El Gobierno encara días especialmente intensos en el plano judicial. La semana ha arrancado este lunes con la comparecencia de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.
La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a la audiencia preliminar convocada por el juez Juan Carlos Peinado, un trámite previo a la posible apertura de juicio con jurado popular.
La investigación gira en torno a presuntos delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida, malversación y corrupción en los negocios, acusaciones que la defensa rechaza y para las que la Fiscalía también ha solicitado el archivo de la causa.
Pero no es el único asunto pendiente para el Ejecutivo, que respira hondo con una agenda judicial en la mano que vuelve a tensar la legislatura.
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Concluye la vista de Begoña Gómez como paso previo antes de enviar el caso a juicio con jurado popular
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Mercedes González en el Senado
La semana ofrecerá un respiro en los juzgados este martes. Sin embargo, los casos que salpican a los socialistas volverán a copar titulares por la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado, donde dará explicaciones sobre sus reuniones con Leire Díez, la exmilitante socialista involucrada en una supuesta trama para frenar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
El Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, ya ha anunciado que exigirá aclaraciones sobre los encuentros mantenidos entre ambas y sobre el posterior borrado de mensajes, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya documentado al menos tres reuniones.
Los 'populares' consideran que existen contradicciones entre las explicaciones ofrecidas por González y las conclusiones recogidas en los informes policiales.
Por su parte, el Ministerio del Interior y el Gobierno han respaldado públicamente a la directora general de la Guardia Civil y niegan cualquier interferencia en el trabajo de la UCO.
Declaración de Zapatero
El ecuador de la semana sacará a relucir la muy esperada declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Su caso no solo ha generado una profunda división entre el ala socialista del Gobierno y Sumar, sino que además ha vuelto a distanciar al Ejecutivo de sus socios de investidura.
La investigación, encabezada por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, señala al exdirigente socialista por su participación al frente de una “estructura jerarquizada” de tráfico de influencias por los pagos que habría percibido de compañías de la supuesta red, en el marco del rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Zapatero fue citado como investigado el pasado 19 de mayo por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Su comparecencia estaba prevista inicialmente para el 2 de junio, pero su defensa, encabezada por el abogado Víctor Moreno Catena, solicitó un aplazamiento debido al volumen de documentación de la causa.
Posteriormente, el juez Calama aceptó la petición y trasladó la declaración a los días 17 y 18 de junio. Entre las explicaciones que ofrecerá el expresidente socialista figura el asunto de las joyas localizadas en su despacho, cuya valoración ascendería a cerca de 1,3 millones de euros, cifra muy superior a la estimación inicial que había trascendido.
Precisamente este lunes, Zapatero ha solicitado a la Audiencia Nacional retrasar su declaraciones sobre el origen de ese material.
Sentencia del caso mascarillas
La agenda judicial de la también vendrá marcada previsiblemente por la sentencia en el Tribunal Supremo del caso mascarillas, que mantiene bajo el foco al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien fuera su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.
La investigación trata de esclarecer el presunto cobro de comisiones vinculadas a contratos de material sanitario durante la pandemia, además de otros posibles delitos relacionados con la trama.
El Supremo comunicó el pasado 5 de junio que se aproxima una resolución definitiva. En su auto, la Sala señaló la existencia de una “inmediata sentencia definitiva sobre los hechos objeto de la imputación”, lo que refuerza la idea de que el fallo podría conocerse esta misma semana.
Así lo señaló el Alto Tribunal en un documento donde mantuvo las medidas cautelares sobre Koldo García.
Moncloa pide calma y cierra filas con Zapatero
Mientras todo avanza, desde el Ejecutivo se intenta trasladar un mensaje de normalidad en medio de la presión política y mediática.
Desde Moncloa se insiste en que confían en las explicaciones que pueda ofrecer el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez, subrayan la unidad interna de los socialistas y defienden a Begoña Gómez ante, lo que denuncian, una cazería judicial.
“Yo confío en que las explicaciones que dé el presidente Zapatero van a ser satisfactorias”, ha señalado el ministro de Hacienda, Arcadi España. “Nadie de la ejecutiva federal habría tolerado ningún comportamiento por parte del secretario de Organización (Santos Cerdán) al margen de la legalidad”, señalaba por su parte la actual responsable de este cargo en el PSOE, Rebeca Torró.
PP y Vox elevan el tono contra el Gobierno
Desde la oposición, PP y Vox consideran que se trata de una semana especialmente delicada para el Ejecutivo. Ambos partidos sostienen que las distintas causas judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno forman parte de un mismo contexto y exigen más explicaciones.
“Ya nos hemos acostumbrado a que esta legislatura sean investigaciones judiciales al gobierno y al entorno del presidente”, ha afirmado a los medios la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.
Los 'populares' insisten en que no se trata de un problema judicial aislado, sino de un escenario que exige responsabilidades políticas, mientras que los de Abascal endurecen su discurso.
“El socialismo corrupto se sienta ante los jueces (...) el tiempo de la impunidad se acaba”, ha señalado por su parte el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, en un acto del partido
División entre los socios
Entre los socios, también se perciben posiciones distintas aunque todos coinciden en su malestar a raíz de los casos que poco a poco van saliendo a la luz. Junts ha expresado su preocupación por el impacto de las “posibles resoluciones que puedan dejar la legislatura herida de muerte”, en palabras de su vicepresidente, Josep Rius.
Podemos por su parte insiste en que, lo que se desprende del caso que investiga a Zapatero, “huele muy mal”. Otros socios como ERC han optado por la prudencia y esperan a las explicaciones pertinentes antes de fijar una posición definitiva.
La atención se centra ahora en la intervención de Sánchez en el Congreso este miércoles, donde deberá responder a las preguntas de los grupos en una sesión de control que se prevé especialmente tensa.