La Audiencia Provincial de Almería ha ratificado una condena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público al exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández, por la adjudicación "a dedo" de las obras de renovación del alumbrado del paseo marítimo a dos empresas, por un montante próximo al medio millón de euros.
En una resolución emitida a comienzos de noviembre, el tribunal confirma íntegramente la sentencia del juez del Tribunal de Instancia Sección Penal 1 de Almería por un delito de prevaricación administrativa, al considerar que se llevó a cabo una actuación irregular que vulneró los principios de transparencia y libre concurrencia, además de incumplir el compromiso inicial de acometer los trabajos con recursos propios municipales.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, detalla que, durante su mandato al frente del Ayuntamiento entre octubre de 2007 y junio de 2011, el exregidor socialista adjudicó directamente y "con conocimiento de que actuaba contra el ordenamiento jurídico" las obras de sustitución del alumbrado del Paseo Marítimo.
Dicha actuación, desarrollada "sin seguir procedimiento administrativo alguno", se formalizó mediante una resolución de Alcaldía de 8 de septiembre de 2008, por un importe de 492.182,65 euros, "bajo el presupuesto de que dicha obra sería ejecutada directamente con los medios propios del Ayuntamiento".
Sin embargo, los trabajos acabaron siendo subcontratados, suministrados y ejecutados por las mercantiles Indasa Almería SL e Instalaciones Moreno y Gañid SL, que emitieron facturas por 360.937,23 euros y 134.982,51 euros, respectivamente.
Estos importes se abonaron con cargo al presupuesto municipal "sin ningún tipo de expediente de contratación", imponiéndose así la "voluntad" del entonces alcalde sobre el interés general del Ayuntamiento y sobre los derechos de otros posibles licitadores.
Como consecuencia de estas irregularidades y de la ausencia de la debida justificación formal, la Junta de Andalucía exigió la devolución de la subvención de 295.309 euros más los intereses concedida al Consistorio, lo que supuso un perjuicio económico para las arcas municipales.
La Sección Segunda de la Audiencia desestimó el recurso de apelación presentado por el exalcalde al no apreciar fallos en la valoración de la prueba y entender acreditado, a partir de un informe del secretario municipal, que no se tramitó ningún expediente de contratación para la ejecución de las obras.
El tribunal concluye que, aunque en la resolución de Alcaldía de 8 de septiembre de 2008 el acusado autorizó la obra como si fuera a realizarse con medios propios del Ayuntamiento, en realidad fue subcontratada sin autorización previa ni procedimiento de licitación, eludiendo de forma consciente los mecanismos de control, publicidad, transparencia y libre concurrencia previstos en la ley de contratos del sector público.