El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha dado luz verde a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para acceder a los datos bancarios de Alberto González Amador y de varias sociedades vinculadas a él y a terceras personas, dentro de una pieza separada abierta por un presunto delito de corrupción en los negocios.
Así se recoge en un auto al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado por la “Cadena SER”, en el que el magistrado ordena requerir a distintas entidades financieras los movimientos y saldos que figuren en sus bases de datos a nombre de las personas investigadas.
El juez insta a los bancos a remitir de forma directa y reservada la información solicitada, comprendida entre el 1 de enero de 2014 y la fecha en que se materialice el requerimiento, debiendo entregarla debidamente cumplimentada a la Unidad de Policía Judicial.
En abril, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó un recurso presentado por la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con el que intentaba impedir que la UCO ampliara sus pesquisas sobre la causa a posibles irregularidades distintas de los delitos fiscales y de falsedad documental ya bajo investigación.
El núcleo del procedimiento se centra en la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida en 2020 por una empresa relacionada con González Amador por un importe cercano a los 500.000 euros.
EXAMEN DE LAS CUENTAS
La decisión judicial responde a una solicitud de los investigadores de la Guardia Civil, que reclamaron acceso a información bancaria, tributaria y de la Seguridad Social. El instructor estima prioritario iniciar las diligencias con el análisis de las cuentas corrientes y deja para un momento posterior la posible extensión de las indagaciones a datos fiscales y laborales.
De acuerdo con el auto, las actuaciones practicadas hasta la fecha apuntan de forma “indiciaria y provisional” a la posible existencia de una operación vinculada a la adquisición de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por 500.000 euros.
El juez instructor precisa que se trata de esclarecer si dicha compra pudo tener como verdadera finalidad el pago de una comisión a una persona relacionada con Quirón Prevención, en atención a las relaciones comerciales mantenidas con González Amador.
El magistrado sostiene que la medida es necesaria para reconstruir el origen y la evolución del patrimonio de los investigados y de su entorno, a fin de determinar si se produjo un incremento patrimonial injustificado y si este podría guardar relación con los hechos que se investigan.
Al mismo tiempo, considera proporcionada la intromisión en la esfera financiera privada, al quedar amparada por una investigación penal concreta y acotada.
“La decisión judicial que acuerda esta diligencia no solo ha de ser procesalmente pertinente, sino que debe también insertarse en un marco de tratamiento de datos penalmente legítimo, orientado a fines determinados de investigación, sujeto al deber de colaboración de los destinatarios del requerimiento y constreñido por exigencias de corrección, pertinencia y uso finalista de la información obtenida”, señala.
La pieza separada se abrió para aclarar si determinadas operaciones societarias y mercantiles ligadas a González Amador y a las sociedades Maxwell Cremona y Masterman podrían constituir delitos distintos de los inicialmente objeto de investigación.
Tanto la apertura de esta nueva línea de pesquisas como la intervención de la UCO fueron posteriormente avaladas por órganos judiciales superiores tras los recursos planteados por la defensa.