"

La exalcaldesa de Madrid cuestionó la utilidad de parte del trabajo judicial durante la presentación del libro de Álvaro Lobato

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un acto en Madrid en 2024 Gabriel Luengas - Europa Press

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Manuela Carmena cuestionó el aprovechamiento del tiempo y los recursos en los tribunales durante la presentación del libro Justicia, ¿quién responde? El mundo cambia, la justicia no, del magistrado Álvaro Lobato Lavín. La exjueza resumió su crítica con una frase: "En la justicia se trabaja mucho de una manera muy inútil".

El encuentro, celebrado el 18 de noviembre en la sede de Fide, reunió también al exministro de Justicia Rafael Catalá y al autor de la obra. Los participantes abordaron las inercias de la organización judicial y las dificultades para evaluar su funcionamiento. Las intervenciones apuntaron a problemas distintos: desde la gestión cotidiana de los juzgados hasta los criterios para designar cargos y la falta de incentivos para mejorar el rendimiento de los órganos judiciales.

La exalcaldesa de Madrid puso como ejemplo las diligencias de ordenación que se limitan a dar por presentado un escrito. A su juicio, actuaciones de ese tipo consumen tiempo y recursos sin aportar un avance sustancial al procedimiento. También criticó que se mantengan formas de trabajo que calificó de "utensilios mentales absurdos".

Carmena defendió que la gestión de los tribunales debe abordarse como una función diferenciada de la tarea de juzgar y planteó que esa responsabilidad recaiga en especialistas. Al término de su intervención dejó una pregunta sobre el sentido último de las resoluciones judiciales: "¿Para quién escribimos las sentencias?".

Catalá reclama criterios objetivos para los nombramientos

Rafael Catalá centró su intervención en el sistema de designación de cargos judiciales. Consideró que la falta de criterios objetivados permite negociar cuotas y defendió procedimientos más transparentes, basados en la evaluación de capacidades y con participación de especialistas en recursos humanos.

El exministro también cuestionó el modelo de modernización tecnológica. "Hemos incorporado mucha tecnología, pero para hacer lo mismo", afirmó. Entre los cambios que planteó figuran reorganizar los cuerpos de funcionarios, medir las cargas de trabajo y reforzar la formación en dirección de equipos para quienes aspiren a puestos gubernativos.

El libro de Lobato pone el foco en la cultura judicial

Álvaro Lobato Lavín, magistrado de lo Mercantil en Barcelona, regresó a la carrera judicial en 2022 después de más de dos décadas de ejercicio profesional en el sector privado. Esa doble experiencia sirve de punto de partida para analizar las rutinas, los incentivos y la capacidad de transformación de la institución.

En Justicia, ¿quién responde? El mundo cambia, la justicia no, el autor sostiene que el problema principal no es la falta de recursos económicos, sino una cultura organizativa que apenas mide resultados y ofrece poca respuesta ante la falta de cambios. La obra plantea la necesidad de evaluar el funcionamiento de los tribunales y asumir responsabilidades sin convertir esa revisión en una amenaza para la independencia judicial.

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¿Qué pasos son necesarios para reformar el sistema de designación de cargos judiciales en España?

Para reformar el sistema de designación de cargos judiciales en España hay que distinguir qué nombramientos se quieren cambiar y qué reglas están fijadas en la Constitución. Las condiciones y procedimientos establecidos por ley pueden modificarse mediante una reforma legislativa; las reglas constitucionales exigen reformar primero la Constitución. No existe, por tanto, un único procedimiento aplicable a todos los cargos.

1. Delimitar el alcance de la reforma

Conviene separar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, de los nombramientos judiciales que realiza este Consejo, como determinadas presidencias y magistraturas del Tribunal Supremo. Los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un régimen propio: este tribunal no forma parte del Poder Judicial.

La propuesta debe precisar si cambia quién elige, los requisitos de los candidatos, las mayorías, los criterios de valoración o las garantías de transparencia y control.

2. Determinar si basta una ley orgánica

El artículo 122 de la Constitución establece que el CGPJ tiene veinte vocales, nombrados por el Rey por cinco años: doce entre jueces y magistrados y ocho entre abogados y otros juristas de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional. De estos últimos, cuatro son propuestos por el Congreso y cuatro por el Senado, por mayoría de tres quintos.

El procedimiento de selección de los doce vocales judiciales puede reformarse mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial, respetando los límites constitucionales. También pueden modificarse legalmente los requisitos y procedimientos de otros nombramientos: convocatoria, publicidad de candidaturas, comparecencias, valoración de méritos, motivación y recursos.

En cambio, cambiar el número de vocales, su mandato, la distribución constitucional de sus integrantes o los tres quintos exigidos para los ocho juristas requiere una reforma constitucional. Las modificaciones del Tribunal Constitucional deben contrastarse, además, con sus reglas constitucionales específicas.

3. Tramitar la reforma legislativa

El Gobierno puede presentar un proyecto de ley, o los sujetos legitimados pueden impulsar una proposición. Si parte del Gobierno, se prepara un anteproyecto y se recaban los informes preceptivos; una reforma sobre organización y funcionamiento judicial requiere atender al informe del CGPJ.

Después llegan la presentación parlamentaria, las enmiendas, el trabajo de ponencia y comisión y la votación. Una ley orgánica necesita mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto: al menos 176 diputados.

El Senado puede aprobar el texto, introducir enmiendas o vetarlo. El veto exige mayoría absoluta del Senado; el Congreso puede levantarlo por mayoría absoluta inmediatamente o por mayoría simple transcurridos dos meses. Las enmiendas vuelven al Congreso, preservándose las exigencias de aprobación orgánica. Finalmente, el Rey sanciona y promulga la ley y se publica en el BOE; su aplicación comienza cuando disponga el texto.

4. Reformar la Constitución cuando sea necesario

Una modificación del artículo 122 sigue, en principio, el procedimiento del artículo 167: tres quintos de cada Cámara y mecanismos de conciliación si discrepan. Si el Senado alcanza mayoría absoluta, el Congreso puede aprobarla por dos tercios. Hay referéndum si lo solicita, dentro de quince días, una décima parte de cualquiera de las Cámaras.

El procedimiento agravado del artículo 168 solo corresponde si la reforma alcanza sus materias protegidas: exige dos tercios de ambas Cámaras, disolución, nuevas elecciones, ratificación y aprobación por las nuevas Cortes y referéndum obligatorio.

5. Prever la transición

La reforma debe regular los mandatos vigentes y los nombramientos pendientes, respetando la independencia judicial. Un Gobierno en funciones no puede presentar proyectos de ley. Con las Cortes disueltas no puede completarse la reforma: la Diputación Permanente no sustituye su potestad legislativa ordinaria ni constituyente.

¿Cuáles son las funciones específicas de un exministro de Justicia y cómo difieren de las de un magistrado?

En el ordenamiento español, la figura de un exministro de Justicia y la de un magistrado son radicalmente distintas en cuanto a naturaleza, funciones y posición institucional. Comparten haber estado vinculadas a la Administración de Justicia, pero se mueven en planos muy diferentes: el primero en el ámbito político–gubernamental, el segundo en el estrictamente jurisdiccional.

1. Qué es y qué hace un exministro de Justicia

Un ministro de Justicia es un alto cargo del Poder Ejecutivo, miembro del Gobierno, responsable de la política de justicia: dirige el Ministerio, propone normas, gestiona recursos, se relaciona con el Poder Judicial en lo institucional, etc. Sin embargo, una vez cesa, pasa a ser simplemente exministro, una condición esencialmente política y honorífica, no un cargo con funciones propias.

Desde el punto de vista jurídico:

  • No existe un “cargo” de exministro con competencias definidas en las leyes. El cese extingue todas las funciones ejecutivas.
  • Lo que conserva son, en su caso, derechos y obligaciones derivados de haber sido alto cargo: límites posteriores para trabajar en el sector privado (puertas giratorias), deber de confidencialidad respecto a información reservada, registro de intereses, posible derecho a pensión/indemnización según la normativa aplicable, etc.
  • Puede seguir ejerciendo influencia política o pública, pero a título personal o como cargo en otros puestos (diputado, senador, abogado, conferenciante, miembro de consejos, etc.), no por ser exministro en sí.
  • La condición de exministro tiene sobre todo relevancia protocolaria y simbólica: puede ser citado como tal en actos, debates públicos, comisiones de investigación si se le llama, etc., pero esas intervenciones dependen del nuevo puesto que ocupe o de invitaciones concretas, no de una competencia permanente.

En resumen, el exministro de Justicia no tiene funciones jurídicas propias por el mero hecho de ser “ex”; su papel pasa a ser el de un ciudadano (o de otro cargo que pueda ostentar) con la singularidad de su experiencia política previa y ciertas limitaciones/deberes posteriores.

2. Qué es y qué hace un magistrado

Un magistrado es un juez de carrera que ejerce jurisdicción: forma parte del Poder Judicial. A diferencia del exministro, su posición sí está claramente definida por la Constitución y por las leyes orgánicas.

Sus funciones nucleares son:

  • Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado: resolver conflictos aplicando la ley (penales, civiles, contencioso-administrativos, sociales, etc.) y velar por que sus resoluciones se cumplan.
  • Garantizar derechos fundamentales: tutela judicial efectiva, derecho de defensa, garantías penales, derechos en el proceso, control de actuaciones de la Administración, etc.
  • Actuar con independencia: no pueden recibir órdenes del Gobierno, del Parlamento ni de otras autoridades sobre cómo resolver un caso concreto. Sujeción única a la Constitución y a la ley.
  • Imparcialidad y neutralidad: están sometidos a regímenes estrictos de incompatibilidades (no pueden desempeñar cargos políticos, no pueden asesorar partes en litigio, etc.).
  • Responsabilidad profesional: pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria, civil o penal si vulneran sus deberes, pero gozan de garantías para proteger su independencia.

Además, el magistrado tiene un estatuto profesional estable: acceso mediante oposición y carrera judicial, inamovilidad en el destino salvo causas tasadas, régimen retributivo y de incompatibilidades específico. Su papel es técnico y jurisdiccional, no político.

3. Principales diferencias entre un exministro de Justicia y un magistrado
  • Naturaleza del rol:
    • Exministro de Justicia: ex–alto cargo del Poder Ejecutivo. Rol político, ya extinguido.
    • Magistrado: miembro en activo del Poder Judicial. Rol jurisdiccional, técnico e independiente.
  • Fuente de sus “funciones”:
    • Exministro: ya no tiene funciones derivadas del cargo. Lo que haga después dependerá de nuevos puestos o actividades privadas.
    • Magistrado: sus funciones vienen directamente de la Constitución y de las leyes que regulan la organización judicial.
  • Relación con la política:
    • Exministro: ha sido actor político de primer nivel; puede seguir interviniendo en política desde partidos, medios o think tanks.
    • Magistrado: debe mantenerse al margen de la lucha partidista; su legitimidad descansa en la neutralidad.
  • Tipo de decisiones:
    • Exministro (cuando estaba en el cargo): decisiones de política pública, de gestión del sistema de justicia, elaboración de proyectos normativos.
    • Magistrado: decisiones individualizadas sobre casos concretos, aplicando la normativa existente.
  • Continuidad en el tiempo:
    • Exministro: su condición depende del cese político; es inherentemente temporal.
    • Magistrado: carrera profesional de larga duración, con estabilidad e inamovilidad.

En síntesis, un exministro de Justicia es una figura básicamente política ya cesada, sin funciones públicas propias salvo las que asuma en nuevos cargos o por invitación. En cambio, un magistrado es un órgano del Poder Judicial con funciones permanentes de juzgar, proteger derechos y aplicar la ley con independencia y neutralidad.

¿Podrías explicar con más detalle qué hacía exactamente el ministro de Justicia cuando estaba en el cargo? ¿Qué limitaciones profesionales y de incompatibilidad tiene un magistrado en España? ¿Qué ocurre si una misma persona ha sido magistrado y luego ministro de Justicia: qué implicaciones tiene al volver a la carrera judicial?

¿Qué requisitos legales existen para modificar la gestión de los tribunales y quién puede impulsarlos?

En España, modificar la gestión de los tribunales no exige siempre una ley orgánica: el instrumento depende de qué se quiera cambiar. La estructura del Poder Judicial y el estatuto de los jueces tienen mayores garantías que la organización de oficinas, edificios o recursos. También hay que distinguir entre quien puede proponer una reforma y quien tiene competencia para aprobarla.

1. Qué cambios requieren una ley

El artículo 122 de la Constitución reserva a la Ley Orgánica del Poder Judicial la «constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales», así como el estatuto de jueces y magistrados y del personal a su servicio. Por tanto, cambiar los tipos de tribunales, las bases de su gobierno o los elementos esenciales de ese estatuto exige reformar la LOPJ. Esta reserva está explicada en la Sentencia 128/2018.

La aprobación de una reforma orgánica requiere mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto, además de su tramitación parlamentaria y del paso por el Senado. Esa mayoría especial no se exige para cualquier medida administrativa relacionada con Justicia.

La planta judicial —los órganos y plazas existentes— y la demarcación —el territorio que atiende cada órgano— se concretan mediante legislación estatal ordinaria, sin perjuicio de las modificaciones que la ley permita ejecutar al Gobierno. La Sentencia 62/1990 distingue estas decisiones de la definición general del modelo judicial, reservada a la LOPJ.

2. Qué puede cambiarse mediante reglamentos

Las medidas de desarrollo y organización pueden aprobarse mediante reglamentos o decisiones administrativas cuando encajen en las competencias atribuidas y respeten las leyes. Un reglamento no puede sustituir una reforma legal ni alterar por sí solo las garantías esenciales de los jueces.

La organización de las oficinas judiciales y de los servicios comunes —equipos que centralizan tareas de apoyo y tramitación— permite intervención del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas competentes. La Sentencia 294/2006 explica ese reparto y la necesidad de coordinación entre administraciones.

3. Quién puede impulsar y aprobar los cambios
  • Gobierno: puede presentar proyectos de ley y aprobar las disposiciones de desarrollo que le correspondan. Gestiona los medios judiciales donde esa competencia no esté asumida por una comunidad autónoma.
  • Congreso y Senado: pueden impulsar proposiciones de ley y son quienes tramitan y aprueban las reformas legislativas. En el Congreso pueden promoverlas un grupo parlamentario o un diputado con otras catorce firmas.
  • Parlamentos autonómicos: pueden solicitar al Gobierno un proyecto de ley o remitir una proposición al Congreso. Las comunidades también participan en la demarcación mediante los mecanismos legalmente previstos.
  • Consejo General del Poder Judicial: puede formular propuestas, señalar necesidades y ejercer su potestad reglamentaria dentro de sus atribuciones. No dispone de iniciativa legislativa directa ni sustituye a las Cortes.
4. Garantías y límites

Los anteproyectos gubernamentales sobre organización judicial deben someterse al informe preceptivo del CGPJ cuando corresponda: es un trámite obligatorio, no una autorización general. Ese requisito no se traslada automáticamente a las proposiciones parlamentarias, según la Sentencia 128/2023.

Las comunidades autónomas pueden gestionar medios materiales y personal dentro de sus competencias, pero no asumir el gobierno de los jueces ni decidir el contenido de las sentencias. En definitiva, cualquier reforma debe respetar la independencia judicial, el reparto competencial y el procedimiento exigido; mejorar recursos no equivale a modificar quién juzga o cómo debe resolver.

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¿Qué crítica principal realizó Manuela Carmena sobre el funcionamiento de la justicia?

Pregunta 1 de 3

¿Qué propuso Rafael Catalá respecto al sistema de nombramientos judiciales?

Pregunta 2 de 3

Según Álvaro Lobato, ¿cuál es el principal problema del sistema judicial?

Pregunta 3 de 3