Quiénes son Los Rochos, el clan de Badajoz que salta al 'caso Leire'

La causa sobre el entorno de Leire Díez en la Audiencia Nacional que instruye el juez Santiago Pedraz se encuentra en plena fase de instrucción, aún abierta y en desarrollo. No hay constancia, en la información disponible, de que se haya dictado todavía un auto de apertura de juicio oral ni una resolución de archivo o sobreseimiento; al contrario, se siguen practicando diligencias, ampliando el número de investigados y concentrando procedimientos previos en un solo juzgado.

Según la cobertura de Demócrata y otros medios, Pedraz dirige en la Audiencia Nacional el llamado “caso Leire Díez”, una investigación sobre una presunta trama destinada a interferir o desestabilizar procedimientos judiciales sensibles para el PSOE y el Gobierno. En esta causa aparecen como piezas centrales la exmilitante socialista Leire Díez, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y diversos cargos públicos, empresarios y responsables policiales.

Procesalmente, hay varios elementos clave que permiten ubicar el estado actual:

• La causa está en fase de instrucción penal en un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (el que encabeza Santiago Pedraz). Esto implica que el objetivo actual es recabar indicios, practicar declaraciones, registros y periciales para determinar si procede o no llevar los hechos a juicio.
• La investigación ha permanecido en buena parte bajo secreto de las actuaciones desde diciembre de 2025, cuando la UCO practicó detenciones y registros en empresas y organismos públicos vinculados al caso, según relata Demócrata. El secreto se ha ido prorrogando para no comprometer las pesquisas.
• En la primavera y el verano de 2026 se ha producido una intensa actividad instructora: registros (incluida la sede federal del PSOE en Ferraz), imputaciones masivas y citaciones tanto de investigados como de testigos. Todo ello es típico de una investigación que sigue en marcha, no de una que se acerca a su clausura.

Un hito procesal importante es la concentración de todas las causas relacionadas con Leire Díez en la Audiencia Nacional. Hasta mediados de 2026 coexistían dos procedimientos:

• Una causa en los juzgados de instrucción de Madrid (Plaza de Castilla), dirigida por el juez Arturo Zamarriego, centrada en las actuaciones de Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.
• La causa más amplia en la Audiencia Nacional, a cargo de Pedraz, sobre la presunta estructura para obtener información comprometida de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción y tratar de frenar causas que afectaran al PSOE.

En agosto de 2026, Zamarriego acuerda inhibirse y remitir sus diligencias a la Audiencia Nacional. Según la pieza “La Audiencia Nacional se queda con todo el caso Leire y concentra en Pedraz la investigación sobre la ‘fontanera’”, esto supone que:

• Las dos investigaciones dejan de avanzar en paralelo.
• Pedraz pasa a ser el único instructor de todo el entramado, con acceso al conjunto de las diligencias ya practicadas en ambos procedimientos.
• La causa entra en una “nueva fase” marcada por la visión conjunta de todos los elementos (reuniones, pagos, comunicaciones, registros, etc.).

En paralelo, durante junio y julio de 2026 se adoptan decisiones que confirman que la instrucción está lejos de haberse cerrado:

• El juez imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en una pieza sobre presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con Servinabar y otras empresas, de acuerdo con esta información.
• Llama a declarar como investigados, entre otros, a la directora general de la Guardia Civil Mercedes González y al Director Adjunto Operativo del cuerpo, habilitando nuevas líneas de investigación dentro del mismo sumario (Demócrata).
• Cita a responsables del PSOE y del entorno de la Fiscalía (como la presidenta del partido, Cristina Narbona, o altos cargos del Ministerio Público) en calidad de testigos, lo que denota que se siguen explorando ramificaciones de la trama.
• En septiembre de 2026 continúa tomando declaración a nuevos investigados, como la gerente del PSOE y el exabogado de Koldo García (Demócrata).

Todo esto encaja con un estado procesal de instrucción abierta y en expansión: el juez está acumulando piezas, ampliando el círculo de investigados y reforzando la base indiciaria antes de plantearse decisiones de cierre (archivo, sobreseimiento o apertura de juicio oral). Las noticias consultadas no reflejan, a fecha de septiembre de 2026, que se haya dado ese salto a la fase intermedia o al enjuiciamiento, por lo que la causa sigue en manos de Pedraz como sumario en curso en la Audiencia Nacional.

El juez de instrucción en España es la pieza central de la fase de investigación del proceso penal ordinario, regulado principalmente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y, de forma indirecta, en la Constitución (principio de tutela judicial efectiva, juez predeterminado por la ley, garantías penales y procesales). Sus competencias se orientan a esclarecer hechos presuntamente delictivos y a decidir si procede llevarlos a juicio, siempre con sometimiento estricto a la legalidad y a los derechos fundamentales.

a) Función jurisdiccional general

El juez de instrucción es un órgano jurisdiccional unipersonal del orden penal, con competencia para conocer, en primera fase, de la mayoría de los delitos perseguibles de oficio y, en determinados casos, de delitos semipúblicos o privados cuando se ejercita la acción penal. Ejerce potestad jurisdiccional en exclusiva (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), pero limitada a la fase de instrucción: dirige el procedimiento, resuelve incidentes procesales, controla la legalidad de las actuaciones policiales y fiscales y garantiza los derechos de las partes (investigados, acusaciones, perjudicados).

No es un mero “director de investigación”: adopta decisiones jurisdiccionales mediante resoluciones (providencias, autos y, en menor medida, sentencias en asuntos de menor entidad o procedimientos especiales) que son ejecutivas y revisables en vía de recurso por órganos superiores.

b) Dirección de la fase de instrucción

Su función nuclear es dirigir la instrucción del procedimiento penal ordinario:

• Incoar diligencias previas o sumario cuando recibe una denuncia, querella, atestado policial o tiene conocimiento de un posible delito.
• Calificar provisionalmente los hechos a efectos de competencia y de procedimiento, decidiendo si continúa el juzgado o se inhibe a otro órgano (por ejemplo, Audiencia Nacional, juzgados de violencia sobre la mujer, etc.).
• Ordenar y coordinar las diligencias de investigación necesarias para determinar la existencia del delito, las personas responsables y el alcance de los daños (declaraciones, periciales, inspecciones oculares, requerimientos de documentación, etc.).
• Resolver sobre la situación procesal de los investigados (imputación formal, llamamiento a declarar, adopción o levantamiento de medidas cautelares).
• Concluir la instrucción, acordando el sobreseimiento (libre o provisional) o la continuación del procedimiento hacia la fase intermedia y el juicio oral, cuando aprecie indicios racionales de criminalidad.

c) Medidas cautelares personales y reales

El juez de instrucción es el órgano competente, en general, para acordar las medidas cautelares más intensas del proceso penal, siempre bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y subsidiariedad:

• Personales: detención judicial, prisión provisional, libertad provisional con o sin fianza, prohibición de salida del territorio, retirada de pasaporte, órdenes de alejamiento y de comunicación, suspensión provisional de cargos o funciones, entre otras.
• Reales (patrimoniales): embargos preventivos, fianzas, anotaciones preventivas en registros, intervención y depósito de bienes, bloqueo de cuentas o productos financieros para asegurar responsabilidades civiles o decomisos futuros.

Estas decisiones exigen motivación reforzada y audiencia de las partes cuando sea posible, y son recurribles ante instancias superiores.

d) Diligencias que afectan a derechos fundamentales

La LECrim atribuye al juez de instrucción la competencia exclusiva para autorizar, controlar y revisar diligencias de investigación que suponen una injerencia intensa en derechos fundamentales:

• Entradas y registros en domicilios y lugares cerrados.
• Intervención de comunicaciones telefónicas y telemáticas, acceso a datos de tráfico y geolocalización.
• Registro y acceso al contenido de dispositivos electrónicos, correos y nubes de almacenamiento.
• Vigilancias y seguimientos especialmente intrusivos, cuando afecten a la intimidad.

En estos casos, el juez debe valorar la existencia de indicios suficientes, la idoneidad y proporcionalidad de la medida, su duración y el alcance de la afectación al derecho fundamental, incorporando esta motivación al auto correspondiente.

e) Relación con el Ministerio Fiscal y la policía judicial

El juez de instrucción actúa en un triángulo funcional con el Ministerio Fiscal y la policía judicial:

• Con el Ministerio Fiscal: el fiscal es parte en el procedimiento, puede instar diligencias, solicitar medidas cautelares, recurrir decisiones y, en su caso, formular acusación. El juez decide, acepta o rechaza las peticiones del fiscal con independencia e imparcialidad.
• Con la policía judicial: la policía judicial actúa bajo la dependencia funcional de jueces y fiscales en la investigación de delitos. El juez puede ordenar diligencias a las unidades policiales, controlar su legalidad y revisar lo actuado en la fase policial, corrigiendo excesos o nulidades.

f) Límites de sus competencias

El juez de instrucción tiene límites claros:

• No es, por regla general, el órgano sentenciador en los procedimientos ordinarios por delito: el juicio y la valoración definitiva de la prueba corresponden a otros órganos (juzgados de lo penal, audiencias provinciales, etc.).
• No puede asumir funciones propias del Ministerio Fiscal, como el monopolio de la acción penal en determinados supuestos ni la dirección orgánica de la policía judicial.
• Debe respetar el principio acusatorio: no puede condenar sin acusación previa ni introducir de oficio un objeto procesal completamente nuevo en fase de enjuiciamiento.
• Sus decisiones están sometidas a control mediante recursos (reforma, apelación, queja), y las diligencias de investigación que vulneren derechos fundamentales pueden ser anuladas.

En síntesis, el juez de instrucción es garante de la legalidad y de los derechos en la fase de investigación penal, con amplias facultades para esclarecer los hechos, pero sometido a límites estrictos y al control de órganos superiores y de las partes.

A partir de la búsqueda específica en las bases de datos de prensa y documentación consultadas esta vez, no aparece un desglose numérico claro y verificable de los resultados del PSOE en las últimas elecciones municipales en la ciudad de Badajoz (porcentaje de voto y número de concejales) ni una tabla que permita compararlos con precisión con los comicios municipales inmediatamente anteriores. Por tanto, no puedo ofrecerte una cifra exacta de votos, porcentaje ni concejales del PSOE sin salirnos de lo que realmente está documentado en las fuentes utilizadas.

Sí se obtiene, sin embargo, contexto político relevante sobre la situación del Ayuntamiento de Badajoz tras las últimas municipales. Un análisis de la situación presupuestaria en las capitales de provincia recoge que en Badajoz el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta, mientras el PSOE forma parte de la oposición municipal. Ese artículo explica que, en el momento del análisis, el PP “disfruta de mayoría absoluta” en el consistorio pacense, lo que implica que la suma de concejales populares supera por sí sola la mayoría del pleno, dejando al PSOE sin capacidad para disputar la alcaldía mediante pactos con otras fuerzas (análisis sobre presupuestos y mayorías municipales).

Con esta información de contexto se puede afirmar que:

• El PSOE no fue la fuerza ganadora en las últimas elecciones municipales en la ciudad de Badajoz.
• El PP obtuvo una mayoría absoluta de concejales, por lo que la representación socialista quedó claramente por detrás y en la oposición.
• Las fuentes periodísticas consultadas hablan en términos de “desplome” del PSOE en Extremadura y de un avance muy notable del PP y de la derecha en general en la comunidad, lo que encaja con un retroceso del voto socialista también en la capital, aunque sin ofrecer el dato municipal desagregado.

Ahora bien, tu pregunta pide tres cosas muy concretas:

• El porcentaje de voto del PSOE en las últimas municipales en Badajoz ciudad.
• El número de concejales que obtuvo.
• La comparación exacta con las anteriores municipales (evolución de voto y de escaños).

Esos tres datos forman parte del recuento oficial de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 (la última convocatoria local celebrada en España) y están disponibles en los repositorios oficiales electorales, pero no figuran, con el nivel de detalle que necesitamos, en los textos concretos que se han recuperado aquí. Para no inventar cifras, es importante remitirse a las fuentes donde sí constan de forma exacta y comprobable.

Si quieres el dato numérico preciso, te recomiendo consultar:

• El portal de resultados del Ministerio del Interior para las elecciones municipales de 2023, donde puedes filtrar por comunidad autónoma, provincia y, finalmente, por el municipio de Badajoz. Allí verás para el PSOE:
  • Número exacto de votos y su porcentaje sobre el total.
  • Número de concejales obtenidos.
  • Comparativa con 2019 (suele aparecer en pestañas de históricos o bien descargando el fichero de resultados).
• La web de la Junta Electoral Central o, en su caso, de la Junta Electoral de Zona, que enlazan a los resultados oficiales por municipio y actas de escrutinio.
• La página de resultados electorales del propio Ayuntamiento de Badajoz o de la Diputación de Badajoz, que en ocasiones publican resúmenes municipales con reparto de concejales por partido.

En síntesis, con la información efectivamente localizada ahora mismo puedo decirte con seguridad que el PSOE se sitúa en la oposición en el Ayuntamiento de Badajoz y que el PP dispone de una mayoría absoluta en el pleno municipal, lo que refleja un resultado claramente desfavorable para los socialistas respecto a etapas anteriores en las que el equilibrio de fuerzas era más ajustado. Pero no puedo atribuirle un porcentaje concreto de voto ni un número exacto de concejales sin acudir a los cuadros oficiales de resultados, que son los que debes utilizar si necesitas el dato con precisión estadística o jurídica.

Si necesitas ayuda para interpretar esos cuadros una vez consultes el resultado oficial (por ejemplo, cómo se reparte el número de concejales a partir de los votos, o cómo ha evolucionado la representación del PSOE entre 2011 y 2023 en Badajoz), puedo ayudarte a hacer ese análisis comparado y a extraer conclusiones políticas a partir de los datos.