El Tribunal estadounidense del distrito de Columbia ha abierto la puerta a nuevas medidas de ejecución e incautación de bienes frente al Reino de España por parte de los acreedores de los laudos vinculados al recorte de las energías renovables, extendiendo la autorización de embargos por un importe adicional cercano a los 41 millones de euros.
Esta decisión se enmarca en el denominado Caso InfraRed, uno de los arbitrajes internacionales derivados de la reducción retroactiva de las primas a las renovables. En una resolución fechada el pasado 12 de mayo, la corte autoriza el inicio de procedimientos de ejecución forzosa y el registro de la sentencia en otros distritos federales de Estados Unidos con el objetivo de localizar bienes del Estado español que puedan ser objeto de embargo, según indicaron fuentes de los fondos acreedores.
El litigio está vinculado al arbitraje promovido por InfraRed Environmental Infrastructure, representada en este procedimiento por Blasket Renewable Investments. El tribunal del Ciadi determinó que España había incumplido sus compromisos en virtud del Tratado de la Carta de la Energía y fijó en un primer momento una compensación de 28,2 millones de euros.
No obstante, la prolongación del conflicto, la suma de intereses y las costas procesales han elevado la cantidad reconocida por la justicia estadounidense hasta 47,6 millones de dólares, equivalentes a unos 41 millones de euros.
En su resolución, el juez desestima la solicitud de España para suspender las actuaciones de ejecución y sostiene que mantener bloqueado el cobro “pondría en peligro” las posibilidades de recuperación de los acreedores, especialmente ante la existencia de numerosos laudos pendientes contra el Estado y de un volumen limitado de activos embargables en territorio estadounidense, según las mismas fuentes.
La corte autoriza igualmente que la sentencia pueda inscribirse en otros tribunales federales fuera de Washington D.C., al considerar acreditado que España podría disponer de bienes en diversas jurisdicciones de Estados Unidos.
Del mismo modo, el tribunal ratifica que podrán proseguir las tareas de localización de activos y de obtención de datos financieros sobre propiedades españolas en el país norteamericano.
Entre las iniciativas ya en marcha se incluyen requerimientos a entidades financieras, firmas de abogados y compañías vinculadas con la selección española de fútbol y el Mundial de 2026.
Fuentes de los acreedores subrayaron, además, que el juez recuerda que España no ha adoptado medidas efectivas para abonar el laudo y apunta que, aunque el Gobierno alega que la normativa comunitaria complica dichos pagos, no ha demostrado haber pedido formalmente autorización a la Comisión Europea ni haber activado otras vías para tratar de cumplir con la sentencia.